Jesús Villegas, magistrado: “La Justicia no se puede convertir en moneda de cambio en la formación del nuevo Gobierno”

Veinticuatro años como magistrado y trece como una de las caras visibles de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, (PCIJ) la actividad del magistrado Jesús Manuel Villegas se ha centrado en denunciar los problemas de nuestra Administración de Justicia y en defenderla del poder político a lo largo de estos años.

En este contexto de incertidumbre política, donde no se sabe si habrá nuevo Gobierno o se tendrá que ir de nuevo a elecciones, Jesús Villegas muestra su preocupación por que la justicia se convierta en una moneda de cambio y que pueda ser una víctima de las demandas del independentismo catalán. Tememos que se sacrifique la justicia en la mesa de negociaciones”.

En ese escenario, la propia PCIJ ha presentado un estudio sobre los Consejos Autonómicos, una idea del independentismo para controlar más la justicia. “Es cierto que el Tribunal Constitucional ya dijo que era inconstitucional, pero quien hizo la ley, hizo la trampa y se puede retomar la misma idea con algún cambio”

Junto a ello reconoce que “se habla de endurecer los requisitos para que los jueces que no son de Cataluña que quieran ejercer allí, se les exija el C-1 de idioma catalán. Otro despropósito, cuando habría que fomentar que muchos jueces quisieran ir a esta comunidad autónoma”.

Poco antes del adelanto electoral esta Plataforma organizó un debate con distintos operadores jurídicos “creo que las conclusiones han sido claras, la justicia va mal. Esa sensación también se traslada a la sociedad y que su situación es insostenible. Posiblemente sea uno de sus peores momentos, aunque la impresión es que podríamos llegar al colapso de este servicio público en los próximos meses”.

Villegas teme que el servicio público de justicia podría llegar al colapso en los próximos meses. (Foto: Archivo)

Para Villegas “la justicia tiene una enfermedad crónica y ahora mismo los síntomas se agravan y mucho nos tememos que este paciente entre en estado de postración. Ahora todos estos problemas están afectando al normal funcionamiento de la Administración de Justicia y pueden convertirse en estructurales”.

En este escenario el secretario general de la PCIJ muestra su preocupación por la paralización del CGPJ “que ya está afectando a la actividad cotidiana con muchos puestos en el Tribunal Supremo sin cubrirse”.

En su opinión,·el Estado español está a la deriva, fruto de esta politización y en una situación de ilegalidad internacional con consecuencias prácticas terribles. En primer lugar, porque los actos jurídicos que provienen del CGPJ corren el riesgo de ser anulados ante la jurisdicción internacional”.

Al mismo tiempo, recuerda “que vivimos en España un problema con el separatismo muy grave, tenemos prófugos que se reclaman fuera de nuestras fronteras. Existe el riesgo de que esos prófugos, enemigos del Estado, acudan a la justicia internacional para decir que los tribunales españoles no son independientes porque están politizados”.

La ministra que rechazan todos

Desde su punto de vista, la situación actual generada por la falta de previsión del Ministerio de Justicia “ha generado distintos conflictos laborales, en forma de huelgas, primero los secretarios judiciales, LAJs; luego el amago de los jueces y fiscales y a continuación los paros y huelgas generales que han golpeado de forma brutal la Administración de Justicia”.

En su opinión, “la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha tenido la rara habilidad de poner a todo el mundo en contra de ella. No creo que desde que entramos en la democracia haya habido una ministra con tanto rechazo generalizado. Por desgracia, este Ministerio pinta poco en el Consejo de Ministros”.

Para este magistrado, “las huelgas sufridas generan el consenso entre los operadores jurídicos de la situación de colapso que vive nuestra Administración de Justicia. Todos los sectores señalan que la justicia no funciona en estos momentos”.

En este escenario, “ya tenemos identificados los problemas y hay que actuar científicamente para resolverlos en los próximos años. El primer problema que tenemos es la politización de la justicia. A nuestro juicio es el más grave que tenemos en estos momentos”.

Pilar Llop, ministra de Justicia. (Foto: UE)

Para Villegas, otra cuestión pendiente por resolver “es la falta de medios de la justicia, una constante en estos últimos años. Las huelgas y esas reivindicaciones son una consecuencia de esta falta crónica de medios que repercute en el trabajo digno de todos los profesionales de la justicia”.

Como tercer problema, a consecuencia de la politización, “es el funcionamiento del CGPJ, que se ha bloqueado y que se ha convertido ahora en un ente presidencialista y que no sirve para los fines que fue diseñado. Así se manifiesta en los nombramientos de los altos cargos judiciales, donde no hay garantías que obedezcan al mérito y a la capacidad. Eso hace que los ciudadanos pierdan la confianza en esta entidad”.

Villegas analiza al nuevo presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, y señala que “ha decapitado de forma sumaria a los miembros de la Comisión Permanente de esta institución por sustituirlos por otros. Aquí hay un problema de fondo como órgano presidencialista que es de funcionamiento deficiente. En ocasiones parece como una cámara parlamentaria en miniatura”.

Un CGPJ muy presidencialista

Esta visión del CGPJ presidencialista cree que arranca años atrás, “con el propio Carlos Lesmes, que al inicio de su mandato dejó claro que con los jueces había que combinar el palo con la zanahoria en unas desafortunadas declaraciones. Y así seguimos por el momento, sin posibilidad de cambio”.

Desde su punto de vista, el CGPJ tendría competencia para dictar un nuevo reglamento de nombramientos discrecionales donde se objetiven los cargos. “Ya nuestra Plataforma les remitió una propuesta para que lo asumieran. En un curso reciente celebrado en Galicia por el CGPJ donde acudí, los anime a que fueran valientes, pasaran a la historia y aprobaran el citado reglamento”.

Vicente Guilarte, presidente del CGPJ. (Foto: CGPJ)

Sobre este reglamento planteado al CGPJ, Villegas señala que incluso en esta situación de interinidad es un buen momento para aprobarlo con sosiego. “Tiene varias ideas, pero dos fundamentales. La primera, que se objetive mediante méritos tasables los criterios hasta en un 75%, quedando 25% discrecional, distinto del modelo actual, donde la valoración de los méritos es cien por cien discrecional”

Y el otro elemento sería “establecer una cláusula de incompatibilidad en cuanto a que algún vocal del CGP tuviera que decidir de un candidato que perteneciera a su misma asociación judicial se abstuviera. Es una cláusula de protección de las asociaciones, a las que se las acusa injustamente de participar en este reparto de cargos”.

En su opinión “con una iniciativa de este tipo se podría quitar el estigma y la sospecha de que los miembros del CGPJ son una correa de transmisión de los grupos políticos. Tienen que atreverse a hacerlo. No entiendo por qué no lo hacen cuando pueden hacerlo”.

¿Como salir de la politización de la justicia?

Respecto al debate sobre la politización de la justicia, las posiciones se dividen entre los partidarios de la reforma de la LOPJ primero y los que creen que lo prioritario sería renovar el CGPJ casi cinco años bloqueado. “Hay que hacer las cosas al mismo tiempo, pero si nos ponemos en un dilema, lo más fácil es cambiar la ley porque requiere 176 votos del Congreso, mientras que para la elección de los vocales son 210, 3/5 de los diputados”.

Villegas advierte que en la actualidad “el proceso de renovación no sería posible porque está caducado. Atendiendo al reglamento de funcionamiento de la Cámara Baja, ese proceso habría que iniciarlo de nuevo. Esa es una consideración de tipo formal, pero hay otras sustantivas de fondo. Ahora han entrado nuevas promociones de jueces que no estaban cuando ese proceso de renovación se inició con lo cual se priva de una expectativa de participación a estos jueces en el proceso de elección de los vocales”.

Al mismo tiempo, el portavoz de la PCIJ recuerda que “el currículum de los candidatos ha cambiado en estos años, algunos fallecieron incluso. El panorama ha cambiado bastante en estos momentos”.

Respecto a la situación de “ilegalidad” del Estado español apuntada por Villegas, señala que “ya hay una jurisprudencia que dice que el CGPJ no puede depender de las cámaras políticas. Esto es un peligro y puede generar sentencias adversas en los tribunales internacionales. Sentencias que podrían aprovechar los independentistas catalanes, lo que sería preocupante”.

Villegas también cree que hay otro tema jurídico a resaltar: “Cuando se estableció la reforma de la LOPJ que permitió que la totalidad de los vocales fueran elegidos por las cámaras parlamentarias, el Tribunal Constitucional se pronunció tras recurso del PP, y dijo que podría ser respetuoso con la Constitución siempre que los grupos parlamentarios lo utilizaran de forma respetuosa y el CGPJ no se convirtiera en una reproducción de las luchas parlamentarias. Pero esta condición no se ha cumplido”.

“Desde este contexto la ley que modificó el CGPJ adolece de una inconstitucionalidad sobrevenida”, advierte.

El problema de los nombramientos de los vocales del CGPJ parece que se cronifica. “PP y PSOE son incapaces de ponerse de acuerdo en nada y alcanzar esos 176 votos en el Congreso para reformar la ley y 210 para los nombramientos de vocales de CGP, hoy por hoy parece inviable”.

Para Villegas, “lo que sería peligroso es que PP Y PSOE se pusieran de acuerdo para hacer una lista de amigos, gente afín y renovar el CGPJ como un traje a medida para los dos. Si se renovase el CGPJ sin modificar la ley para colocar a sus amigos me parecería algo lamentable. Se insiste en renovar el CGPJ antes que la ley porque hay mucha gente que quiere cargos”.

El magistrado pide a los grupos parlamentarios que asuman un compromiso para elegir a los vocales del CGPJ que previamente hubieran sido votados por la carrera judicial.  (Foto: Congreso de los Diputados)

Urge un ‘pacto de caballeros’

Desde su punto de vista, “si no podemos reformar la ley y hay que renovar el CGPJ, lo que habría que hacer es pedirles a los grupos parlamentarios que asumieran un compromiso para que hubiera unas votaciones, como las que organizo PCIJ en el año 2013 dentro de la carrera judicial, y que en ese compromiso los grupos políticos eligieran los vocales que hubieran sido seleccionados por los propios jueces en la parte que reserva la Constitución”.

A su juicio, esta iniciativa “supondría un pacto de caballeros. El compromiso de elección de esos 12 vocales judiciales que previamente hubieran sido votados por la carrera judicial. Por cierto, esta fue otra propuesta que desde nuestra Plataforma se hizo al CGPJ”.

En su opinión, “es el momento de que los partidos políticos tengan la suficiente apertura de miras y sentido de Estado y hacer borrón y cuenta nueva. Se trata de crear un sistema de elección de vocales que quizás no beneficie a estas formaciones políticas y que pudiera tener una cierta pervivencia en el futuro si se cambiasen esas reglas del juego. El problema es la mentalidad tan cortoplacista que tienen nuestros dirigentes políticos en estos temas”.

Para Villegas, “el hecho de obtener un cargo afín para hoy, significa que el día de mañana cuando no tenga esa capacidad de influencia pueda tener un cargo hostil hacia mí. Ahora un pacto PP/PSOE podría ser interesante para cambiar la LOPJ, otra cosa es que fuera útil para la renovación de los vocales del CGPJ si no hay un pacto de caballeros para que elijan a esos candidatos votados previamente por los jueces”.

Jesús Villegas se muestra convencido de que el último reducto de las instituciones constitucionales somos los jueces. “La creación de un Consejo Autonómico Judicial en Cataluña no sería una buena idea y podría hacer la vida imposible a muchos jueces que no comparten esa ideología independentista, en materia de vacaciones, permisos o licencias en el caso que tuviéramos algún familiar enfermo y hospitalizado. El clima que se podría crear sería de hostigamiento y mobbing institucional”.