El PP preguntará a Llop en el Pleno del Congreso del próximo miércoles qué está haciendo para frenar la huelga los LAJs

El Grupo Parlamentario Popular presentaba el pasado viernes  11 de febrero una interpelación urgente en el Congreso de los Diputados para que la ministra de Justicia, Pilar Llop, dé explicaciones en la sesión plenaria del próximo miércoles sobre la huelga indefinida de Letrados de la Administración de Justicia (LAJs).

Ese Pleno tendrá lugar el día antes de la negociación convocada por Tontxtu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia con el Comité de huelga los Lajs el próximo jueves 16 de febrero a partir de las 17 horas.

Por el momento esta  huelga comenzó el pasado 24 de enero y que, según datos de los convocantes, ha supuesto la suspensión de unas 125.000 vistas y el bloqueo de 432 millones de euros en cuentas judiciales.

Los `populares` explican que lanzan la interpelación urgente «para que el Gobierno informe sobre el desarrollo de la acción de gobierno en el ámbito del Ministerio de Justicia, especialmente en lo referente a la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia».

También reclaman al departamento de Llop que informe «sobre la propuesta y ejecución de la política de gobierno para el desarrollo del ordenamiento jurídico en materia de derecho penal, civil, mercantil y procesal, competencia que tiene atribuida en virtud del artículo del Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo«.

A este respecto, el PP recuerda que en su artículo 1 dispone que corresponde al Ministerio de Justicia «la propuesta y ejecución de la política del Gobierno para el desarrollo del ordenamiento jurídico, especialmente en materia de derecho penal, civil, mercantil y procesal; la política de organización y apoyo de la Administración de Justicia, así como la cooperación con las comunidades autónomas en coordinación con los demás departamentos competentes en la materia».

Tras la interpelación urgente a la titular de Justicia, el Partido Popular redactará una moción que se debatirá y votará en el Pleno que arrancará el 21 de febrero en la Cámara Baja.

Preguntas parlamentarias de Ciudadanos y PDECat

En días anteriores,  otras formaciones políticas como Ciudadanos preguntaba al Gobierno de Pedro Sánchez «cómo piensa el Ministerio de Justicia solucionar» el conflicto que mantiene con los Letrados de la Administración (LAJ), que el pasado 24 de enero empezaron una huelga indefinida para reclamar una mejora salarial equivalente al aumento de la carga de trabajo que sufrieron hace años sin que entonces se les compensara.

Edmundo Bal, portavoz adjunto ciudadanos (Foto: Congreso Diputados)

Así, consta en una pregunta parlamentaria que ha registrado la formación ‘naranja’ ante el Congreso de los Diputados en la que, además, hace referencia a la Instrucción que dictó el pasado 31 de enero el secretario general de Innovación de Justicia, Manuel Olmedo, relativa al régimen de sustituciones durante el parón.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario, Edmundo Bal, aseguró que la Instrucción en cuestión «limita las vacaciones y los días de asuntos propios solo para casos excepcionales en 2023». Según ha subrayado, la «obligación impuesta por el Ministerio» conlleva que «los LAJ no podrán (…) tomarse días libres ni vacaciones mientras dure la huelga».

En consecuencia, Bal preguntó al Ejecutivo si está de acuerdo con este criterio de Justicia que, a su juicio, «impide el disfrute de las vacaciones y días de asuntos personales a los LAJ». Y añadió «¿Considera que dicha Instrucción podría vulnerar los derechos relacionados con el disfrute de vacaciones del cuerpo de letrados y con el derecho a huelga previsto en el artículo 28 de la Constitución?».

Por su parte, el PDeCAT registraba  una batería de preguntas por escrito al Gobierno para conocer qué acciones va a tomar el Gobierno ante la huelga indefinida de los letrados de la administración de justicia que empezó el pasado 24 de enero. Este colectivo reclama equiparar su categoría salarial a la de jueces y fiscales debido al aumento de trabajo que han tenido que asumir con las sucesivas reformas legislativas desde 2009.

Tal como ha expresado en rueda de prensa el diputado del PDeCAT en el Congreso, Genís Boadella, esta huelga “la sufren los juzgados y tribunales, como también y especialmente los ciudadanos” y ha apelado al Ministerio de Justicia a “hacer todo lo posible para acercar posiciones y encontrar una solución óptima”.

De hecho, en Catalunya se han suspendido, entre el 30 de enero y el 3 de febrero, 2.259 actuaciones procesales como consecuencia de la huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Asimismo, Boadella ha recordado que están en tramitación tres leyes “claves” para el futuro de la justicia, como son los proyectos de ley de eficiencia organizativa, de eficiencia procesal y de eficiencia digital del servicio de la Justicia.

Genis Boadella, diputado PDECAt también ha preguntado al gobierno por la huela de los LAJs (Foto: PDCAT)

“Son más necesarias que nunca” afirmó , pero ha señalado que “este cambio revolucionario”, que estos tres textos normativos pueden suponer para la Justicia “es a futuro” y que lo que hay que tener en cuenta ahora es “la necesidad de que el servicio de justicia funcione correctamente”. “Los ciudadanos no tienen otra manera de acceder a la protección de sus derechos que a través de los juzgados y tribunales”, ha añadido.

Por todo ello, el PDeCAT registraba  las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno:

2. ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno parar responder a las demandas de los letrados de la administración de justicia?
3. ¿El Gobierno tiene intención de que las asociaciones profesionales de los letrados de la administración de justicia puedan participar en las mesas de negociación colectiva en donde se aprueban las condiciones laborales y materias que afectan a su estatuto orgánico?

El origen del conflicto

El conflicto que ya arranca su cuarta semana este lunes   tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que –denuncian las tres asociaciones convocantes– ha provocado un «insoportable desequilibrio».

Señalan como «detonante» del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021».

Antes de que empezara la huelga, Llop pidió al comité de huelga que huyera de «posiciones maximalistas» porque impedían «buenos acuerdos». Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Antonio `Tontxu` Rodríguez, aseguró que la huelga de los LAJ era una medida «política» y que estaba «fuera de lugar».

Rodríguez incidió en que «cualquier tipo de reclamación económica que tiene lugar en esta huelga no tienen un sentido», puesto que Justicia «ha cumplido todos los acuerdos» alcanzados con la representación de estos trabajadores.

Al margen, la semana pasada el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, transmitió a los LAJ que son «una pieza esencial» del Poder Judicial y expresó su «confianza» en que las negociaciones con el Ministerio «puedan concluir en un acuerdo razonable y satisfactorio”, aunque las previsiones es que las negociaciones serán muy duras.