Expertos advierten del problema que supone la politización de la justicia: «Hay que volver al sistema originario del CGPJ»

Hay Derecho, organización sin ánimo de lucro que lucha por el buen gobierno, contra la corrupción y por la transparencia pública, ha elaborado el Informe “Midiendo el Estado de derecho: antes y después de la pandemia”, en colaboración con la Cátedra de Buen gobierno e Integridad de la Universidad de Murcia.

Se trata del primer informe que analiza el Estado de Derecho Español a partir de la recopilación y análisis de datos públicos, de la Administración principalmente, poniendo de manifiesto los efectos que ha provocado el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ofreciendo una visión del deterioro del Estado de derecho y el impacto que ello ha tenido en la ciudadanía. [Acceder al informe]

Entre las situaciones analizadas, el Informe hace hincapié en la politización de la justicia y su impacto en la eficacia del sistema judicial, así como que uno de los grandes problemas que tiene el Poder Judicial de nuestro país es la interferencia del Poder Ejecutivo en él, a través del repunte de concesiones de indultos -carentes de acuerdo político- en los últimos años y, especialmente a las críticas vertidas por algunos políticos a los jueces, de manera personal y colectiva. Esta deslegitimación por parte de un poder del Estado a otro puede ser sintomática del deterioro del Estado de Derecho.

Ante la preocupación por los datos y conclusiones recogidos en el informe, Economist & Jurist ha podido charlar con Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho y codirectora del informe con el fin de conocer su opinión respecto a ciertos temas tratados en el documento.

Pleno del Consejo General del Poder Judicial. (Foto: CGPJ)

Economist & Jurist (E&J). – ¿Existe, realmente, en España separación de poderes?

Elisa de la Nuez (E.N). – Sí que existe separación de poderes, lo que el informe pone de relieve es que hay ataques y riesgos en esa separación de poderes por la politización del CGPJ y por la situación en la que se encuentra ahora mismo. Hay que diferenciar entre el órgano de gobierno de los jueces (el que presenta los problemas de bloqueo y politización) y los jueces (que son independientes y profesionales) porque no todo está politizado. El órgano de gobierno de los jueces sí que está politizado en la medida en la que nombran a los magistrados del Supremo y a los presidentes de los Tribunales Superiores.

(E&J). – El informe recoge que el origen del problema de la dependencia del CGPJ, y del órgano de gobierno de los jueces, radica en la modificación del sistema de elección de sus vocales. ¿Qué modificación propondría para el sistema de vocales del CGPJ?

(E.N). – Volver al sistema originario del primer Consejo General del Poder Judicial en el que la mayoría de los vocales son elegidos por procedencia judicial, viene siendo por jueces y magistrados y no por los políticos. Esta opción es también la recomendada desde la Unión Europea.

(E&J). – Ante la politización que está sufriendo el Poder Judicial español, cabe rescatar algunas medidas existentes llevadas a cabo en otros países, como es el caso de Estados Unidos donde los magistrados poseen carácter vitalicio, con el objetivo de garantizar la libertad de los magistrados y la no influencia política en la toma de sus decisiones.  ¿Deberían los magistrados del Tribunal Constitucional de España, instancia judicial más politizada del Estado, obtener carácter vitalicio para evitar dicha politización?

(E.N). – El tema real, en nuestro país, es que los partidos tienen que dejar de nombrar a los órganos constitucionales por cuotas de partido como ocurre en la actualidad. La realidad que se vive es totalmente perversa porque nuestra Constitución lo que busca es que haya un gran acuerdo entre todos los partidos para nombrar los perfiles. Los partidos tienen que alcanzar un consenso sobre las personas a ser nombradas en base a su perfil profesional. El problema no es lo que dice la Constitución, sino lo que han hecho los partidos.

Elisa de la Nuez (Foto: La Verdad)

(E&J). – La imposibilidad de realizar nombramientos por parte del CGPJ ha perjudicado directamente al funcionamiento ordinario del Supremo cuya plantilla se ha visto por debajo del porcentaje legalmente previsto y, además, ha reducido la capacidad para dictar sentencias, aumentado la duración de los procesos judiciales. ¿Se debería promover alguna reforma constitucional para introducir un plazo de fecha límite cuando, en casos como este, cuando no se renueve el CGPJ este se turne de manera automática?

(E.N). – Sinceramente, yo no tocaría la Constitución porque a esta no le pasa nada. Lo que hay que hacer es quitar este sistema de reparto de cuotas partidistas porque el verdadero problema es la politización del Consejo.

(E&J). – ¿Considera la insaculación un buen método alternativo en caso de que los partidos políticos no lleguen a un acuerdo para renovar el CGPJ?

(E.N). – Sí, si no son capaces de llegar a ningún acuerdo creo que al final el sorteo tiene la ventaja de acabar con el bloqueo del CGPJ. Pero debo destacar que lo fundamental es cortar la vinculación de los nombrados con los partidos.

(E&J). – ¿Sería conveniente una reforma legislativa penal que impidiese, o al menos frenase, que los magistrados y jueces fueran deslegitimados y acusados veladamente de prevaricación de manera pública por ciertos miembros del Poder Ejecutivo?

(E.N). – No hay inconveniente en criticar las sentencias, el problema es que critican a los jueces. Una cosa es coger una sentencia y opinar que determinados puntos de esta o el fallo en sí le parecen correctos o incorrectos exponiendo sus argumentos, y otra muy distinta es acusar a los jueces de fachas o machistas. La crítica a la sentencia es legítima, pero no la descalificación a los jueces a título personal ni como colectivo.

Lo que no se puede es cometer excesos en materia de libertad de expresión, pero por suerte nuestras leyes están preparadas para evitar esos excesos. Nuestro ordenamiento jurídico posee mecanismos suficientes para reaccionar ante estos ataques. No soy partidaria de reformas legislativas que son obvias, es decir, a mi juicio no es necesario regular las cosas que son obvias como lo es que no se puede acusar a un juez de prevaricación.