José María Macías, vocal del CGPJ: «Ni el Derecho ni el Estado de Derecho van con este Gobierno»

Ni el Derecho ni el Estado de Derecho van con este Gobierno. Así lo afirma a Economist & Jurist José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y magistrado en excedencia que actualmente ejerce la abogacía.

En esta entrevista aborda, entre otros asuntos, la ley de amnistía, la filtración por parte de la Fiscalía de la intención de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de llegar a una conformidad con el Ministerio Público que investiga su caso, y la revelación que hizo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre sus datos fiscales.

Licenciado en Derecho con premio extraordinario por la Universidad Autónoma de Barcelona, Macías ingresó en la carrera judicial en 1990 y ha ejercido en la jurisdicción civil, penal y principalmente en la Contencioso-Administrativa, siempre en Cataluña.

Ha desempeñado funciones gubernativas como miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha sido director general de asuntos contenciosos de la Generalidad de Cataluña entre  2002 y 2003, y profesor asociado de Derecho Orgánico Judicial en la Escuela Judicial de España. 

En 2005 solicitó la excedencia voluntaria para incorporarse como socio a un importante despacho de abogados. Además, lleva más de 30 años en la docencia, es profesor asociado de Derecho Administrativo y de la Unión Europea de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

E&J: ¿Qué análisis hace del dictamen final de la Comisión de Venecia?

J. M. M.:  La conclusión es que la amnistía no tiene, en absoluto, el aval de la Comisión de Venecia. El dictamen definitivo ha reforzado mucho más esta conclusión.

Economist & Jurist (E&J): ¿Qué opina de que el Proyecto de Ley de amnistía se aprobara en el Congreso con urgencia, pese al aviso de la Comisión de Venecia y sin el apoyo de la oposición, aunque se requiera?

José María Macías (J. M. M.): El hecho es grave por sí mismo, por lo que implica de ruptura del marco constitucional y el manifiesto desprecio al consenso constitucional que esto supone. Además, un consenso constitucional que no es sólo ya una fabulación de los padres de la Constitución, sino que la Comisión de Venecia, en ese borrador que filtró el Gobierno, alertó de la necesidad de que sobre una medida de esta naturaleza haya un amplio consenso.

«El cinismo con el que Bolaños ha intentado apoyar una ley que no cuenta con consenso de ningún tipo y con el que ha pretendido encontrar apoyo en el borrador que se lo niega evidencia que les da igual lo que opine el pueblo español y si hay consenso o no»

El cinismo con el que Bolaños ha intentado apoyar una ley que no cuenta con consenso de ningún tipo –al menos el exigible para una medida de esta naturaleza–, y el cinismo con el que ha pretendido encontrar apoyo precisamente en el borrador que se lo niega es llamativo y significativo. Evidencia que les da exactamente igual lo que opine el pueblo español, y si hay consenso o no, con tal de aplicar su proyecto. O peor aún: su no proyecto, porque no tienen ningún proyecto para España. Por lo tanto, son días tristes y una muy mala noticia que se haya aprobado y todo lo que está pasando.

En 2012 fue reconocido por Best Lawyers como mejor abogado administrativo de España.

E&J: ¿Cree que la ley llegará a salir del Senado?

J. M. M.: Ya veremos, tal y como está el tema, si no se disuelve esto antes precisamente para impedir que salga gratis, porque al disolverse el Parlamento Catalán la amnistía se tiene que aprobar antes de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, que eran parte del precio. El panorama está muy complicado.

E&J: ¿Cómo acoge que el Gobierno filtrara el borrador de la Comisión de Venecia y encima tergiversando?

J. M. M.: Estos borradores se pasan a los gobiernos que tienen que hacer alegaciones sobre ello de manera confidencial. Sobre todo, porque es un simple borrador y a la vista de las alegaciones que se hagan, de alguna manera puede variar lo que se está afirmando en un primer momento. 

«Filtrar el borrador de la Comisión de Venecia supone ejercer una presión indebida sobre este organismo y, además, se ha hecho de forma despreciablemente tergiversada»

Filtrar el borrador supone ejercer una presión indebida sobre la Comisión de Venecia en caso de que, a la vista de las alegaciones, hubiera querido matizar. En segundo lugar, además de que se ha filtrado, se ha hecho de una manera despreciablemente tergiversada para hacerle decir lo que no dice, y esto es algo que no tiene nombre. 

E&J: ¿Y cómo califica lo que ha hecho la ministra Montero: revelar los datos fiscales del novio de Ayuso?

J. M. M.: Ahora se tendrá que analizar si ha cometido un delito de revelación de secretos. Cuatro horas antes de que lo hiciera público la prensa, lo desveló. Una información, primero, que no podía tener, y segundo, que si la tiene, no la podía revelar. Ya está visto que no tienen límite alguno y que cualquier información a su alcance, si les sirve, la utilizan. Esto es muy grave y demuestra que ni el Derecho ni el Estado de Derecho va con ellos. 

«En este Gobierno no tienen límite alguno y cualquier información a su alcance, si les sirve, la utilizan. Esto es muy grave»

E&J: A esta polémica se ha sucedido otra, la revelación de la Fiscalía de Madrid de la intención del novio de Ayuso de llegar a una conformidad. Tanto APIF como el ICAM y el CGAE han denunciado que vulnera los derechos y que es de extrema gravedad. ¿Se están traspasando todas las líneas rojas? Estas prácticas rompen la confianza en el Ministerio Fiscal…

J. M. M.: El hecho, desde luego, supone traspasar todas y cada una de las líneas rojas. En su momento, Pedro manifestó ante un periodista que el fiscal general del Estado dependía de él.

«La filtración del Ministerio Público es de una gravedad extrema porque invalida al Ministerio Fiscal como un actor fiable de la Justicia. Entiendo perfectamente que la AF haya solicitado la dimisión del fiscal general»

Y ahora el fiscal general del Estado se ha empeñado con sus actos en demostrar que eso es verdad. El fiscal general, por un lado, y de una manera asombrosamente evidente, está haciendo pinza con una ministra en un tema estrictamente político. Además, lo está haciendo defraudando todas las expectativas que tenía el abogado de la persona afectada en que el Ministerio Fiscal iba a mantener el compartimiento ético que se le presupone. Lo que ha ocurrido es de una gravedad extrema porque invalida al Ministerio Fiscal como un actor fiable de la Justicia.

Veo muy difícil que mientras el fiscal general del Estado no dimita, algún abogado se atreva a mantener una conversación confidencial con un fiscal. Entiendo perfectamente que la Asociación de Fiscales haya solicitado su dimisión. 

José María Macías jurando su cargo de vocal del CGPJ en enero de 2015. (Imagen: Casa Real)

E&J: Volviendo al tema de la amnistía, Teresa Freixes afirma que sería muy conveniente insertar en la Constitución una cláusula de lealtad constitucional y el derecho de resistencia. ¿Está de acuerdo con ella?

J. M. M.: Es acertado, estoy totalmente de acuerdo. El Tribunal Constitucional español afirmó que nuestra Constitución no es militante y que no hay por qué asumir los principios de la misma, pero tendría que haber perfilado mucho más. No lo es toda ella, hay algunos principios que necesariamente tienen que ser militantes y que no se pueden contradecir de ninguna manera, como por ejemplo lo que sea contrario al principio de separación de poderes y al principio de Estado de Derecho.

Esta parte tendría que ser irrenunciable, intocable y que quien los contradiga, se quede fuera. La cláusula de lealtad constitucional iría en ese sentido. 

E&J: El magistrado emérito del Supremo Antonio Salas considera que habría que invocar la intervención del Rey para que condicione la firma de la amnistía a un referéndum. ¿Qué opina de esto?

J. M. M.: No estoy de acuerdo. Sería poner en riesgo la estabilidad de la Corona y de la Jefatura del Estado haciendo cosas que no le tocan a él, sino a todos. Este es un problema que tenemos los españoles como pueblo y que tenemos que solucionar nosotros. No se puede cargar semejante peso en la espalda de Su Majestad y la Corona y poner en riesgo la propia estabilidad de la Monarquía.

Como dijo en su día Corcuera -quien se ganó un respeto con lo que supo hacer en los momentos más difíciles para ser ministro del Interior en España–, con una decisión judicial, que como cualquier decisión judicial podría ser acertada o no, pero esa en concreto provocó un daño muy dramático: «Los experimentos, en casa y con gaseosa». Experimentar con el Rey, no lo contemplo. 

E&J: El próximo jueves, 21 de marzo, el CGPJ debatirá dos informes enfrentados sobre la amnistía. Su opinión sobre este tema está clara. ¿Qué opina del propuesto por la progresista Mar Cabrera? 

J. M. M.: No coincide con la opinión que ha expresado el otro ponente ni, de entrada, con la mía. ¿Cuál será mi opinión definitiva? La tendré una vez se haya cerrado el debate y haya oído todos los argumentos. Antes es complicado que pueda decir si voy a aceptar o no un informe u otro, pero hay argumentos muy sólidos para considerar que la ley de amnistía no cabe en el marco constitucional. 

«Estamos poniendo en riesgo el Estado de Derecho»

¿Cabe realmente una amnistía aprobada por unos señores en su propio beneficio porque están negociando su impunidad? ¿Cabe una autoamnistía? ¿Cabe una autoamnistía en pago o como contraprestación a siete votos? En mi opinión, no.

En la presentación de un libro, La amnistía en España, Juan Luis Cebrián dijo que habría que darle una vuelta a las modalidades de comisión de cohecho impropio. Es decir, el que trafica o entrega intereses públicos para obtener una ventaja personal. En su momento, me pareció ocurrente, pero quizá sea algo más serio y a tener en cuenta. Estamos poniendo en riesgo el Estado de Derecho. 

Un pleno del CGPJ. (Imagen: Poder Judicial)

E&J: Una vez que el proyecto sobre la amnistía se convierta en ley, la obligación de la Comisión Europea es comprobar si va en contra de los Tratados de la UE. ¿España se puede permitir un trámite tan largo?

J. M. M.: La Comisión Europea primero tiene esa obligación y puede llegar a traducirla directamente en un recurso por incumplimiento, que es un trámite largo y ciertamente, no sé si España podría permitirse ese tiempo.

Es un trámite largo porque tiene una fase precontenciosa, que a su vez tiene distintas subfases de requerimiento, alegaciones y de dictamen motivado. 

Después, es cuando entra el TJUE. Otra cosa es que la intervención del Tribunal de Luxemburgo pueda acelerarse por la vía de que no haya la intervención de la Unión como un recurso por incumplimiento, sino por la vía de los tribunales nacionales que planteen cuestiones prejudiciales. Y si dictamina que no es compatible con el Derecho de la Unión, no se puede aplicar.

E&J: ¿Cree que el TC llegue a invalidarla? ¿Decir que es nula porque vulnera la Constitución? 

Con un poco de suerte no habrá que llegar al Tribunal Constitucional.

«Con un poco de suerte no habrá que llegar al Tribunal Constitucional con la ley de amnistía»

E&J: ¿Qué opina de que el CGPJ siga sin renovarse y maniatado para hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial estando en funciones? 

J. M. M.: La circunstancia de que el Consejo no esté renovado es una muy mala noticia. La renovación tiene que producirse cuanto antes. El CGPJ no puede convertirse en el campo de batalla de aspiraciones políticas.

E&J: ¿A su juicio, qué se debería hacer primero? ¿Renovar o reformar la ley?

J. M. M.: La única manera de que no vuelva a suceder es modificar la ley. Lo mejor es que al mismo tiempo que se renueva se modifica la ley, de manera que el próximo Consejo sea de transición.

E&J: Ya por último, ¿qué análisis hace de la Justicia en España?

J. M. M.: Mi análisis es contradictorio. Por un lado creo que tenemos una justicia con muchos retos por delante y mucho campo para mejorar, que tenemos unos jueces, fiscales y LAJs que son unas personas esforzadas que saben estar por encima de todas estas problemáticas y que no merecen verse desprestigiados por cosas que no tienen que ver con su trabajo diario.

El pueblo español puede quedarse muy tranquilo en cuanto a que tiene los jueces y fiscales que se merece, pero tenemos un sistema institucional gestionado por unos políticos que no están sabiendo dar la talla en este punto.

Por otra parte, tenemos el problema de la justicia tardía, que no es la justicia adecuada. No obstante, las ratios que manejamos actualmente no guardan relación con las que había cuando entré hace 30 años, cuando los tiempos eran infinitamente más amplios. 

Hay que implementar medidas organizativas que permitan aprovechar mucho mejor los medios que tenemos, aplicar medios tecnológicos y la Inteligencia Artificial, así como organizar bien los recursos.