25 de diciembre de 1956, miles de afectados por la talidomida: “Es una inmoralidad que el Estado no cumpla su palabra y no nos indemnice”

Se cierra este 2022, otro año más, sin zanjar el doloroso problema de las víctimas de talidomida en España, ciudadanos que desde su nacimiento en los años cincuenta sufren las graves consecuencias de un medicamento que generó malformaciones severas permanentes en los nacidos de muchas mujeres españolas a las que se les prescribió  dicho principio para aliviar las patologías derivadas (nauseas, angustias, etc.) de su embarazo.

Según informe AVITE, asociación de afectados por talidomida, cada 25 de diciembre, festividad de Navidad, se recuerda por el nacimiento del primer bebé “oficialmente afectado” en 1956 en Alemania por talidomida, aun a pesar de la existencia probada anterior de bebes afectados.

Se da la circunstancia, en la mayor parte del mundo los afectados han recibido sus indemnizaciones de por vida, salvo en España que pese a existir desde el 2018 un RD Ley con ayudas por valor de 200 millones de euros, no se ha aprobado aún, pese a las insistentes reclamaciones del colectivo.

Ante esta situación, AVITE llevó al Ministerio de Sanidad ante los tribunales por inacción y la Audiencia Nacional en su sala contenciosa en una polémica sentencia de marzo del 2022 desestimó la petición de los afectados de que se cumpliera la ley y se vieran indemnizados por valor de 400 millones de euros.

Desde esta asociación, su abogado, Ignacio Martinez, explica a Economist & jurist que han interpuesto recurso contencioso administrativo al Tribunal Supremo y que en este momento están pendiente de que se admita a trámite la reclamación: “Está claro que no nos quieren pagar ni ahora ni en el futuro”.

Angel Gabilondo, Defensor del Pueblo, reclama a la Secretaria de Estado de Asuntos Sociales el expediente de los talidomícos (Foto: Archivo)

En esta semana, el Defensor del Pueblo actual, Angel Gabilondo, acusaba recibo de una reclamación interpuesta por los afectados de AVITE y contestaba señalando que va a pedir información a la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales para conocer la situación de este colectivo.

En la mayor parte del mundo los afectados han recibido sus indemnizaciones de por vida, salvo en España

Un abogado de Murcia, afectado

De los afectados vivos en España, Salvador Fructuoso, abogado murciano de 68 años, colegiado 1449, es otro de los perjudicados por este fármaco.

Salvador Fructuoso abogado y afectado por la talidomida, ha luchado toda su vida para convertirse en el jurista que es (Foto: Archivo)

Este ciudadano, aun con su discapacidad y siguiendo los consejos de su padre, hizo la carrera de Derecho que concluyó con 22 años.

Desde hace cerca de cincuenta años ejerce en su bufete de abogados propio, como tantos juristas que hay en nuestro país.

Fructuoso, con una discapacidad del 65%, atiende por videollamada a este periodista, tras la gestión que realiza Rafael Basterrechea, vicepresidente de la asociación.

A medida que avanzamos en la conversación su ánimo se enciende porque, como otros muchos españoles, nadie entiende que los  afectados  vivos que hay en España estén sin resarcir.

Hace ya algunos años y a través de la Seguridad Social se hizo el reconocimiento que le consideraba como afectado por la talidomida. Con posterioridad el reconocimiento del Comité Científico del Instituto Carlos III ratificaba su estado de salud y su dolencia.

Grunenthal es una de las farmacéuticas que más factura en nuestro país por el tema de fármacos paliativos contra el dolor

Este jurista comparte totalmente los criterios de AVITE, (avite.org) la  asociación de la que también forma parte “la única solución viable y de urgencia que queda para «zanjar este tema de una vez en España» es la aprobación de un Decreto Ley Urgente, y con ello «cumplir» el carácter de urgencia que hablaba la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y el borrador del Real Decreto de las ayudas preparado desde 2018, que «se resisten a llevar a Consejo de Ministros para aprobarlo».

Para este abogado, esta situación de escurrir el bulto por parte de la administración puede denotar que pudieran existir quizás unos intereses, ya que Grunenthal es una de las farmacéuticas que más factura en nuestro país por el tema de fármacos paliativos contra el dolor.

A su juicio, el Estado tiene unos ingresos muy grandes, por eso no interesa resolver este problema que se ha generado en los últimos años. No podemos olvidar que la industria farmacéutica genera grandes ingresos y su necesidad siempre es estratégica para los Estados, por su importancia en el mantenimiento de la población y del sistema del Estado, en sí.

Desde su punto de vista, “la situación es de una inmoralidad manifiesta que no se haya indemnizado a todos los talidomínicos que aun estamos vivos y que hemos pasado los reconocimientos oficiales”.

En su opinión, “creo que estamos cerca del genocidio administrativo por inacción de la Administración, tratando de que desaparezca la causa de la responsabilidad patrimonial del estado por inexistencia del sujeto beneficiario por causa de muerte biológica.

«Habría que ver si este comportamiento es denunciable a entidades como la ONU, por ejemplo”, comenta el letrado afectado por esta patología.

A su juicio, la evolución de los acontecimientos no puede ser más negativa para este colectivo: “Se han pasado de las promesas y las buenas palabras de todos los partidos políticos al silencio más sepulcral. Ahora es imposible mantener contacto con nadie de la Administración. Lo cual denota el “postureo” de la Administración, ante el problema.

España no indemniza a los afectados

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que entre 1956 y 1962 nacieron más de diez mil niños con malformaciones graves.

La talidomida se presentó como un tranquilizante sin receta, bajo el nombre comercial de ‘Contergan‘, y se vendió como una medicina para combatir el insomnio y las náuseas y mareos en embarazadas, sin los efectos adversos de los barbitúricos. Se convirtió rápidamente en el tranquilizante más vendido en Alemania.

En total, la talidomida se vendió en más de 40 países bajo más de sesenta nombres comerciales diferentes. En España, se distribuyó y comercializó a través de tres laboratorios farmacéuticos autorizados por la Dirección General de Sanidad durante 1959, hasta que el 18 de mayo de 1962 fue prohibida su venta por orden ministerial.

Sin embargo, las investigaciones hechas desde AVITE señalan que el fármaco llegó a España años antes, siendo el primer país de Europa que lo comercializó.

Para Rafael Basterrechea, vicepresidente de la asociación, “nuestra investigación que presentamos al Ministerio de Sanidad subraya que se comercializó la talidomida realmente entre 1950 y 1985, en este año hay una Orden Ministerial que señala que el medicamento estaba en disposición ambulatoria. El reconocido más joven por talidomida es de 1977”, apunta.

De Izda a dcha: José Riquelme, presidente; Rafael Basterrechea, vicepresidente; e Ignacio Martinez, abogado de AVITE, los tres pilares de una asociación que no se rinde en sus reivindicaciones (Foto: AVITE)

“Los afectados españoles se siguen muriendo sin recompensa alguna”, asegura Jose Riquelme, presidente del colectivo y también afectado que nos reconoce que el contacto con la administración es inexistente: “No nos cogen el teléfono y eso que llamamos todas las semanas”.

Riquelme intentó sin éxito, aprovechando la inauguración del AVE de hace unos días que ahora parará en Murcia y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez acudiría junto al rey Felipe de Borbón, buscar una audiencia con el mandatario nacional. La respuesta fue una breve carta donde se indicaba que Sánchez no tenía agenda para quedar con el presidente de esta asociación.

Se estima que hay cerca de 600 afectados vivos, de los que el Instituto Carlos III solo reconoció como tales 127 en 2018

El colectivo, hombres y mujeres que ya rondan los sesenta años, han sufrido toda la vida de estas malformaciones que en algunos casos han ido acompañadas de otras patologías. A lo largo de este año fallecieron cinco afectados por diversas complicaciones de salud.

Desde AVITE, se estima que hay cerca de 600 afectados vivos, de los que el Instituto Carlos III solo reconoció como tales 127 en 2018. Con cada fallecimiento calculan que el Estado se ahorra cerca del millón de euros. En la última Asamblea General de afectados celebrada el pasado mes de mayo en Madrid, el colectivo dejó claro que seguirán hasta el final en sus reivindicaciones

Abogacía y su proyección social

Sobre el mundo de la abogacía, Salvador Fructuoso tiene su opinión: “La llegada de la inteligencia artificial puede hacer que se modifique mucho, será difícil que el abogado que hace su trabajo artesanalmente se mantenga con tanta competencia. La tecnología está cambiando mucho la forma de entender la abogacía”.

El papel de un buen abogado es de armonizar estos intereses que aparecen enfrentados

Respecto a la noticia publicada ya en el BOE que el periodo navideño será inhábil a nivel de juzgados, Fructuoso subraya que “es un cierto alivio, sin duda, pero seguiremos estudiando y revisando los casos desde nuestros despachos. Esta profesión es bastante exigente y requiere horas de estudio. En nuestro país hay exceso normativo”.

Desde esta perspectiva, su visión como abogado “no es tanto la de generar pleitos de forma masiva como si la de resolver conflictos de extremos contrapuestos. El papel de un buen abogado es de armonizar estos intereses que aparecen enfrentados, por tanto, y evitar esa crispación que no beneficia a nadie”. Es difícil, esto cuando el derecho se comercializa”.

A su juicio “esta es una profesión muy vocacional, de corredor de fondo,  pero muy dinámica y estresante”.

En resumen, igual que ha habido “urgencia” para aprobar determinadas medidas, plasmadas en el BOE de 22.12.2022 como Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.

Por el momento, “no hay ninguna “urgencia” en resolver el problema de dotar presupuestariamente a este  Talidomida y sus afectados”.

Para este abogado hecho a sí mismo, “se quiebran muchos principios del Derecho. Demasiados”.