Enrique Remón: “Las administraciones deben dar ejemplo. No hay peor delito que la malversación de fondos públicos”

Enrique Remón será vocal de la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid. El Pleno municipal del pasado viernes ha nombrado a este jurista con una notable carrera durante dos décadas como fiscal en distintos puestos de responsabilidad, hasta que se incorporó en el 2021 al consejo asesor de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, ante la vacante suscitada por el fallecimiento del exmagistrado Ramón Rodríguez.

La propuesta partió del director de este ente, el exfiscal general del Estado, Carlos Granados. El magistrado llegó al cargo en 2018 gracias al apoyo de los partidos de izquierda, pero el año pasado fue refrendado para un nuevo mandato por José Luis Martínez-Almeida. A pesar de que el mandato tiene una duración de cinco años, Remón Peñalver estará solo hasta el 29 de marzo de 2027, fecha en la que expira el mandato del resto de vocales.

La Oficina Antifraude de Madrid se creó en diciembre de 2016, durante el mandato de Manuela Carmena. Su actividad comenzó en enero de 2018. Entre su cometido destaca inspeccionar y comprobar los posibles casos de fraude y corrupción, el uso o destino irregular de fondos públicos y las conductas contrarias a los principios de objetividad, integridad e independencia. Otras de sus funciones es velar por el cumplimiento de las reglas relativas a conflictos de intereses y desarrollar actuaciones para prevenir el fraude y la corrupción en la Administración local.

El máximo responsable de la Oficina es su director. El cargo recae desde 2018 en Carlos Granados, que fue fiscal general del Estado con Felipe González. Lo propuso Ahora Madrid y PSOE, aunque el año pasado lo revalidó con el apoyo del PP, lo que ratifica la independencia judicial que exhibió durante sus 23 años como magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La dirección la completan una vocal asesora, un consejero técnico, una secretaria y una auxiliar de secretaría.

En ese consejo asesor se encuentran también otros vocales como José María Duva; Ximena Lazo, profesora de derecho administrativo; Pilar Trueba, exdirectora general de servicios del Banco de España; Manuel Villoria, catedrático de ciencias políticas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), donde dirige el Observatorio en Buena Gobernanza; y Esperanza Von Carstenn-Lichtarfelde, subdirectora general del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Remón, primero por la derecha, en un evento de CMS con el Club Español de Derecho de la Insolvencia. En la mesa, Jos socios Jaime Bofill, Juan Ignacio Fernández y Alejandro Rey, miembros de dicha entidad. (Imagen: CMS Albiñana & Suarez de Lezo)

Una gran satisfacción

En declaraciones a Economist & Jurist, Remón mostraba su satisfacción por aportar su experiencia a esta institución. Reconoce que el cambio de papel en materia penal, de fiscal y de perseguir el delito ahora como abogado donde defiende muchos investigados no le ha costado demasiado.

“No ha sido un cambio radical; cuando te dedicas al penal debes estudiar los asuntos a fondo para ver todas sus implicaciones, ahora es otra perspectiva. En mi llegada a CMS me han ayudado mucho los socios fundadores César Albiñana y Rafael Suárez de Lezo. He vivido de cerca además lo que es la abogacía porque mis otros tres hermanos son letrados en otros tantos despachos de relevancia en nuestro país”, comenta.

Desde su punto de vista, la labor de prevención debe partir siempre de la Administración y ser ejemplarizante. «No hay delito más grave contra una Administración que una malversación; al mismo tiempo, no hay delito más grave frente a un Estado que un delito de sedición o rebelión. De cara a la mujer, ese delito más grave es el delito contra la libertad sexual. Son momentos complicados en nuestro país porque recientemente la legislación se ha atenuado en este tipo de asuntos», opina.

Sobre su incorporación al comité asesor de esta Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid, considera que “es bueno que este tipo de entidades tengan este tipo de organismos que pueden hacer una labor importante en materia de prevención del fraude. Así lo hacen todas las oficinas que hay en España, como la catalana o la valenciana. Hay muchos focos de corrupción que se detectan en las entidades públicas y a nivel político, ahí coincido con lo que explica el magistrado Joaquim Bosch en su libro sobre la corrupción”.

En su opinión, “a lo largo de estos años de actividad profesional, el fenómeno de la corrupción es muy antiguo en nuestra sociedad. Se han dado pasos a nivel legislativo y de infraestructuras para mejorar en materia de prevención, por un lado, y luego perseguirla con mayor eficacia. Ahí hay que destacar el papel de la Fiscalía Anticorrupción que lleva mucho tiempo y también el de las fiscalías especializadas, en delitos económicos, que tienen esa labor de persecución de esos hechos delictivos”.

En este contexto, este jurista tiene claro que más que la independencia judicial, “el problema de la justicia es más de tiempos; la duración de los procedimientos que hasta ahora es desorbitada y desproporcionada. Lo peor es que a veces nos encontramos con personas que han salido absueltas tras procedimientos de diez años o más que es complicado recompensarles por este tipo de situaciones, como el reciente caso de Sandro Rosell. En otros casos tras este tiempo, hay asuntos con sentencias simbólicas por las dilaciones indebidas”.

Carlos Granados, exfiscal general del Estado, con Miguel Ángel Gimeno, director de la oficina antifraude de Cataluña. (Imagen: Oficina antifraude de Cataluña)

Desde esa perspectiva, “puede ser el momento de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y darle la investigación al fiscal en su totalidad. Tenemos el ejemplo de la fiscalía europea que actúa con órgano independiente en relación con los fraudes financieros a nivel europeo está actuando con mayor celeridad que un juzgado de instrucción. Habrá que ver qué resultados ofrece en los próximos años por si es un espejo donde nos podemos mirar para modificar la ley en ese sentido”.

A su juicio, “no se trata tanto de eliminar los muchos recursos que interponen las partes en este tipo de asuntos sino quizás las macrocausas que se generan. Se investigan asuntos de gran volumen en lugar de investigar ese asunto en piezas más pequeñas y eso lo que hace es multiplicar la investigación. Eso sería lo más manejable. Los recursos no se pueden quitar porque forman parte de la tutela judicial efectiva que señala nuestra Constitución”.

El problema de las conformidades

En la actualidad, la cuestión de las conformidades penales ha saltado por el tema de las filtraciones de las negociaciones del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. «Las conformidades están previstas en la ley desde hace años. Luego salieron los juicios rápidos que también permiten dichas conformidades y la rebaja de penas de un tercio por dichas conformidades. Se han firmado protocolos de los Colegios con la fiscalía. Como fiscal de delitos económicos en Madrid he visto que han funcionado y no suele haber problemas».

Desde su punto de vista, «no debe haber problemas, es un beneficio. Ahora, como abogado, sigo cerrando este tipo de conformidades. Es un beneficio para todo el mundo porque el procedimiento se termina. Hay que mantenerlas y, si ha habido algún tipo de error o irregularidad, verla y examinarla para que no vuelva a ocurrir. Sobre este tema del novio de Ayuso, conozco lo que ha salido en prensa y creo que no es suficiente para opinar sobre este asunto. En la conformidad es clave que la iniciativa del abogado la confirme su cliente».

Remón se incorpora como asesor a esta oficina madrileña contra el fraude en un momento en que se cumple el primer aniversario de la Ley de Protección al Denunciante que traspuso la Directiva Whistleblowing. «Las organizaciones deben tener los protocolos necesarios para detectar y reaccionar ante el fraude. En este tipo de asuntos se puede implementar desde el compliance y el papel del compliance officer. En empresas más pequeñas, el Código Penal permite que sea el órgano de administración de la empresa quien gestione estos temas», apunta.

El Ayuntamiento de Madrid creó en el 2018 su Oficina de lucha contra el fraude y la corrupción, similar a la que existe en Valencia, Cataluña o Andalucía. (Imagen: Ayuntamiento de Madrid)

La Ley de protección al denunciante, incompleta

Sobre la citada Ley, considera que «aún no tenemos la autoridad independiente de protección al denunciante, pese a que se ha obligado a las empresas a que desarrollen sus políticas y canales internos de información; y que además tengan sus propios responsables de lectura, lanza un mensaje preocupante».

«La Ley es compleja pero tiene sus aristas, plantearle a una corporación que si tiene un conocimiento de un delito lo ponga en conocimiento del Ministerio fiscal, si ésta ha cometido ese delito podría haber una colisión con el artículo 24 de la Constitución que habla del derecho a no confesarse culpable», comenta.

Desde su punto de vista, «esta Ley va a requerir de tiempo, previsiblemente de un reglamento de desarrollo que aclare distintas cuestiones. Al mismo tiempo es necesaria la mencionada autoridad de control antes comentada y ver cómo se gestiona. Un modelo como el de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) podría ser muy útil en este tipo de escenarios. Este es un ejemplo muy bueno que hay que tener en cuenta si se pone en marcha».

La práctica penal en todas las organizaciones se ha convertido en algo importante. Igual ha sucedido en CMS Albiñana & Suárez de Lezo, cuyos resultados se conocieron hace unos días, cercanos a los 50 millones de facturación. «Esta práctica procesal penal, liderada por Carlos Aguilar desde hace muchos años, es uno de los referentes, con un equipo competente al que me incorporé hace tres años. El despacho también es referente en propiedad intelectual, con María González Gordon como socia codirectora; seguros, con Jaime Bofill; derecho público, con Ignacio Grangel y Alfonso Codes; así como derecho laboral, con César Navarro, y derecho concursal, con Nacho Fernández Aguado», remarca.

En todas estas áreas el trabajo del área procesal penal suele ser transversal, sobre todo con el asesoramiento en materia de compliance donde solemos realizar desarrollos a medida. El mensaje que lanzamos a todos nuestros clientes es que trabajen mucho en la prevención del fraude porque luego los asuntos se judicializan y no se sabe cómo van a acabar. La prevención debe estar desde el colegio en toda la sociedad. Junto con la cultura del esfuerzo es lo que hace crecer a un país».