Ana Gómez: “La interinidad del Gobierno evita modificar algunas leyes que generan problemas a empresas y abogados laboralistas”

Desde su perspectiva de presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) y socia de Ceca Magán Abogados, Ana Gómez es una voz autorizada para explicar a las empresas y expertos en derecho del trabajo las vicisitudes que se avecinan en los próximos meses: “Necesitamos reformas a determinadas leyes que generan problemas, pero la falta de un Gobierno Estable impide estos cambios normativos”.

Sobre la falta de dicho Gobierno, esta jurista aclara que “mientras no se constituya, no hay actividad legislativa, por tanto no se puede tocar ni una coma de una norma, y hay disposiciones que requieren modificaciones importantes, lo que puede hacer que por el momento se perpetúe una situación no deseada por la economía y por el empleo”.

Algunas de estas cuestiones serán abordadas en el XXIII Congreso Nacional que celebrará ASNALA del 26 al 28 de octubre en Santiago de Compostela (Galicia), donde se abordarán cuestiones del compliance laboral, de la problemática actual de los ERES y ERTES, así como del debate abierto sobre la necesidad o no de incrementar las indemnizaciones por despido, y de la nueva figura de la audiencia previa en los despidos introducida por algunos tribunales.

Gómez asegura que las empresas afrontan el último cuatrimestre con preocupación ante determinadas cuestiones. “En materia de igualdad hay dos problemas importantes, uno tiene que ver con las dificultades que hay para registrar los planes, porque hay muchos obstáculos sino están negociados. Los tribunales ya han señalado que si no se pueden negociar porque los sindicatos no acuden, las empresas pueden hacer sus planes e incluso registrarlos”.

Sin embargo, esta jurista revela que “el Ministerio de Trabajo está en contra de esta medida y deniega esos registros. Nos encontramos con empresas que no pueden registrar su planes y la consecuencia es que esas empresas no pueden hacer contratos con la Administración pública porque lo prohíbe la ley, al igual que cogerse las bonificaciones a la Seguridad Social. Es un tema serio”.

Asimismo señala que “hay una situación de bloqueo donde los tribunales dicen una cosa y el Ministerio dice otra. Sabemos que se ha dado un toque de atención a los sindicatos porque no estaban atendiendo las demandas de las empresas para negociar los planes de igualdad. Ahora los sindicatos lo que plantean es que les llamen dentro de un año. Eso genera una situación peor que la que antes”.

Para Gomez, “la solución que habían dado los tribunales era más útil, pero en este contexto se interpreta que como responden que actuarán dentro de un año, no se puede hacer nada por el momento. Esta es una situación que hay que arreglar por lo insólita que es”.

En el plano de conciliación esta experta señala que “el Real Decreto Ley 5/2023, en vigor desde el 30 de junio, ha modificado los permisos. Aquí se ha creado un lio importante. Por su lado se ha separado el permiso de fallecimiento del permiso por hospitalización de familiar que antes estaba junto. Antes la ley te daba dos días por ambas circunstancias y si tenías que hacer un desplazamiento daba dos más”.

Sin embargo, esta experta indica que “como la reforma acometida ha separado el permiso de fallecimiento del de hospitalización por otro, nos encontramos que los días adicionales que te daban por el desplazamiento ya solo lo recoge el supuesto de fallecimiento. Eso hace que muchos convenios colectivos siguen con una regulación anterior a la reforma, y cuando llega ahora la petición de un trabajador por hospitalización de un familiar, va al Real Decreto Ley y consigue cinco días hábiles. La regulación es defectuosa, no se ha hecho bien si hay un desplazamiento”.

En esta tesitura “las empresas lo que están haciendo es que por una aplicación analógica que pasó con el nacimiento de hijo donde se reformó la ley, los tribunales señalaron que los convenios estaban adaptados a la nueva normativa ya deban de tener esa aplicación. USO ha elevado consulta al Gobierno porque creen que se ha equivocado en la redacción. Los permisos dan mucha problemática a las empresas”.

Los planes de igualdad y su registro están generando problemas en las empresas (Foto: E&J)

Problemas con el permiso parental

Al mismo tiempo la presidente de ASNALA indica que “otro cajón de problemas es el que provoca el nuevo permiso parental de ocho semanas no remunerado. La ley señala que debe tener un desarrollo reglamentario. El problema que existe es que no se sabe si se cotiza o no por este permiso. Los trabajadores lo han pedido mucho en verano. El propio artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores habla de la suspensión como una excedencia. Las empresas no cotizan, dan de baja a los trabajadores mientras dura el permiso y luego le dan de alta”.

A juicio de esta jurista “esta medida no está gustando ni a sindicatos ni a trabajadores, y hay un vacío normativo porque la norma tampoco se redactó bien, como en otras normas laborales en vigor”.

Otra cuestión problemática que explica esta abogada es el impacto de la inflación en los salarios.  Afirma que “es un verdadero problema porque ha sido tan destacada la variación de la inflación que hay empresas que no pueden asumir la revisión de esos salarios conforme a la variación del IPC”.

Esta experta pone de ejemplo la situación de las empresas químicas: “La subida que tienen para el año que viene es de un 14 por ciento que no pueden asumir. Recibimos muchas consultas y preocupación de esas empresas para conocer qué días hay para inaplicar la obligación que tiene por convenio colectivo de revisar los salarios por la inflación. Esa figura se llama descuelgue salarial como figura existente”.

Derivada de esta cuestión Ana Gómez subraya que en el último Acuerdo de Negociación Colectiva firmado por sindicatos y la patronal le han pedido al Gobierno que cambie la ley de desindexación. Una ley que prohíbe a las administraciones publicas modificar el precio de sus contratos si varia la inflación. “Hay muchas subcontratas que viven de los contratos públicos que están muy agobiadas por este tema. Se esta presionando desde los sindicatos y patronal para que cambie esta ley y alivie a las empresas subcontratistas”.

En cuanto al teletrabajo y su implantación, la presidenta de ASNALA revela que “es un cúmulo de desdichas ante una ley que no es perfecta. Así en el capítulo de la reversión al modelo tradicional de trabajo, lo que quieren es que los trabajadores vuelvan frente a la postura de éstos de mantenerse algunos días. Los tribunales señalan que la reversión se tiene que negociar pero las empresas quieren que vuelvan y no estén cien por cien. La problemática está abierta”.

Los juzgados de lo social están ayudando a resolver los claros oscuros de distintas normativas (Foto: E&J)

“Compliance” y carga de obligaciones

Respecto a la materia de compliance “hay una carga sobre las empresas en estos momentos que si el Gobierno nuevo que sale va en esa misma línea, seguramente vaya acrecentándose el número de obligaciones que tienen las empresas, que lo único que hacen es frenar la inversión. Así lo explico el socio de Garrigues, Federico Durán, en un evento organizado por ASNALA donde explicó las numerosas obligaciones laborales que acometen las empresas”:

La jurista también recuerda las distintas obligaciones que deben afrontar las empresas. “Ahora este año hay que poner en marcha los planes de diversidad de género. Son muchas obligaciones, como la última reciente introducida el pasado 13 de julio de deber de comunicar con seis meses de antelación al Ministerio de Trabajo y a los sindicatos más representativos en un ERE si se cierra un centro de trabajo con más de cincuenta de trabajadores”.

Para esta jurista “esta comunicación genera un problema reputacional importante porque puede dar la sensación que la empresa tiene problemas económicos. El problema es que te puedes jugar la nulidad del ERE si no lo haces y ese preaviso puede generar problemas de motivación en los trabajadores de esa empresa, y puede haber problemas de pago de nóminas. Ese escenario de seis meses es muy largo”.

Desde su punto de vista “esta medida que se metió en una disposición final del mecanismo RED y que se ha puesto en marcha para gestionar mejor los ERTES se introdujo y ya está en vigor. Esta es una norma que va generar muchos problemas”.

Al mismo tiempo subraya que está relacionado con los despidos: “Existe la gran incertidumbre sobre el futuro del sistema de indemnización al que no tenemos acostumbrados de una manera tradicional. Al parecer se espera para finales de año la resolución de Europa a la reclamación que plantearon Comisiones Obreras y UGT contra el Estado español. Si se mantiene, el Gobierno actual parece que tomará medidas y cambiará la ley y las indemnizaciones por despidos”.

La Vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Diaz, está dispuesta a subir las indemnizaciones por despido en el futuro (Foto: E&J)

Debate sobre indemnizaciones por despido

Sobre esta situación, Ana Gómez subraya que “esa cuestión nos va a tener en vilo. Las empresas están preocupadas porque esta cuestión genera una incertidumbre muy alta porque supondría modificar la cuantía del despido. Por el momento los tribunales han empezado a ofrecer la llamada indemnización resarcitoria. Es otro tema polémico que habrá que seguir de cerca”.

De forma paralela a estas indemnizaciones “se pone sobre la mesa la audiencia previa al despido, que está vinculada al despido. Es un requisito que los tribunales han empezado a exigir pero no esta en nuestra tradición. Otra incógnita e incertidumbre para los próximos meses. Como puede verse ante la carencia de algunas normas son los tribunales de justicia los que resuelven esas luces y sombras de dicha legislación defectuosamente hecha”.

Al mismo tiempo esta jurista recuerda la necesidad de cumplir los Convenios de la OIT “que son normas de convenios internacionales que estamos obligados y están introducidos en nuestro ordenamiento. En la actualidad hay muchas incógnitas, cuando una empresa necesita saber cuanto le va a costar la mano de obra pare invertir o contratar no tiene mucha información realmente sobre qué es lo que tiene que hacer”.

Por el momento, a lo largo de este año el empleo ha aguantado la recesión existente y los costes derivados de la inflación y estas obligaciones. “El problema es que toda la cuestión de la investidura de un nuevo Gobierno se alarga y es posible que genere una contención en la contratación hasta que realmente se tenga un Gobierno estable. Son meses de parón. Se necesita que se forme Gobierno y que afronte la problemática existente descrita. Hay que corregir muchas cosas”.