El Congreso reclama al Gobierno que resuelva el conflicto que paraliza la Justicia: “Esto es inconcebible”

En vísperas de la reunión que mantendrán este viernes en San Bernardo 21, Manuel Olmedo, Secretario general de Innovación del Ministerio de Justicia, y parte de su equipo con el Comité de Huelga de los LAJ a fin de desbloquear el paro indefinido que arrancó el pasado 24 de enero, el Congreso de los Diputados, por mayoría, aprobaba una moción del PP donde se instaba al Gobierno a resolver el conflicto generado por los LAS con su huelga general.

Curiosamente, esta iniciativa que fue aprobada por mayoría contó con el voto en contra del PSOE y Podemos, partidos en el Gobierno en la actualidad.

Esta iniciativa fue defendida por el diputado popular Miguel Ángel Jerez, que advirtió de que la huelga está provocando un colapso en las sedes judiciales y “la suspensión de cerca de 200.000 juicios y que estén congelados 4.000 millones de euros en las cuentas de consignación de los juzgados cuando muchos ciudadanos necesitan el dinero”.

Además, lamentó “la falta de capacidad negociadora” del Ministerio y que el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, incluso “haya insultado a los LAJ”.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal, en una intervención que se hizo viral en redes sociales señaló que estimaba justa la “cláusula de enganche” que reclaman los LAJ respecto a los sueldos de los jueces porque se les ha ido ampliado sus competencias en relación con la dirección del procedimiento. Al final son una especie de jueces de procedimiento”, dictaminaba.

Edmundo Bal, diputado de Ciudadanos. (Foto: Congreso de los Diputados)

Al mismo tiempo culpabilizaba al PSOE y al PP de la situación por no haber compensado a este colectivo por el aumento de funciones que las sucesivas reformas regales le han atribuido durante los años que ambos partidos gobernaron.

De hecho, reconoce que el acuerdo al que llegaron Justicia con los LAJ se suscribió en abril del 2022 subiéndose a la web del propio Ministerio. “Aunque digan ahora que no fue así, ese acuerdo le dieron publicidad”, ha declarado.

Bal, que se ha mostrado muy activo con este tema, explica que la cláusula de enganche salarial de los LAJS a la retribución de los jueces estaba ya regulada por la Ley 101/1966, de 28 de diciembre, sobre retribuciones de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, que establecía que el secretario judicial cobraba el 80% del sueldo de los jueces. “Lo que sucede es que a los jueces se les ha ido subiendo el sueldo por la vía de los complementos, a lo largo de esos años, porque esa cláusula era solo del sueldo básico y trienios, y al final ahora los LAJ cobran el 60 % de lo que cobra un juez de media pese a que sus competencias han crecido de forma notable en los últimos años”.

Comunidades Autónomas, preocupadas

Desde las Comunidades Autónomas con competencias transferidas se ve con preocupación el problema. Yolanda Ibarrola, viceconsejera de Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid, reconoce la situación de gravedad que se vive en la justicia madrileña. “No puedo pronunciarse sobre quién tiene o no razón, porque todas las comunidades autónomas tenemos nuestros conflictos y mesas de negociación. Pero lo que no se entiende la postura del Ministerio de Justicia de falta de negociación”.

Para esta jurista, “se sabía hace meses que esa situación iba a llegar. Ya hubo paros parciales algunos días en noviembre y diciembre del 2022 donde ya señalaron los LAJ que barajaban una huelga indefinida. El enrocamiento del Ministerio de Justicia a no querer dialogar no se entiende. Aquí hay una gran falta de diálogo con los perjuicios que está generando para los ciudadanos que ven suspendidos sus juicios”.

Desde su punto de vista, “el papel de los LAJ es clave. En estos últimos años han asumido muchas más funciones de las que tenían y el Ministerio no ha intentado hablar y acercar posiciones. No solo no hay negociaciones, sino que estos profesionales se han visto ofendidos por palabras malsonantes del propio secretario de Estado de Justicia”.

En su opinión, hay “cinco cuerpos que se suben a un estrado como son el juez, el fiscal, el LAJ, los abogados y los procuradores. Sin esos cinco cuerpos no funciona el engranaje y hay que considerar el trabajo que hacen cada uno de ellos”.

Sobre el impacto de la huelga en Madrid, afirma que “está siendo bastante importante. Tenemos una litigiosidad alta. Sobre la huelga no hay datos exactos porque hay juzgados que no reportan la información. A día de hoy, tras la charla mantenida con el secretario de la Sala de Gobierno, hay 10.000 señalamientos suspendidos, la mayoría de ellos son juicios”.

Yolanda Ibarrola, Viceconsejera de Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid. (Foto: Comunidad de Madrid)

Esta situación ha hecho que “las agendas judiciales en la Comunidad de Madrid estén muy completas. Todos esos señalamientos habrá que fijarlos mucho más tarde. Tenemos casi 80.000 escritos en decanato pendiente de proveer y de admitir. Esto es inconcebible y está vulnerando la tutela judicial efectiva y el Ministerio en una sinrazón no quiere negociar porque dice que no hay nada firmado”.

Ibarrola, experta negociadora en la Comunidad de Madrid con las fuerzas sindicales en diferentes actividades, recuerda que “todos sabemos que a veces se llegan a acuerdos verbales. Esté firmado o no esa palabra debe ser válida. El propio Ministerio ha enviado notas de prensa hablando de esos acuerdos esos años y ahora dice que no están firmados. Creo que esto no se hace y hay que darle dignidad al cargo”, apunta.

Al mismo tiempo reconoce que “ahora tengo una mesa sectorial abierta que no estamos llegando a acuerdos, pero nos reunimos cada siete o diez días, aunque esa mesa la preside la Directora de RRHH de la consejería, en algunas ocasiones voy porque me interesa el tema y no quiero estar al margen. En nuestro caso cuando ofrecemos algo por escrito lo solemos consensuar con la Consejería de Economía y Hacienda”.

Respecto a la reunión que tendrá lugar este viernes, Ibarrola aclara que “hay una reunión paralela entre el Ministerio de Justicia y las Comunidades autónomas preparatoria para la Conferencia Sectorial de Justicia que tendrá lugar el próximo 3 de marzo en Palma de Mallorca. Realmente no sabemos quién será nuestro interlocutor, si Olmedo está con los LAJ”.

Por su parte, José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, explica que el Ministerio de Justicia no parece tener ningún interés en resolver esta situación, que esta provocando un perjuicio importante a la Administracion de Justicia.

Desde su punto de vista, “ya nos llamó la atención que a la primera reunión no acudiera la ministra Pilar Llop y ahora está demostrando ese desinterés con el hecho de que en este segundo encuentro no vaya a participar”.

“Como Consejero de Justicia de Andalucía me preocupa mucho las graves consecuencias que está teniendo esta huelga. Por un lado, está provocando una repercusión muy negativa en la agenda de señalamientos de los juicios, que se están viendo suspendidos y retrasados. Y, por otro, las graves consecuencias económicas que está acarreando estas suspensiones y los retrasos en los procedimientos”, apunta.

Al mismo tiempo, Nieto espera un gesto de buena voluntad de las partes que se sentarán este viernes a negociar. “Por último, quiero pedir tanto al Ministerio como a los LAJ, flexibilidad y diálogo para alcanzar un acuerdo pensando en el bien general, dado el daño que se esta provocando a la Administración de Justicia”.

¿Quién paga la reactivación de la justicia?

Sobre este aspecto Bal explica que, “al igual que se hizo con la pandemia, habrá que poner en marcha un plan de choque. Esto supone implementar refuerzos en distintos órganos judiciales, incremento de los conceptos presupuestarios de productividad para celebrar vistas por las tardes, esto generará problemas de conciliación de la vida laboral y personal porque hay abogados que no trabajan y hacen otras cuestiones”.

A su juicio, “el coste actual de la justicia y el parón que sufre lo está pagando el ciudadano que ve como los mandamientos de devolución están en los juzgados, en casos donde puede estar divorciándose y estar peleando por la custodia de sus hijos o que está tratando de desahuciar a un arrendatario que no le paga la renta”.

También recuerda que “si los procedimientos no se desarrollan, muchos abogados y procuradores no están cobrando. Hay letrados que están sin cobrar porque los pleitos no se han podido celebrar. En Madrid, el parón es importante y el alcance de esta huelga está siendo bastante relevante por lo que se está viendo”.

Respecto a esta cuestión, Ibarrola tiene claro lo que puede pasar.  “Mucho me temo que las CCAA como Madrid y Cataluña con la litigiosidad que existe tendremos que hacer un esfuerzo económico, otras podrán aguantar el tirón. En nuestro caso, no podemos pararnos sin dar una salida a los ciudadanos a este tipo de asuntos que están paralizados en los juzgados”.

José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía. (Foto: Junta de Andalucía)

Al final cree que “habrá que poner en marcha, entre otras cuestiones, prolongaciones de jornadas, planes por objetivos para sacar el trabajo que se está quedando acumulado. La huelga de los LAJ está generando muchos perjuicios al ciudadano por el papel que tienen en la oficina judicial. La justicia se está quedando paralizada y está generando un perjuicio al ciudadano”.

Desde la Comunidad de Madrid se es consciente que esta reanudación de la justicia va a costar un dinero aún sin cuantificar por el momento. “El impacto de la huelga en nuestra comunidad está siendo superior al de otras autonomías. Tendremos que implementar un plan de choque en el que el Ministerio nos avisó a las Comunidades autónomas en una reunión anterior que no contásemos con su ayuda”.

Para el consejero andaluz, “van a ser necesarias poner en marcha medidas para paliar estos efectos que, desde luego, no vamos a ser las comunidades autónomas con competencias transferidas las que tengamos que asumir su coste económico por la falta de diálogo que está demostrado el propio Ministerio de Justicia”.

Desde su punto de vista, cree que debe ser el Ministerio de Justicia quien se haga cargo del coste de las medidas que se vayan a implementar en el corto y medio plazo. De hecho, se da por descontado que esta cuestión será una de las que se aborden en la próxima Conferencia Sectorial de Justicia que tendrá lugar el próximo 3 de marzo en Palma de Mallorca. Reunión presencial donde si estará Pilar Llop, ministra de Justicia.

La reflexión de Nieto está sustentada en la actitud del Ministerio que está rehuyendo el debate con los LAJ y con esa postura generando el problema de colapso en la Administracion de Justicia. También muestra su sorpresa, como la de otros operadores jurídicos consultados por este medio, que Pilar Llop no esté en la reunión de este viernes. “El daño lo está generando el Ministerio. Ellos deberían asumir el coste económico que se va a generar”, afirma.