Daniel Toscani: “El sistema de pensiones dejará de ser viable, deberá financiarse en parte por impuestos”

El desarrollo tecnológico y científico ha permitido lograr avances muy significativos en el ámbito sanitario, alargando la esperanza de vida de los españoles, sin embargo, existen otros factores que han colocado a la demografía española en una verdadera encrucijada. En la actualidad España se enfrenta a varios desafíos, como un envejecimiento de la población, una baja tasa de natalidad y la emigración de los jóvenes en busca de mejores oportunidades laborales en el extranjero.

Esto un supone un grave problema futuro. Por un lado, el envejecimiento de la población presiona los sistemas de pensiones y de atención médica, además de afectar la dinámica económica. Por otro lado, la baja tasa de natalidad también impacta negativamente en la fuerza laboral y en la sostenibilidad a largo plazo de la economía. Mientras que la emigración de los jóvenes, no solo contribuye a la pérdida de talento, también disminuye la población activa en el país, lo que tiene consecuencias sociales y económicas a medida que España se enfrenta a la disminución de la población y a la falta de jóvenes que sostengan los servicios.

En este punto, surge la gran cuestión de cómo va a ser posible mantener el sistema de pensiones actual en nuestro país dentro de unos años. Economist & Jurist ha podido hablar con el experto en laboral Daniel Toscani Giménez, profesor titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, y of counsel laboral de Alentta Abogados, quien ha realizado un análisis de la financiación vía reparto, así como de la situación actual y de las posibles soluciones en su obra La viabilidad del sistema público de pensiones.

Daniel Toscani asegura que el problema es que con forme se vaya jubilando la generación del “Baby Boom”, habrá más pensionistas: «Para que el sistema fuera viable sólo con las cotizaciones, harán falta 32 millones de trabajadores cotizando para financiar el sistema». (Imagen: Archivo)

Economist & Jurist (E&J). – ¿Cómo nace la idea de su libro Viabilidad del sistema de pensiones?

Daniel Toscani (D.T.). –  Tras años explicando el tema de Seguridad Social en clase e investigando específicamente sobre el tema del sistema de pensiones, he podido apreciar como el problema del alargamiento de la esperanza de vida, junto a otros factores como el aumento general de la cuantía de las pensiones, la reducción de los salarios, el aumento de pensionistas frente a nuevos trabajadores, hacían que cada vez era más difícil que el sistema de pensiones fuera autosuficiente, sólo con las cotizaciones de trabajadores y empresarios.

Además, he podido estudiar los sistemas de otros países, todo lo cual me han planteado muchas incógnitas, que he tratado de esclarecer a través de mi monografía.

E&J. – El sistema de pensiones actual, tal y como está planteado, y teniendo en cuenta las circunstancias demográficas que caracterizan a la población española, como es la pirámide poblacional invertida, ¿es viable?

D.T. – En efecto, en un sistema de reparto, la variable determinante desde el punto de vista de la viabilidad financiera del sistema es la relación cotizantes/pensionistas.

En el origen del problema se encuentra el envejecimiento de la población. El envejecimiento, bajo la hipótesis de economía cerrada, afecta al sistema tanto por el lado del gasto, como del ingreso.

Los sistemas de seguridad social, a legislación constante, deberán suministrar pensiones a un número mayor de beneficiarios durante un tiempo medio superior al que se ha conocido en los pasados años. Cuando haya 15 millones de pensionistas, harán falta 32 millones de trabajadores cotizando para financiar el sistema. El sistema dejará de ser viable exclusivamente con las cotizaciones de los trabajadores y empresas, y deberá pasar a financiarse en parte por impuestos.

E&J. – ¿En que año o generación cree que dejará de ser viable el sistema de pensiones? Es decir, ¿hasta que año la sociedad española podrá permitir pagar a los pensionistas?

D.T. – Lo que dejará de ser viable es la financiación exclusivamente a través de las cuotas sobre todo cuando se jubile la generación “Baby Boom”, previsiblemente a partir del año 2024, hasta el año 2045, más o menos.

Lo que hará, si no queremos aumentar más todavía las cotizaciones o reducir las pensiones, que no haya más remedio que pasar a financiar parte del coste en pensiones a través de impuestos, al menos hasta que pase la jubilación de la generación “Baby Boom” y se vuelva a estabilizar el coeficiente entre el número de pensionistas y el número de trabajadores.

E&J. – Es evidente que las nuevas generaciones atrasan todo lo posible no solo la emancipación del hogar familiar, sino también la decisión de tener hijos, e incluso hay quienes optan por directamente no tenerlos, una determinación que sin duda afecta y afectará en el futuro al sistema de pensiones. ¿Cuáles son los principales motivos en los que estas generaciones respaldan su decisión? ¿Es el salario uno de ellos? ¿Qué facilidades o ayudas se deberían estimular?

D.T. – La incorporación cada vez más tarde al mercado laboral, la insuficiente cuantía de los salarios al principio de incorporarse al mercado laboral, junto al coste de la adquisición de una vivienda o el alquiler de la misma, hace simplemente inviable la emancipación de nuestros jóvenes.

Es necesario crear más viviendas de protección oficial, tanto en propiedad como en alquiler a precios razonables, junto con el aumento progresivo de los salarios, para que nuestros jóvenes se puedan emancipar.

E&J. – En esta encrucijada social de la población española, ¿cuál es el papel de los extranjeros en nuestro país?

D.T. – Las bajas tasas de natalidad, por su parte, frenan el crecimiento de la oferta futura de mano de obra y, como corolario, el ritmo de crecimiento de los ingresos que el sistema obtiene a través de las cotizaciones. Así, a partir de 1976, cuando desaparece el llamado efecto “baby-boom” y se comienza una senda demográfica de regreso a la normalidad, las cifras de nacimientos han venido reduciéndose con escasos y débiles apuntes de una inflexión en la tendencia que no acabó de llegar.

En efecto, el índice de fertilidad fue decayendo al compás de los nacimientos, sin embargo, en 1999 tuvo lugar ese cambio que modificó a su vez al alza la tasa de fertilidad, que muy lentamente, de modo casi imperceptible aunque real, comenzó una prometedora remontada. De un índice de fecundidad (media de hijos por mujer) de 1,15 en 2000, paso a paso, se ha llegado a otra de 1,29 en 2007 y 1,35 en 2012. Sin embargo, en la actualidad ha vuelto a bajar a 1,33. Hasta el punto que por vez primera, se mueren más personas que las que nacen.

En cualquier caso, como esta variable es de comportamiento lento a lo largo del tiempo, no cabe esperar que la aportación de brazos que mantenga o incremente la relación cotizantes/pensionistas provenga de la natalidad de los residentes en nuestro país. Por consiguiente, el sistema de pensiones contributivas pasa a depender crucialmente de la variable inmigración que, en consecuencia, juega un papel determinante en las proyecciones del sistema.

Sin duda, un mayor aporte de trabajadores procedentes de la inmigración mantendrá la tasa de dependencia y la relación afiliados/pensionistas en niveles de viabilidad financiera del Sistema. En ese caso el problema no sería demográfico, sino económico. Si la economía española es capaz de seguir creando empleo y, por ende, actuar como importante magneto de atracción de trabajadores extranjeros.

Asimismo, se ha criticado que el aumento de inmigración, aun cuando aumente las cotizaciones a corto plazo, también es negativo a largo plazo, al aumentar el coste en pensiones y gasto social. Sin embargo, esta nota no es exclusiva de la inmigración, sino que es predicable a cualquier aumento de cotizantes en un sistema de reparto, pertenezcan al colectivo que pertenezcan, mujeres o jóvenes que empiezan a trabajar. Todos ellos también cotizan ahora y mantienen el sistema, pero mañana requerirán de más cotizantes para pagarles a ellos sus pensiones.

Daniel Toscani, profesor derecho del Trabajo de Universidad de Valencia. (Imagen: E&J)

E&J. – El cociente entre afiliados y pensionistas, o lo que es lo mismo, el número trabajadores que mantienen a un pensionista va variando a lo largo del tiempo. El coeficiente actual se sitúa en 2,1. ¿Cuál es la variación estimada de dicho coeficiente en un futuro a corto plazo?

D.T. – El cociente afiliados/pensionistas, o lo que es lo mismo, cuántos trabajadores mantienen a un pensionista, ha sufrido diversos avatares. En 1988 era 2,33, en 1996 alcanzaba su valor más bajo en 2,06, y en julio de 2006 había escalado hasta un 2,65. La afiliación de extranjeros era, obviamente, la responsable de ese alivio. Sin embargo, con la crisis, la destrucción de empleo y la reducción de trabajadores inmigrantes el coeficiente se ha llegado a situar por debajo de 2.

En la actualidad hay unos 10.000.000 de pensionistas y unos 21.000.000 cotizantes, lo que sitúa el coeficiente actual en un raspado 2,1. El problema es que con forme se vaya jubilando la generación del “Baby Boom”, va a llegar a haber 15 millones de pensionistas. Para que el sistema fuera viable sólo con las cotizaciones, harán falta 32 millones de trabajadores cotizando para financiar el sistema.

Eso, obviamente es inviable. El sistema dejará de ser viable exclusivamente con las cotizaciones de los trabajadores y empresas, y deberá pasar a financiarse en parte por impuestos, al menos hasta que se pase la generación del “Baby Boom” y se vuelvan a normalizar el coeficiente entre pensionistas y trabajadores.

E&J. – ¿Cómo afectará el envejecimiento de la población a la edad de jubilación?

D.T. – Habría que simplificar los supuestos de jubilación anticipada reunificando todos en un solo modelo a partir de los 65 años y con las mismas reducciones en la cuantía de la pensión porque a la larga, si un pensionista está 20 o 25 años percibiendo la pensión, se acaba ahorrando dinero.

Habría que eliminar la posibilidad de cláusulas de jubilación forzosa en los convenios colectivos y ampliar la jubilación activa, esto es la posibilidad de compatibilizar la pensión de jubilación con el supuesto de seguir trabajando sin los condicionantes tan estrictos que hay ahora de haber cotizado lo máximo 38 años y tener derecho al 100% de la pensión, sino en general para todos.

Que cualquier jubilado pueda decidir seguir trabajando una vez llegada a la jubilación y poder compatibilizar el 50% de la pensión para los trabajadores por cuenta ajena y el 100% para los autónomos que contraten a un empleado. Lo que se ha llamado como jubilación activa. Porque de esta forma se ahorra en gasto en pensiones.

Del mismo modo, habría que regular mejor la normativa de las prejubilaciones, asegurando que la empresa que prejubile a un trabajador pague íntegramente, no aproximadamente, el coste de los dos años de prestación por desempleo y, asimismo, habría que establecer la obligación de que la empresa siga cotizando por el trabajador a la seguridad social.

E&J. – En su opinión, ¿hasta qué edad debería trabajarse? ¿Considera que el mínimo de años de cotización exigido en la actualidad para poder acceder al total de la pensión es ajustado?

D.T. – La orientación de las reformas introducidas para acomodar la edad real de jubilación a la legal es una buena medida, pues es un fenómeno común no solo en España, sino en el contexto internacional, que la edad de retiro se produce antes de la edad reconocida como la estándar a nivel legal.

El adelanto de la jubilación por el trabajador supone un perjuicio para el sistema, y en consecuencia, para un mayor equilibrio financiero es deseable que la mayor parte de los trabajadores se retiren como mínimo a la edad legal, siendo recomendable el retraso de la misma lo máximo posible. Ahora bien, sería aconsejable hacerlo por actividades, manteniendo la posibilidad de jubilarse anticipadamente en las actividades más penosas, como la construcción, la agricultura, la hostelería, etc.

E&J. – En su obra también menciona un “sistema mixto”, ¿en qué consistiría exactamente este tipo de sistema? ¿Sería viable en España?

D.T. – No abogaría por la introducción de un sistema mixto, como en otros países, como Italia con las cuentas nocionales, pero sí de un sistema complementario. En cuanto a un posible nivel complementario, apuntaría a una versión española de la mochila austriaca. Como modelo exclusivo, no lo veo, pero sí como un modelo complementario, obligatorio. No tanto la perspectiva de que se utilice para pagar la indemnización por despido, que descartaría por que vulnera el principio de causalidad del despido. Pero sí me parece interesante en cuanto a un posible nivel complementario obligatorio para la jubilación en la cual, la empresa viniera obligada a cotizar todos los meses entorno a un 1% del sueldo del trabajador y el trabajador entorno a un 5%.

Esto se iría capitalizando y se podría trasladar a distintas empresas de acuerdo con la coyuntura laboral del trabajador y a las cuales todas irían aportando a lo largo de la vida laboral del trabajador. Gestionada por el Estado que lo invertiría en productos siempre garantizados, de tal forma que el importe del capital siempre estaría garantizado y que se pudiera recuperar a la hora de la jubilación, bien en una cuantía a tanto alzada, bien como una remuneración mensual que complemente la pensión pública.

En el primer caso, siempre con una grabación fiscal que no penalice la recuperación íntegra como ocurre ahora con el rescate de planes de pensiones, si no que se distribuya de forma proporcional por los años en los cuales se hubieran generado dichos rendimientos.

E&J. – En su libro menciona que otros países europeos soportan mayor porcentaje del PIB que España y, aun así, se prevé que podrán soportar el sistema de pensiones gracias al tejido empresarial de los mismos y al tamaño de las empresas, afirmando que son estas las que asumen el gasto en pensiones. ¿Podría ejemplificar esta teoría?

D.T. – Cuando se dice que se espera que el gasto en pensiones podrá llegar a alcanzar dentro de 35 años el 15% del PIB y se compara con Italia y se dice que Italia soporta un gasto superior actualmente en torno al 16,1%, y no por ello ha supuesto un efecto catastrófico, no hay que olvidar quién soporta este gasto.

Esto es que tal vez para Italia no sea un gasto excesivo, porque quien lo sustenta son empresas grandes con mucha solvencia, debido al tejido empresarial italiano. Sin embargo, en España, el tejido español es completamente distinto. Compuesto en su gran mayoría, 85%, por pequeños autónomos con menos de 5 trabajadores, incapaces de asumir tal gasto. Por lo tanto, como vemos, el problema no es el gasto total en pensiones sobre el PIB, sino quienes tienen que soportar dichos gastos, sin grandes multinacionales, que no tienen ningún problema en hacerlo, como en el caso de Italia o pequeñas PYMES, como en el caso de España, que son absolutamente incapaces de asumir dicho gasto.

Finalmente, como ya he destacado, la mayoría de las empresas españolas son empresas pequeñas, representando las grandes empresas un margen muy pequeño del ámbito empresarial. En este sentido, consideramos que deberíamos reorientar nuestro mercado empresarial hacia la generación de grandes empresas que puedan generar mayor volumen de contratación y que puedan consolidarse en el ámbito internacional como empresas importantes.

En la obra sostenemos que un crecimiento de nuestras empresas creando las condiciones para ello nos puede ayudar a que la exposición que las pequeñas empresas tienen ante las dificultades económicas no signifique la pérdida de trabajadores de forma automática. Asimismo, se generarían mejores condiciones para la defensa de los trabajadores en sus derechos en materia de condiciones salariales, renegociación de las condiciones de trabajo y en materia de despidos, en tanto que se podría contar con el apoyo sindical para una mejor negociación con la dirección de la empresa.

Al mismo tiempo, las grandes empresas podrían asumir con mayor facilidad el coste que suponen las cotizaciones sociales de los trabajadores por su mayor volumen de negocios. Ciertamente, esto requiere una política por parte de los poderes públicos en establecer las condiciones suficientes para que las empresas puedan generar tendencias de mayor crecimiento, sin trabas fiscales que desincentiven dicho paso.