Carlos Zabala: “Las primeras 48 horas son claves en el desenlace de cualquier asunto penal económico”

Después de más de seis años al frente del área penal y económica de Clifford Chance en España, Carlos Zabala regresa a su propia boutique, Estudio Jurídico Zabala, para seguir siendo un puntal de nuestro derecho penal, siguiendo la estela de otros profesionales del sector.

“Vuelvo con el ánimo renovado a la defensa penal, pura y dura, para seguir la estela de los grandes penalistas como José María Stampa o Miguel Bajo, quienes marcaron un hito en nuestro derecho”, señala este penalista que ha llevado a lo largo de su carrera distintos asuntos mediáticos como el accidente de Spanair, las tarjetas black, las operaciones Púnica o Lezo, o la trama Gürtel.

La idea de Zabala es formar parte de aquellas boutiques de penal que arrancaron en los años novena y a día de hoy siguen en marcha. Es el caso del bufete González Franco, que llevó la defensa de Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, en las derivaciones del caso Neymar.

Otros ejemplos son los de Martell Abogados, también en Barcelona, abogados de los Pujol; Choclán Montalvo, abogados de la trama Gürtel y de Rita Barberá; Miguel Bajo, en caso Bárcenas; Molins Silva, que intervino en la defensa del caso Nóos y más reciente Alfonso Trallero, discípulo de Bajo; y Morales Abogados bajo la dirección de Fermín Morales, catedrático de Derecho Penal, y Oscar Morales, ex socio responsable de Uria Menéndez, en Barcelona.

La salida acordada se debe a los conflictos de intereses que obstaculizaron su ejercicio en la firma inglesa, impidiéndole aceptar algunos asuntos o clientes, por su colisión con otros departamentos y especialidades. “Ahora me voy a dedicar realmente a lo que me gusta, el derecho penal económico”, afirma.

También reconoce que el proyecto culminado recientemente en Clifford Chance era algo muy concreto que buscaba ese despacho en ese momento a nivel internacional. “Hicimos la defensa de Airbus en cuatro países a la vez; la defensa de otros clientes multinacionales a los que dábamos soporte en distintos países. Eso es algo que se pudo dar gracias a la red internacional de despachos de esta firma global”.

Estudio Jurídico Zabala también ofrecerá asesoría procesal como acusación y defensa, así como derecho penal preventivo o reactivo a través de la realización de investigaciones internas, en asuntos de estafa, apropiación indebida o de gestión de deslealtad, sobre todo. “La idea es desarrollar una estructura legal muy especializada donde podamos atender a clientes en aquellas cuestiones legales que les surjan. Se trata de llevar ciertos temas muy específicos en esta área de especialización”, destaca.

Zabala atiende a Economist & Jurist y recuerda que fue el contacto con el que fue su profesor en la universidad, el catedrático de derecho penal y abogado Manuel Cobo del Rosal —uno de los referentes de esta práctica y con el que luego dio sus primeros pasos profesionales— quien le abrió camino en el mundo del derecho penal. “En aquel momento llevábamos toda la acusación de Javier de la Rosa por el tema del KIO y al mismo tiempo la defensa de Rafael Vera por los GAL”, rememora.

Juzgados de lo Penal (Imagen: E&J)

Recuperar el derecho penal de antaño

En estos últimos veinte años aclara que el concepto de derecho penal económico ha evolucionado de forma notable. “Cuando entré a trabajar con Cobo del Rosal la forma de trabajar era distinta, ahora se mandan pequeños dictámenes todos los días a las empresas que te los demandan. La realidad empresarial ha cambiado y el derecho penal está llegando a zonas donde antes era impensable que llegara”, explica.

En este contexto, “el derecho preventivo se ha convertido en una de las claves en todos estos asuntos. Así han surgido los programas de compliance que marca la ley para minimizar los riesgos. Las primeras 48 horas en las que la empresa se entera que tiene un problema de este tipo son esenciales«, añade.

Según él hay que actuar con rapidez para evitar cualquier problema. Ante ello presenta varios ejemplos «como es el del caso de IVECO en el que la empresa no reaccionó bien y generó el suicidio de una trabajadora; o el de Dani Alves, donde queda claro que no ha tenido en los primeros momentos un asesoramiento jurídico penal adecuado”.

También subraya que hay que conocer bien la normativa penal y los plazos de las instrucciones. “Una instrucción fuera de los plazos que marca la ley puede llegar a anular todo el procedimiento, con lo cual hay que andarse con cuidado. Los abogados ya no sabemos de todo y se ha tendido a la especialización ante el crecimiento de la legislación en todas las jurisdicciones que es difícil de seguir si no te especializas”, apunta.

Sobre su paso por despachos como Clifford Chance, Ramón y Cajal Abogados y Gómez-Acebo & Pombo, reconoce que le quedan como enseñanzas “el entender la cultura de estas firmas jurídicas. Son bastante diferentes uno del otro. Un despacho global internacional como Clifford Chance es muy distinto a cualquiera de los otros dos españoles. Tienen distintas maneras de hacer las cosas”, aclara.

A nuestro interlocutor no se le escapa que “el mercado legal español es uno de los más competidos del mundo. Hay muchas firmas con más de 50 abogados, circunstancia que no es habitual en países de nuestro entorno. En Nueva York no hay mas de veinte despachos con más de cien abogados. Es previsible que en los próximos cinco años haya una reestructuración de la abogacía de los negocios en nuestro país”.

Corrupción y derecho penal de la mano

En este escenario, el desarrollo del derecho penal parece ser diferente al de otras prácticas. “No se ha notado cambio en materia de honorarios. Hay que darse cuenta que hablamos de la libertad de las personas físicas en muchos casos, empresarios o administradores, que realmente no tiene precio. Se busca por encima de todo al especialista de derecho penal del que se sabe por su trayectoria que puede resolver ese asunto, por encima de que esté o no en una gran despacho de abogados”.

Carlos Zabala apela a la confianza “en esa relación que se establece entre el penalista y su cliente. Al final se busca ese profesional del que nos han dado referencias y con el que se establece dicha relación de confianza al más alto nivel, en muchos casos si no se logra dicha relación es posible que ese asunto no llegue a buen puerto».

El crecimiento de la delincuencia económica es exponencial. Eso hace que las empresas recurran a los especialistas en esta materia. (Imagen: E&J)

Al mismo tiempo, es consciente de que el fenómeno de la delincuencia económica ha crecido notablemente en los últimos años en nuestro país. «Lo que antes pasaba casi desapercibido en los medios, ahora abre telediarios o primeras páginas de diario de gran tirada. Expertos como Klaus Tiedeman o Miguel Bajo ya advertían a finales de los años sesenta que la delincuencia económica era un problema político», argumenta.

Desde su punto de vista, “la delincuencia económica —a medida que los políticos criminalizan determinadas conductas— nos damos cuenta que es muy difícil evadirse o pensar que no va a existir cuando hablas de empresas y de determinados negocios en las que algunas prácticas acaban en un juzgado de instrucción, no es solo accidentes laborales o cuestiones más graves y que afectan a muchas personas”.

Para este jurista, “este es el principal problema que cualquier fraude masivo afecta a muchas personas, pueden perder su casa y vivienda. Por desgracia la presencia en primer plano del derecho penal en los medios de comunicación está aquí para quedarse, no creo que vaya a bajar. Es evidente que los controles internos de las organizaciones fallan”.

Otra cuestión a la que hace referencia es a la lentitud de la justicia penal. «Se tarda tanto tiempo en condenar a una persona, que puede distorsionarse ese asunto al final. El fraude del caso Banesto, el de Argentia Trust estuvo valorado en tres millones de euros. Todas estas cuestiones evolucionan y estos fraudas van generando más problemas de los que nos imaginamos”, protesta.

Sobre dicha lentitud recuerda que el CGPJ “deja claro que para tener una sentencia firme en el orden penal se tarde una media de siete años. Eso provoca que cualquier inversión internacional de un fondo al que le dices que hay que meter una querella para recuperar ese dinero perdido o estafado, no lo haga y acuda mejor a la vía arbitral que tiene reflejada en su contrato con la otra empresa para resolverlo en ocho meses”.

A su juicio, “esta lentitud es el mayor problema de la justicia penal en nuestro país. Cuando acabemos con eso funcionaremos de forma diferente. Es cierto que los macrosumarios van lentos y hay que aceptar que se desarrollen de esta manera por la multitud de partes implicadas en el asunto, lo que hace que las instrucciones sean largas, pero hay cuestiones que en los juzgados de Plaza Castilla se pasan en instrucción tres años y eso podría haber tardado ocho meses”.

Al final advierte que “ese retraso perjudica al juzgado, a los abogados y al justiciable, que se encuentra al mismo tiempo con el juicio paralelo que hacen los medios de comunicación sobre su posible culpabilidad. Cobo del Rosal defendía suspender la instrucción del procedimiento hasta que bajara esa espuma mediática para que esos asuntos no tuvieran influencias externas. Ahora el caso Cursach en Palma de Mallorca, tras ocho años, absuelven a todos y condenan al juez y al fiscal de ese asunto”.