Abogados que luchan por los derechos fundamentales de sus clientes: la otra realidad de una profesión volcada al cliente

Con esta celebración se destaca la notable importancia de los abogados en la defensa jurídica a personas, tramitación de procesos judiciales, administrativos y mediación de negociaciones y conflictos laborales, entre otras competencias.

En un entorno de crisis económica como el que vivimos, el papel de estos profesionales resulta clave para que los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables puedan defender sus derechos fundamentales.

Ser inmigrante en un país, tener derecho a una vivienda digna o reclamar la igualdad salarial en la empresa si haces el mismo trabajo que tu compañero son cuestiones que forman parte de nuestra realidad.

Economist & Jurist ha contactado con tres abogados que trabajan en pro de la defensa de los más vulnerables en situaciones a veces extremas, pero por encima de todo son profesionales especializados volcados en la defensa de sus clientes.

El problema de los desahucios sigue ahí

Desde la población catalana de Martorell, conocida por ser la sede de la poderosa SEAT en España, Dionisio Moreno, el abogado del Caso Aziz que tumbó en Europa la Ley de Ejecución Hipotecaria Española, reconoce que el derecho a una vivienda digna reflejado en el artículo 47 de la Constitución sigue sin cumplirse, sigue sin ser un derecho fundamental.

Dionisio Moreno, abogado del Caso Aziz, y luchador contra los desahucios (Foto: Archivo)

“Con una experiencia de más de 15 años en defensa del derecho a la vivienda, primero frente a las ejecuciones hipotecarias, y desde un tiempo, en los contratos de alquiler social derivados de daciones en pago y celebrados con grandes propietarios, uno ha visto de todo”, comenta.

A su juicio, “en España, la vivienda no se considera un derecho fundamental, aunque todos necesitemos una y su posesión más que una consecuencia del Estado de Bienestar, se convierte en un medidor del nivel de pobreza”.

Este jurista subraya que la Constitución Española “precisa de la vivienda para dar efectividad a otros derechos fundamentales (como la inviolabilidad de domicilio, el derecho a la intimidad o el derecho al sufragio)”.

A su juicio, no obstante, en la Constitución sólo se menciona la “vivienda” como principio rector de la política social y económica en el artículo 47, donde se habla no de la vivienda como sustantivo, sino a las condiciones que debe tener la vivienda, como adjetivo: que los ciudadanos disfruten una que sea sea “digna” (lo que presupone que los ciudadanos tengan una)”.

También aclara que “España forma parte de la Unión Europea y la Constitución reconoce la primacía del derecho comunitario sobre el nacional. Pues si en la UE el derecho a la vivienda es un Derecho Fundamental, reconocido como tal en el artículo 7 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y ratificado por Sentencias del Tribunal De Justicia de la Unión Europea y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en España también debe serlo”.

Moreno recuerda que “todo tiene su proceso. En el Derecho Comunitario la vivienda ha pasado de un bien de consumo necesario, a una necesidad básica del consumidor para acabar siendo un derecho fundamental”.

En su opinión, “en España todavía estamos en la primera consideración, donde el carácter necesario de la vivienda prima para hacer “negocio” con la compraventa de vivienda, con los contratos de préstamo con garantía hipotecaria, con los alquileres”.

Junto a ello, también hay que tener en cuenta los seguros de cobertura de impagos, con las alarmas “antiokupas» en la lucha entre la libertad de precios y la moderación para que todos accedan a una vivienda, donde siempre se da ventaja a aquélla para que al final se ofrecen en venta y alquiler viviendas que para ser accesibles se le priven de toda dignidad y no cumplan ni el artículo 47 nuestra Constitución”.

Dionisio Moreno es contundente cuando indica que “no haría falta modificar la Constitución para reconocer el carácter fundamental del derecho a la vivienda. Basta con aplicar la primacía del derecho comunitario”.

“Sin embargo mientras la vivienda se considere en España un objeto de comercio (más que un derecho fundamental) priman las leyes del mercado, la libertad de precios, la necesidad de financiación por préstamos de la compra (no hay ya alternativas como el pago por letras que vieron nuestros padres) o la libertad de los alquileres en precio y duración del contrato”, advierte.

Los juzgados siguen aplicando la ley sin mirar el derecho comunitario y su primacía y señalando fechas para los desahucios

Este jurista destaca que “la necesidad lleva a quien busca vivienda a pagar lo que se pida, de compra o alquiler, y a asumir compromisos que luego no se pueden cumplir porque las circunstancias de las personas cambian a peor. No hay nada como una crisis para ver la fragilidad del Estado de Bienestar que se pregona”.

En su opinión, “considerar la vivienda como derecho fundamental implicaría interpretar determinadas normas (esencialmente procesales) en el sentido más favorable a la efectividad de ese derecho, y daría lugar a detener desahucios, imponer precios ajustados, ofrecer alquileres sociales y a promover políticas públicas de vivienda para las que no hay dinero (son un gasto ingente) y dejaría de ser negocio cuando la compraventa y el otorgamiento de préstamos son fuente de ingresos por impuestos”.

Este experto denuncia que “al final, el abanico de los desahucios se ha extendido de las ejecuciones hipotecarias a los alquileres (incluso de quienes vienen pagando ya importes muy altos) y solo medidas moratorias como la reciente aprobada por Real Decreto Ley 20/2022 han evitado muchas miserias, aunque cuesta que se cumplan por los grandes tenedores y se impongan por los juzgados. La subida del Euribor no ayuda en nada”.

Moreno recuerda que “mientras tanto, los juzgados siguen aplicando la ley sin mirar el derecho comunitario y su primacía y señalando fechas para los desahucios, y la esperada Ley de Vivienda si no tiene en cuenta la vivienda como derecho fundamental, puede suponer una ocasión perdida”.

Los inmigrantes y sus derechos

Francisco Dorado ha dedicado toda su carrera profesional al complejo mundo de la extranjería y al sector público, trabajando, tras una etapa en el Ministerio de la Seguridad Social como Director General de Inclusión y Atencion Humanitaria, como asesor jurídico del servicio de inmigración del Ayuntamiento de Granada, una cuidad multicultural donde la población inmigrante supera los 25.000 ciudadanos, habiendo otros muchos también en situación irregular que hay también consultan este servicio jurídico.

Francisco Dorado, responsable servicio jurídico extranjeria del Ayuntamiento de Granada (Foto: Archivo)

La cuestión inmigratoria está de actualidad en nuestro país tras los últimos cambios legislativos hechos por el Ministro Escrivá: “Se ha modificado de forma puntual y quirúrgico el Reglamento de Extranjería, el cambio de la ley hubiera sido algo mas radical en el sentido que la Ley de Extranjería es una ley orgánica que necesita de unos consensos políticos que ahora no existen”.

Para este jurista, “esta reforma del reglamento la valoramos positivamente, abre en cierta forma al mercado de trabajo a algunas personas que están en situación irregular, no solo para que están tres años en España, sino aquéllos que llevan dos y muestran un propósito de formarse. Este cambio normativo ya se ha hecho en Alemania y otros países de nuestro entorno y creo que puede tener un efecto positivo”.

A juicio de ese experto, “trabajar como abogado extranjería ofrece un esfuerzo importante a los profesionales que quieran dedicarse a ello. He sido durante muchos años profesor del Master de inmigración en la Universidad de Granada durante muchos años y siempre se lo comentamos a los alumnos de extranjería, que además de formarse en esta materia deben contar con un enfoque transversal formativo, en cuestiones como derecho administrativo, laboral, civil o incluso derecho penal”.

Al final, “hay que darse cuenta que de lo que se trata es de dar respuesta a las necesidades de estas personas que llegan a nuestro país, desde este tipo de asesoramiento jurídico que en muchos casos es transversal”.

Sobre el reconocimiento social de estos profesionales, Dorado aclara que en un entorno multicultural cada vez es más importante. A su juicio, lo peor es cuando se politiza este tipo de asuntos: “Por mi experiencia en el sector publico hemos trabajado en la defensa de los ciudadanos y observamos que la práctica cada ve tiene mayor reconocimiento. La sociedad en general valora nuestro trabajo de forma notable. Creo que estamos haciendo una labor inclusiva y decente”.

Desde su visión global como experto en estos temas “es evidente que muchos compañeros y compañeras que trabajan en esta practica asesorando a los inmigrantes que llegan a nuestro país se dejan la piel en ello. El tema migratorio es uno de los asuntos de la agenda política y se presta a mucha manipulación por distintos grupos de presión”.

En este contexto, proliferan muchos boutiques legales de tamaño reducido que dan este servicio de asesoramiento al inmigrante: “En nuestro caso solemos tener contacto con las grandes firmas que nos hacen algunas consultas. Eso significa que tienen la necesidad aunque no sea un área de negocio especifica en esos despachos. Esta es una tendencia que va en ascenso porque si hablamos de extranjería hay que hacerlo de inversiones extranjeras y asesoramiento a directivos”.

En su opinión, “la transversalidad de las cuestiones de extranjería supone que los abogados especializados en esta área atiendan a una realidad que es a extranjería desde puntos de vista diversos que van desde la nacionalización al profesional que quiere invertir su dinero en España, entre otras cuestiones”.

A medio plazo da la sensación que los cambios normativos va a impulsar la llegada de inmigrantes, algunos de ellos cualificados para cubrir determinados puestos de trabajo “de forma paralela habrá que ver como impacta en el sector legal y si realmente se produce un incremento de letrados dedicados a esta actividad. Habrá que verlo en el futuro”.

De hecho, la recién aprobada Ley de Startups hace un guiño a la llegada de profesionales cualificados de otros países al reducirse la burocracia para su integración en el ecosistema emprendedor: “Creo que el Ministro Escrivá ha advertido que hay necesidades del mercado laboral español que no se van a cubrir, de ahí el recurrir a los ciudadanos de otros países que llegan a España”.

En este contexto, la burocracia para llegar a un país como el nuestro y asentarse como trabajador se va reduciendo: “Para que hubiera un cambio visible mas profundo habría que modificar las leyes de procedimiento administrativo para la ciudadanía en general. Hay avances con medidas como la declaración responsable y otros similares que proceden de la UE pero hay que mejorar esa desburocratización. Todavía se puede mejorar mucho”.

Defender derechos fundamentales en el trabajo

Fe Quiñones lleva en Javaloyes Legal casi once años, desde que dejó su propio despacho. Siempre se ha especializado  en el derecho del trabajo donde ahora junto a los temas tradicionales de las relaciones laborales está tratando asuntos relacionados con violación de derechos fundamentales, tanto a nivel retributivo como discriminación por sexo.

Fe Quiñones, abogada laboralista experta en reclamaciones de discriminación laboral y derechos fundamentales (Foto: Archivo)

Desde su punto de vista, “la mujer sufre una doble discriminación, una más general en la sociedad y, fruto de esta, también la padece en su entorno laboral. De hecho recientemente hemos ganado una sentencia en e TSJ de Madrid de una ingeniera superior que en la constructora que trabaja aun ganaba 13.000 euros que su compañero varón ingeniero técnico».

La sentencia de gran calado mediático que esta jurista cree que acabará en el Tribunal Supremo “deja claro que la discriminación salarial existe en las empresas, ahora mas clara porque están obligadas a contar con un registro retributivo que pueda consultarse por los propios trabajadores. En este caso nuestra representada comprobó que ganaba menos que su compañero haciendo casi lo mismo y nos pido demandar a la empresa”.

Este fallo judicial condenó a la empresa por violación de derechos fundamentales “y al mismo tiempo pedimos que fuera retribuida que su compañero varón. Es el primer fallo a nivel individual donde se deja claro que una mujer realizando un trabajo de igual valor debe ganar lo mismo que un hombre. Ahora las empresas deben hacer auditorias retributivas como obligación legal para frenar esa discriminación salarial”.

Para esta jurista, “la discriminación salarial es algo que está latente y que ahora con el registro retributivo sale a la luz. Es una discriminación real que afecta a tus bases de cotización, a tu jubilación y a los derechos del trabajador. Es otro paso de que las mujeres debe ganar lo mismo que el hombre. Ahora muchos sindicatos esgrimen esta sentencia en conflictos similares en algunas compañías”.

Nuestra interlocutora coincide en los planteamientos de María Luisa Segoviano, ahora en el Tribunal Constitucional pero antaño presidente de la Sala Social del Supremo que indicaba que la discriminación en las empresas está en los complementos salariales: “Hay que revisar las nóminas para ver los complementos que paga la empresa y porqué los abona de esta manera. Esta el conflicto entre la libertad de la empresa de pagar por encima de convenio a sus trabajadores, pero a veces se paga menos a una mujer que un hombre».

Esta abogada laboralista reconoce una parte cada vez más importante de su trabajo tiene que ver con la violación de los derechos fundamentales en el entorno del trabajo: “Hay que estudiar bien esta problemática y su normativa para abordar los asuntos casi siempre complejos que te llegan. Luego cuando interpones la demanda hay que cuidar su presentación, así como el juicio posterior donde es clave la carga de la prueba”.

Sobre estas violaciones de derechos fundamentales, Quiñones advierte que generan daños morales y pueden afectar personal y anímicamente al propio trabajador: “Como temas claves hay que señalar la llamada  garantía de indemnidad, cuando demandas a tu empresa reclamando cualquier derecho, la empresa suele generar represalias que pueden llegar al despido. En muchas compañías no tienen asumido que no puede ir contra el trabajador”.

Junto a ello diferentes discriminaciones que hay en la empresa “ahora un tema que seguramente acabe en el Supremo, para aclarar esa doctrina, es el de las familias monoparentales. Es el derecho que tienen mujeres que viven solas a cobrar la prestación por maternidad y por paternidad si tienen un hijo por su cuenta. Ahí el problema es la Seguridad Social que lo recurre todo y los pleitos contra esta entidad crecen progresivamente”.

Desde su punto de vista, “con la nueva normativa aprobada y que trabajadores y trabajadoras están mejor informados hay mas conciencia de reclamar y de perder el miedo a las represalias de las empresas para proteger los derechos laborales de cada uno. Estado dentro de la empresa no es sencillo reclamar porque como antes le dije puede haber represalias. En nuestro caso, buscamos conciliar siempre que podemos y evitar la vía judicial, reservada para los asuntos más espinosos”.