Expertos, inversores y CNMV creen que la idea del Gobierno de ampliar el «escudo antiopas» frenará la inversión extranjera

El Gobierno aprobará una prórroga de dos años, hasta finales de 2024, del conocido como ‘escudo antiopas’, con el que se suspende el régimen de liberalización de inversiones extranjeras directas en empresas españolas en determinados sectores considerados estratégicos.

Esta medida se puso en marcha en 2020, en plena pandemia, para proteger a las compañías de sectores clave de ofertas extranjeras, según indican fuentes gubernamentales.

La medida, que da al Ejecutivo la posibilidad de vetar la entrada de capital foráneo en dichos sectores, caducaba el 31 de diciembre de este año y se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. (Foto: EFE/Zipi)

Además, incrementa su potencia de fuego, al aclarar que dentro de este escudo entrarán también las ventas de activos, operaciones muy frecuentes en el sector energético y en infraestructuras.

En este contexto, desde la propia CNMV, distintos inversores y juristas consultados por Economist & Jurist creen que esta medida puede suponer un freno a la inversión extranjera en estos momentos porque la situación generada por la pandemia ya es pasado y hay que buscar una normalización.

El escudo antiopas se mantiene

José María Viñals, socio de Comercio Internacional y Sanciones de  Squire Patton Boggs en España, aclara que ”el llamado escudo ‘antiopas’ se ha convertido en instrumento clave de valoración y potencial veto de las autoridades españolas en la inversión y toma de posiciones en el accionariado por parte de grupos extranjeros en empresas estratégicas como -entre otras- las energéticas, biotecnológicas, de infraestructuras o telecomunicaciones”.

José Maria Viñals, socio de Squire Patton Boggs: “La nueva prórroga anunciada por el Gobierno sigue las directrices de la UE así como la de otros Estados Miembros, que vigilan las recientes tensiones comerciales y geopolíticas así como al conflicto entre Rusia y Ucrania” (Foto: Squire Patton Boggs)

Para este experto, “esta medida de control de la inversión extranjera tiene un claro trasfondo de seguridad nacional y evitar que los activos estratégicos patrios caigan en manos equivocadas o que puedan suponer un riesgo”.

También aclara que “las operaciones que se revisan no solo tienen que estar relacionadas con determinados sectores sino también tener la suficiente transcendencia económica y de control sobre la sociedad objeto de la inversión, que suponen un pequeño número de operaciones en comparación con la inversión total recibida en España”.

Viñals recuerda que esta medida, cuyo origen se sitúa en los inicios de la pandemia, se tomó de forma consensuada y alineada con otros países de la UE.

“De esta forma, el mecanismo de protección de inversiones nació con el objetivo inmediato de ofrecer protección a sectores y empresas clave para el interés nacional, frente al posible abuso de la caída de los precios generalizados en los mercados de valores”, subraya el experto.

En su opinión, “tras la recuperación parcial del mercado, todo apunta a que la actual motivación responde al riesgo de que potenciales inversores extranjeros se hagan con el control de empresas estratégicas, tales como Prisa, Telefónica o Naturgy. De esta forma, la Unión Europea se alinea con los mecanismos de control de inversiones que tiene en vigor los EEUU”.

“La nueva prórroga anunciada por el Gobierno sigue las directrices de la UE así como la de otros Estados Miembros, que miran muy de cerca las recientes tensiones comerciales y geopolíticas así como al conflicto entre Rusia y Ucrania” comenta.

Este experto recuerda que “estos hechos han causado trastornos económicos y sociales, que han llevado -una vez más- a la volatilidad de los mercados así como al riesgo de que fondos y multinacionales extranjeras aprovechen dicha situación para hacerse con activos y servicios clave de suministro y seguridad ciudadana”.

Al mismo tiempo es consciente que esta decisión ha despertado numerosas voces discrepantes en el sector financiero, las cuales consideran esta medida como una intrusión en el libre mercado.

“Entre ellas, se encuentra la CNMV, que ha criticado duramente esta decisión, no solo recomendando su cese, sino tildando esta situación de anomalía financiera. Así, su presidente, Rodrigo Buenaventura, ha reiterado la importancia de mantener la apertura a la inversión exterior, calificándola como «un valor en sí mismo”, indica.

A su juicio, “existe el temor que pueda generar esta diversidad de opiniones, parece claro que esta decisión podría suponer un arma de doble filo, puesto que la finalidad de protección a las empresas más vulnerables a las que la norma se encuentra orientada podría colisionar con una rápida recuperación económica.”

Para este experto, “sin embargo, en el contexto volátil y de fragilidad geopolítica en la que nos encontramos, los EEUU y la UE han parecido trazar estrategias comunes de proteccionismo e intervencionismo de mercado, bajo la bandera de la seguridad nacional”.

Ralentizar operaciones de M&A

Para Ramón Ruiz de la Torre, socio de Martinez-Echevarría Abogados, cree que es importante conocer la redacción definitiva de dicha prórroga “dado que frente al enfoque inicial en marzo de 2020, en las sucesivas prórrogas se fueron introduciendo matizaciones de calado en cuanto por ejemplo la definición o a los sujetos afectados por la norma”.

Ramon Ruiz de la Torre, socio de Martinez-Echevarria Abogados: “Esta prórroga puede lastrar las operaciones de M&A en los próximos meses” (Foto: Martínez Echevarría)

Este jurista señala que si partimos de una mera extensión temporal hasta finales de 2024, su opinión se centra en tres áreas.

En primer lugar aborda la cuestión de “fusiones y adquisiciones, un claro impedimento a las grandes operaciones corporativas desde el otro lado del Atlántico o con origen en China, por la injerencia política de la aprobación necesaria y el largo lapso temporal, hasta finales de 2024”.

Para este jurista, “de manera que los fondos de private equity o los grandes industriales de EE.UU, con un dólar especialmente fuerte frente al Euro y a las que las compañías europeas les salen “baratas” (35% efecto tipo de cambio) además del impacto en valoración por el momento económico pueden, directamente, decidir que no invierten en España país con riesgo político y se van a otra jurisdicción más amable por muy “baratas” que las compañías target estén”.

Desde esta perspectiva, cree que dichos fondos “y alternativamente adoptarán  una postura de wait and see siguiendo como se desenvuelve la economía Española a nivel macro en el año 2023 y ya volveremos en el 2024, cuando sepamos si tenemos un nuevo gobierno más “centrado” con el que sea más fácil gestionar la autorización (a sumar a las de competencia a nivel EU y España.., CNMV en caso de OPA en España y otras posibles sectoriales).

“En definitiva, existe un riesgo adicional para el “sector del gran M&A” de ser un año directamente perdido por las circunstancias actuales de ralentización a las que metemos el palo en la rueda de una autorización del Gobierno”, aclara.

Respecto a las “operaciones de rescate con restructuración y/o venta de unidades productivas por importe superior a 500 millones de euros, además de la gestión del proceso a nivel de Juez del Concurso, se pregunta si no podremos ejecutar y por tanto la compañía “target” se desangra sin que se puede llevar a cabo el rescate esperando una autorización del gobierno difusa y oscura. Y esperemos que no arbitraria.”

A mismo tiempo, destaca que “también estamos dejando potenciales adquirentes fuera de la ecuación y perjudicando a los acreedores del concurso maximizar la recuperación de sus deudas frente a la concursada…. Menos competencia.

A juicio de este jurista, “también hay que ver la problemática de nuevos casos así se pregunta la opción de que Endesa sea comprada por una compañía pública de la UE. Con clara ventaja respecto a otros bidders de fuera de la UE…

En su opinión, “lo importante es que extender el blindaje en este momento es muy cuestionable una vez que “se supone” los efectos del a pandemia, gracias a Dios, a nivel empresarial ya han pasado, otra cosa es que se utilice como excusa la pandemia para enmascarar una crisis económica o “bache” estadístico; o simplemente se trata de una “medida” a la carta para proteger a determinado grupo de comunicación en un año electoral.”.

“Pero claro, afecta a todos los operadores del mercado. Lo que se llama efectos o “daños colaterales” que lamentablemente este gobierno no parece medir y ejemplos los tenemos en recientes normas publicadas y que han causado alarma social y, lo que es peor, clara indefensión a quienes se pretendía proteger, destaca.

Una medida de difícil justificación

Por su parte, Rodrigo Martos, socio responsable de M&A de Fielfdfisher en España, recuerda que “pese a que la situación económica sigue siendo convulsa, la situación de las empresas cotizadas es ahora mucho mejor lo que dificulta justificar una medida que restringa la inversión en España con base en los mismos criterios que dieron origen al actual escudo anti-OPAS”.

Rodrigo Martos: “Las políticas proteccionistas no ayudan a la inversión extranjera y a la seguridad jurídica de los inversores” (Foto: Fieldfisher)

Martos advierte que “un mercado de capital fuerte, transparente y estable es una atractivo para inversores y, desde luego, medidas como la prórroga del escudo anti-opas no son, en general, adecuadas para fomentar la inversión en nuestro mercado”.

Al mismo tiempo, señala que “las políticas proteccionistas no ayudan a la inversión extranjera y a la seguridad jurídica de los inversores que quieren estar en un mercado en el que puedan maximizar el retorno de sus inversiones maximizando la plusvalía de las mismas”.

En este contexto, este jurista cree que “se trata de eliminar trabas burocráticas, eliminar obstáculos, normalizar el régimen de control de inversiones y dotar de transparencia y los más altos estándares internacionales a nuestro mercado regulado es esencial para atraer inversiones que son claves”.

En su opinión, “más que una prórroga, la norma requiere de una revisión profunda con las participaciones de los diferentes actores en el mercado para proteger aquellos sectores verdaderamente estratégicos ante verdaderas situaciones de riesgo evitando la improvisación y la extensión de medidas que ya no se justifican”.

Rodrigo Martos recuerda que “es cierto que un mercado de capitales que no esté abierto a la inversión extranjera es un mercado débil pues sus competidores son globales y esto afecta a la capacidad de financiarse a través del mismo a aquellas compañías que han optado por cotizar allí y, por ende, su capacidad de crecimiento y su competitividad en un momento clave”.

En este contexto, cree que “el sistema de control adecuado es probablemente inevitable en ciertos casos y en estos momentos complejos, pero debe ser siempre temporal y muy medido por lo que el mensaje de precaución y alerta de la CNMV respecto de las consecuencias negativas de la prórroga de la norma anti-opas debe ser bienvenido y tenido muy en cuenta”.

A juicio de este experto, “hay que darse cuenta que el mercado a recuperado sus valores y está lejos de la situación de 2020, pero afronta un momento muy delicado del que sólo los fuertes saldrán reforzados y en el que los inversores internacionales jugarán un papel muy importante”.

Un control de inversiones poco razonable

Por su parte, Rafael Baena, socio de Derecho de la Competencia y de la UE en Madrid del despacho Ashurst, considera que “las normas de control de inversiones por parte de operadores extracomunitarios son mejorables (y ya se están dando pasos en ese sentido), pero también son básicamente homologables a las que existen en otros países europeos”.

Rafael Baena: “Es difícil justificar el control de las inversiones procedentes de otros países de la UE en España en estos momentos“ (Foto: Ashurt)

Desde su punto de vista, “el mantenimiento de las normas que controlan inversiones extranjeras en España por parte de inversores de otros estados miembro de la UE es difícilmente justificable y sostenible”.

De hecho, mientras que está claro por qué se han introducido normas de control de inversiones por parte de empresas de fuera de la UE, resulta difícil de entender los motivos por los que en España preocupan las inversiones de nacionales de nuestros socios, más aún cuando tenemos obligaciones adquiridas hace décadas en el marco de la UE para no discriminarles respecto a los ciudadanos españoles”.

En su opinión, “el régimen de control de inversiones extranjeras en España ha llegado para quedarse, pues responde a la necesidad, común en economías abiertas, de proteger sectores estratégicos en un contexto muy incierto, al tiempo que alinea nuestro país con la situación en el resto de economías desarrolladas, evitando posibles discriminaciones por falta de reciprocidad”.

Para Baena, “sin embargo, y por lo que se refiere a las normas sobre control de inversiones por parte de ciudadanos y empresas de la UE, en mi opinión, su retirada no solo sería una buena noticia, sino que es un imperativo jurídico y político”.