Dolores Alemany, presidenta de AEMPI: “Muchos de los planes de reestructuración se han ralentizado de forma notable”

La Asociación Española de Mujeres Profesionales de la Insolvencia (AEMPI) se constituyó en Madrid el 26 de julio de 2019 al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, por mujeres abogadas, economistas y procuradoras, profesionales en el ámbito de la insolvencia empresarial con el objetivo de dar visibilidad a la mujer en sectores profesionales relacionados con la insolvencia empresarial.

Desde el pasado 18 de mayo, esta entidad tiene Junta Directiva presidida por la abogada y administradora concursal Dolores Alemany, of counsel en el área de reestructuraciones de BDO Abogados, y profesional de notable trayectoria en esta actividad.

En el transcurso de una entrevista con Economist & Jurist, aclara que este año va a ser clave para saber si la reforma concursal del pasado mes de septiembre va a ser efectiva y recuperará empresas. “Por lo que estamos viendo, los planes de reestructuración realizados con anticipación ayudarán a que las empresas se recuperen de su insolvencia. Aquellas empresas que lleguen tarde acabarán en concurso de acreedores”.

Forman parte de la nueva Junta Directiva, procedentes de Madrid, Dolores Alemany (presidenta y abogada), Cristina Asencio (vicepresidenta y abogada), Laura Gurrea (secretaria y abogada) Belén Cañellas (tesorera y economista), Nieves Gómez de Segura (una de las fundadoras de AEMPI, abogada y vocal) Belén Garcia-Ajofrín (vocal y abogada).

Procedente de Valencia, Mari Carmen Navarro (vocal y procuradora), mientras que desde Málaga forman parte Virginia Jiménez, directora de Relaciones Institucionales de IAG, entidad especializada, y Gloria Galacho (abogada y miembro del Colegio de la Abogacía de Málaga). También hay vocales de Murcia, como Mercedes Martínez (vocal y economista) y País Vasco, Andrea Navazo (vocal, y abogada y economista).

Dolores Alemany, una de las fundadoras de AEMPI, define parte de la estrategia que quiere poner en marcha en esta asociación profesional. “Es el momento de que las mujeres profesionales de la insolvencia, que somos muchas y muy preparadas, y menos visibles en general que los hombres, fomentando la igualdad real”.

A este respecto, considera que AEMPI debe convertirse en un foro de discusión plural, inclusivo para todas las mujeres profesionales de todos los ámbitos del mundo de la insolvencia, desde abogadas, procuradoras, administradoras concursales, entidades financieras, servicers, entidades especializadas, funcionarias públicas, etc.

En este escenario de crecimiento, la idea es que la asociación tenga presencia en todo el territorio nacional, “ya estamos presentes en Madrid, Valencia, Málaga, Murcia y País Vasco pero podemos seguir creciendo y así contar con delegaciones territoriales en Barcelona, Sevilla y Galicia”.

Nueva junta directiva de AEMPI. Alemany aparece en el centro de la imagen. (Foto: AEMPI)

Fomentar el networking

Para esta abogada experta en reestructuraciones “otro de los elementos claves tiene que se fomentar el networking, no solo entre las mujeres de AEMPI sino también con otras asociaciones del mundo de la insolvencia tales como ASPAC, CEDI, APACSA, ANAIJ, así como con la sección de derecho de las reestructuraciones e insolvencias del ICAM.

Al mismo tiempo se quiere impulsar ese networking con otras asociaciones de mujeres y foros tales como “Mujeres por Derecho de Aranzadi, Fundación Woman Fordward,  Woman in Legal World etc.

Un tema clave que la nueva junta plantea es el apoyo a las nuevas generaciones de mujeres. “Las socias más veteranas debemos actuar como mentoras, especialmente con las jóvenes, creando una cuota Next Gen, para dar a las asociadas jóvenes nuevas formas de pensar, nuevas perspectivas y que aprendan a desarrollar su potencial en todos los ámbitos”.

Desde ese punto de vista, “nuestra idea es organizar foros de formación e intercambio de experiencias profesionales como mínimo trimestrales, y vamos a preparar el primer congreso de AEMPI y tener una presencia más notable en los medios de comunicación con la elaboración de artículos técnicos y de opinión sobre la situación de las insolvencias”.

Alemany subraya que la renovación ha sido casi total en esta nueva Junta Directiva, que arrancó el pasado 18 de mayo. “Se mantienen Cristina Asencio, Belén Cañellas y Nieves Gómez de Segura, otra de las fundadoras de AEMPI”.

“Creemos que es el momento para dar mayor visibilidad a todas las mujeres que de alguna forma están vinculadas al mundo de la insolvencia y eso pasa por mejorar nuestra presencia en los congresos y eventos que se celebran donde la presencia masculina es mayor”, destaca.

Protagonistas de la reforma concursal

Nadie mejor que Alemany, con una trayectoria notable a sus espaldas en el mundo de la insolvencia, para analizar la evolución de este año 2023, un año marcado por la conflictividad laboral en los operadores de la justicia que ha hecho que muchos de los planes de reestructuración y concursos se hayan ralentizado de forma notable sobre todo en las homologaciones de los planes de reestructuración.

“Desde el pasado mes de septiembre, empresas y personas físicas afrontan la última reforma concursal, que presenta algunas lagunas legales que han quedado sin resolver”, señala Alemany.

Sobre estas lagunas legales, subraya que “es mejorable la regulación de los derechos de los acreedores en el momento de la votación y antes de la homologación del plan de reestructuración, son los que prevén la impugnación del plan de reestructuración después de la homologación por parte del juez”.

Junto a ello, “otro tema es el alcance del control judicial que está realizando el juez de lo Mercantil antes de la homologación. Es fundamental saber hasta dónde llega. Puede haber situaciones donde no se haya reconocido un privilegio, de ahí que en ese escenario habrá que ver si el juez puede homologar o no ese plan”.

Y otra cuestión destacada es el de los llamados “planes competidores, que no están previstos y en el caso de reestructuraciones como la de Single Home no se ha podido sacar el plan de los acreedores, en una carrera entre deudor y los acreedores para ver quien llegaba primero para presentar su plan”.

A su juicio “parece claro por las reestructuraciones que hay en marcha que todas las partes implicadas en dichos planes deben actuar de forma responsable porque al final, tanto los bancos como los acreedores y deudores los aceptan. Hay que buscar el consenso final. Sin ese consenso es complicado que dichos planes tengan éxito, se eviten las impugnaciones y puedan homologarse judicialmente”.

En su opinión, “Si bancos y fondos ven que tienen que hacer un sacrificio justificado y se cuenta con ellos, están en disposición de acepar un plan de reestructuración. Distinto es si no se cuenta con ellos y se pretende arrastrarles con mayorías en algunos casos dudosamente formadas y ahí ya es lógico que impugnen dichos planes si no se llega a ese consenso mayoritario de los acreedores”.

El desarrollo de estos planes de reestructuración ha hecho que firmas como BDO Abogados haya creado equipos transversales de economistas, expertos en valoraciones, profesionales que conozcan bien estos planes y su viabilidad, así como abogados que conozcan bien la nueva normativa. Todas las firmas en el mercado se han reforzado para poder dar ese servicio a las empresas”, apunta.

Alemany cree que aún es pronto para conocer los resultados de la reforma concursal implantada desde septiembre del 2022. (Foto: BDO Abogados)

Control judicial limitado

Respecto al papel del juez en este tipo de asuntos de insolvencia Alemany subraya que “su papel es de supervisión. Sólo verifica el cumplimiento de una serie de requisitos en cuanto a contenido y forma y no se mete en el fondo del plan. Su labor principal es homologar ese plan.  No parece que su criterio generalizado sea intervenir a fondo en la gestión de dicho plan. Apuestan por la intervención judicial mínima en casos muy tasados donde puedan actuar”.

En este escenario propiciado por la última reforma concursal, los últimos datos del Colegio de Registradores subrayan el crecimiento del concurso en la persona física. “Junto a ello hay algunos con ventas de unidades productivas para salvar la empresa y algunos convenios de acreedores que se realizan. Estos no han quedado relegados y algunas empresas los utilizan aún porque les ven cierta utilidad”.

En cuanto a la complejidad de los mencionados planes de reestructuración, Dolores Alemany subraya que “lo que no debe hacerse, porque se está haciendo, es aprovechar que la ley establece un sistema de mayorías y de arrastre entre clases que favorece que pequeñas mayorías de pasivo aprueben planes de reestructuración. Esto acaba siendo un problema y ya hay casos como el de Single Home y otros que con pequeños porcentajes de pasivo se arrastra a la mayoría del pasivo. Esto es peligroso y dará lugar a muchas impugnaciones”.

Créditos ICO, en vías de solución

Otra cuestión de cierta complejidad en dichos planes tiene que ver con que “no hay un trato paritario entre acreedores del mismo rango concursal. Eso es un problema porque lo que no puede ser es que una mayoría del pasivo asuma los costes de la reestructuración y una minoría que aprueba el plan es la que quede beneficiada, sin afectarle las quitas ni las esperas”.

Respecto a la problemática que generaban los créditos ICO que en su momento eran un freno para los propios planes de reestructuración, cree que el problema se ha resuelto en gran parte “habrá que esperar si el ICO se confirma con los resultados o no. Ya ha habido arrastre de los créditos ICO en un par de planes de reestructuración. Sacaron una instrucción a las entidades financieras donde les permitía separar su voto, distinguiendo del crédito ICO y el no avalado por esta entidad”.

“No podemos olvidar que los créditos ICO, además de ser públicos, son de carácter financiero. Así ha sido arrastrado y ahora parece que el ICO lo tiene asumido. Son las reglas de juego, obviamente. Se ha aclarado bastante la problemática y esperemos que no haya impugnaciones. Cuando haya una aprobación mayoritaria del pasivo en un plan de reestructuración, lo lógico es que el ICO acepte la situación”.

El adelanto electoral va a propiciar que no se apruebe el reglamento de esta última ley concursal ni el propio Estatuto del Administrador Concursal, una reivindicación de estos profesionales desde hace muchos años. “Estaba avanzada su negociación, pero se paraliza su aprobación final, pese a que es una normativa necesaria para la profesionalización y buenas prácticas de nuestro sector. Parece que no es una prioridad cuando aclarar los conceptos entorno al administrador concursal sería bueno para todos”.

Al final, “empresas, acreedores, jueces de lo Mercantil y profesionales de la insolvencia nos estamos adaptando aún a este cambio de paradigma propiciado por esta última reforma concursal que entró en vigor el pasado 26 de septiembre del 2022. Hay más planes de reestructuración para pymes y grandes empresas porque el empresario se anticipa a los acontecimientos y evita el concurso. Las que están más dañadas optan por la venta de la unidad productiva”.

Desde su punto de vista “a medida que tengamos resoluciones de las Audiencias Provinciales que son las que tienen que resolver las cuestiones de las impugnaciones de los planes de reestructuración irán fijando criterios a medio plazo. Ahora estamos todos en una situación de prueba y ensayo con esta nueva normativa concursal. Las negociaciones previas entre todos los acreedores ayudan a sacar adelante estos planes de reestructuración”.