Expertos penalistas avisan sobre la deriva del Legislativo: «Las reformas exprés rompen la seguridad jurídica y fomentan la corrupción»

Este jueves, el Senado aprobará vía enmienda la supresión del delito de sedición y la creación de un tipo menos lesivo en cuanto a la malversación de fondos públicos. Unas reformas para las que no se ha consultado a los expertos ni ha habido audiencia pública, tal y como Economist & Jurist ha revelado en varias informaciones.

A las críticas de jueces y fiscales que han cuestionado el uso desmedido del Código Penal en nuestra sociedad, se ha unido la de la Unión Española de Abogados Penalistas, asociación presidida por Victor Moreno, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid y abogado, que aglutina a notorios expertos del país.

En esa asociación cuenta con juristas como el propio Víctor Moreno; el exmagistrado de la Audiencia Nacional y socio de Uría Menendez Carlos Bueren; Angela Coquillat, abogada y secretaria general de la Asociación; o Luis Rodriguez Ramos, catedrático de derecho penal.

De izda a dcha: Angela Coquillat,, Victor Moreno y Luis Rodriguez Ramos (Foto: Luisja Sánchez/E&J)

Junto a ellos el abogado Francisco Mª Baena Bocanegra, Fermín Morales, catedrático de Derecho Penal de la UAB; Jesús Urraza, socio de Garrigues; Carmen Sánchez abogada y miembro permanente y vitalicio de la Sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación.

A ellos hay que añadir a Encarnación Molino  que dirige el área penal de Montero Aramburu Abogados; , Iratxe Mendieta , Socia Fundadora de Urraza, Mendieta & Asociados,  y María Gutiérrez socia de Oliva-Ayala Abogados han hecho público una declaración publica mostrando su disconformidad con estas reformas .

Existe riesgo de una quiebra de los cimientos de nuestra convivencia conforme a los principios consagrados en nuestra Constitución de 1978, por el deterioro jurídico e institucional por el que atraviesa el país

En esa declaración, estos abogados recuerdan el papel de la Constitución de 1978 en nuestro sistema democrático, que ha hecho de nuestro país un Estado de Derecho homologable a los más modernos sistemas jurídicos de nuestro entorno.

“Abandonando la idea del viejo régimen del Estado como bien superior y centrando en la ciudadanía la organización jurídico-política, nuestra Constitución desplegó un soberbio tejido institucional asentado sobre el principio de separación de poderes y de proporcionalidad, pilar inquebrantable de un Estado sometido a la Ley y al Derecho”, comentan en el comunicado.

Al mismo tiempo, destacan que “el cuidado y fortalecimiento de las instituciones que han traído a nuestro país la mayor época de paz y prosperidad conocida de los últimos 350 años es responsabilidad de todos, pero muy especialmente de los representantes políticos, tanto de las mayorías como de la oposición, y especialmente de quienes tienen responsabilidades de gobierno, sea en el Ejecutivo, en el Judicial o en el Legislativo”.

Victor Moreno, presidente de la UEAP (Foto: UEAP)

Reformas preocupantes

Frente a este escenario, los abogados firmantes de este manifiesto, “muestran su preocupación por las últimas reformas del Código Penal, especialmente tanto o mas en el modo en el que se realizan”.

Para estos juristas, dichas reformas pueden generar “el riesgo de una quiebra de los cimientos de nuestra convivencia conforme a los principios consagrados en nuestra Constitución de 1978, por el deterioro jurídico e institucional por el que atraviesa el país”.

Estos expertos destacan cuatro aspectos claves en la situación actual:

1.- Indiferencia por los principios básicos del sistema penal

En primer lugar, indiferencia por los principios de fragmentariedad y subsidiariedad. La reforma operada por Ley Orgánica 10/2022 ha causado estupor en la comunidad jurídica.

La ausencia de claridad en la selección del bien jurídico y la errática propuesta de tutela que subyace ha llevado a mezclar bajo un mismo marco penal categorías del bien jurídico y modalidades de ataque que en nada se parecen.

Eso ha dado como resultado una rebaja de los marcos penales, que ha provocado el indeseado efecto de una aplicación retroactiva de la ley penal más beneficiosa que subraya un déficit grosero de proporcionalidad entre la gravedad del acto y la levedad de la pena.

También indican la indiferencia hacia un marco coherente y estable de política criminal como barrera infranqueable del Derecho penal.

Por eso se han propiciado reformas penales puramente políticas, con la mente puesta en determinados colectivos de personas y no en el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, sometido a proporcionalidad.

Así sucede, claramente, con la reforma del delito de sedición y la reforma del delito de malversación de caudales públicos. Tratar de negar la evidencia solo ayuda a pervertir principios y categorías jurídicas que deben estar solamente al servicio de la seguridad jurídica de todos y de la máxima protección de los derechos fundamentales.

Otra cuestión que destacan es la indiferencia hacia el principio de legalidad, ignorando que los problemas generados por la aprobación de normas penales deficientes no se arreglan con parches, que generarán unas normas intermedias que son imposibles de soslayar.

«Indican la indiferencia hacia un marco coherente y estable de política criminal como barrera infranqueable del Derecho penal» (Foto: Edu Botella/Europa Press)

Al mismo tiempo, revelan la indiferencia por el principio de autonomía del Ministerio Fiscal, tras asistir a la emisión de un precipitado Decreto del Fiscal General del Estado que pretende negar la evidencia, como si fuese misión de la Fiscalía enmendar al legislador, en lugar de actuar como garante del principio de legalidad.

2.- Falta de debate en las reformas penales

Estos expertos revelan que las últimas reformas penales, ad hoc para conseguir objetivos políticos inmediatos, han prescindido del debate previo por medio de proposiciones de ley de los grupos políticos que están en el Gobierno, y en algún caso acreciendo al debate parlamentario como enmiendas a proyectos de ley que nada tienen que ver con el debate de reforma penal y han permitido incluso reproches de inconstitucionalidad.

3.- Sin informes consultivos de instituciones

Al mismo tiempo, señalan que en estas reformas “a la carta” se ha prescindido de los trámites de informe del Ministerio de Justicia (en donde se incardina una orillada Comisión General de Codificación), del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado o del Consejo Fiscal, con el resultado de nuevas normas penales muy deficientes técnicamente y con problemas aplicativos indeseados.

4.- Deterioro institucional notable

Otra cuestión que subrayan estos juristas es que este tipo de reformas trastorna la convivencia ciudadana porque las propuestas que vinculan la renovación de órganos constitucionales, o la reforma del poder judicial mismo, a intereses políticos en lugar de vincularla al interés general.

Para estos expertos, las desafecciones de la ciudadanía hacia las normas impactan negativamente en el cumplimiento espontáneo del Derecho y son el germen de desobediencias colectivas y desafíos al Estado de Derecho.

Desde la Unión Española de Abogados Penalistas se muestra preocupación por las convulsiones que se están produciendo en nuestro sistema de justicia, porque se alejan del interés general, de cada uno de los ciudadanos, y atienden exclusivamente a las ventajas que en el corto plazo puedan obtener cada una de las posiciones políticas.

En opinión de estos juristas, «en el proceso de elaboración de las Leyes no cabe la precipitación, que es enemiga del Derecho y, más aún, es la mayor enemiga del Derecho Penal y no se puede prescindir de las razones que rigen las reformas, que siempre se habrán de explicar y justificar”.