La adecuación salarial que piden los LAJs, principal escollo en las negociaciones del colectivo con Justicia y Hacienda

Se mantiene abierta la mesa de negociaciones tripartita entre el Ministerio de Justicia y Hacienda con los letrados de la Administración de Justicia (LAJs) en esta novena semana de huelga. Hoy jueves seguirán negociando.

Este miércoles ambas partes siguieron negociando y mostrando las diferencias que hay especialmente en la adecuación salarial, donde el tándem ministerial formado por Lidia Sánchez, Secretaria de Función Pública y Manuel Olmedo, Secretario General de Innovación del Ministerio de Justicia, ofrecen solo una subida del 30%.

Por el contrario, el Comité de Huelga se mantiene firme en sus tesis de recuperar la cláusula de enganche y percibir el 85% del salario que perciben los jueces, vía enmienda al Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa.

Los letrados cobran ahora alrededor de un 65% de los salarios de los jueces, según varios letrados consultados. El conflicto laboral tiene su origen, subraya el Comité de Huelga, en “la falta de adecuación salarial por las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la ley 13/2009, descargadas a los jueces e incrementadas en sucesivas reformas, en especial la de 2015″, cuando entraron en funcionamiento las oficinas judiciales. Su papel es clave, pero no está reconocido económicamente.

Los LAJs han venido reprochando a Justicia que haya transcurrido casi un año sin que haya cumplido el compromiso que, a su juicio, adquirió en abril de 2022 de “actualizar el régimen retributivo” de este cuerpo “vinculándolo proporcionalmente al de la carrera judicial”.

Frente a ello, las últimas declaraciones de la ministra Llop este jueves pasado en la Comisión de Justicia del Congreso subrayan lo contrario. “Es uno de los cuerpos de la administración que mayor subida contributiva ha tenido”

De momento, las posturas están alejadas de encontrar un acuerdo, pero hay buena voluntad por ambas partes de seguir negociando. Se da por descontado que los grupos de población de los LAJs se reducirán de tres a cinco y también se negocia que las asociaciones de los LAJs tengan capacidad de representación sindical, cuestión que también se estudia.

El tono de estas negociaciones que arrancaron el pasado viernes y que volverán a reproducirse este jueves son bastante diferentes a aquellas otras en las que el Comité de Huelga mantuvo primero con el Secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, y, con posterioridad, con Manuel Olmedo en otras tres ocasiones.

En este escenario el papel de Lidia Sánchez, Secretaria de Estado de Función Pública, es uno de los elementos clave de dicha mesa negociadora, por su experiencia en gestionar temas complejos como es la modernización de la Administración Pública o el desarrollo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, entre otras cuestiones.

Una experta en negociación

La incorporación de Lidia Sánchez, Secretaria de Estado de Función Pública, ha cambiado por completo la inercia de estas cuatro anteriores reuniones desde que se unió a la mesa negociadora, tal y como reclamaron los LAJs recientemente para que esos acuerdos tuvieran una viabilidad práctica.

Esta directiva mantiene un contacto permanente con María Jesús Montero, Ministra de Hacienda y Función Pública, con la que comió este miércoles, momento que aprovechó para ponerle al día del estado actual de dichas negociaciones que se reactivaron el pasado viernes.

Sánchez, que dejó la presidencia de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para asumir este puesto de Secretaria de Estado de Función Pública en julio del 2021, ha mantenido una estrecha relación profesional con María Jesús Montero en los últimos años, como persona de confianza que es de ella.

Lidia Sánchez y María Jesús Montero presentan ante los medios los PGE en el Congreso. (Foto: EuropaPress)

En el periodo que va del 2010 a 2019 cuando la propia Montero era Consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Lidia Sánchez ocupó los cargos de 2012 a 2019, el cargo de Secretaria General para la Administración Pública y, de 2010 a 2012, el de Directora General del Instituto Andaluz de Administración Pública, ambos de la Junta de Andalucía.

Asimismo, ha desempeñado los cargos de Secretaria General de Políticas Culturales y Secretaria General Técnica de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

También ha desempeñado los cargos de Secretaria General de la Delegación de Cultura, Coordinadora General de la Delegación del Gobierno, Jefa del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, Jefa del Departamento de Régimen Jurídico de Industria, Energía y Minas y negociado de Personal Funcionario.

En su currículo también destaca que fue Consejera de Imprenta de Billetes S.A. (IMBISA) y patrona en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, así como vocal del Consejo de la Agencia Tributaria de Andalucía, y miembro en los patronatos de la Alhambra y Generalife y de la Fundación Museo Picasso de Málaga.

Una negociación con efecto dominó

El talante es de cierta cordialidad, aunque este miércoles los LAJS han afeado a ambos Ministerios la oportunidad de que se publicase de la nota informativa de la Abogacía del Estado recomendando la celebración de vistas en el caso que los propios LAJs estuvieran de huelga.

Las negociaciones se siguen muy de cerca por todos los operadores jurídicos, por la trascendencia y efecto dominó que pudiera generar la adecuación salarial de los LAJs cuando se produzca.

Abogados y procuradores esperan un acuerdo urgente porque el impacto económico en sus despachos es enorme. Su actividad ha descendido bastante y los perjuicios ocasionados a sus clientes por la suspensión de vistas o paralización de notificaciones es importante.

En el caso de los jueces ya se ha anunciado su intención de que en los próximos días se reúnan con el Ministerio de Justicia para impulsar una mesa de negociación entre las asociaciones judiciales y el propio Ministerio, aunque todo parece indicar que no será hasta que concluya esta negociación con los LAJs cuando está se ponga en marcha.

Por su parte en distintas comunidades autónomas se aceleran las reuniones entre los responsables de justicia en cada consejería con los presidentes de los respectivo Tribunales Superiores de Justicia para analizar el impacto de esta huelga y el futuro plan de choque a poner en marcha.

Así lo hicieron en Granada recientemente el consejero andaluz José Antonio Nieto con el presidente del TSJ de Andalucía, Lorenzo del Río en una reunión de trabajo de ambos equipos de profesionales para abordar este y otros asuntos relacionados con el mundo judicial.

Por el momento, mientras que consejeros y viceconsejeros muestran públicamente su disconformidad con esta huelga y piden una pronta solución a conflicto, los presidentes de los TSJ se muestran prudentes y prefieren no hacer manifestaciones al respecto.

Así lo hemos comprobado en Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana donde los presidentes de estos TSJ han declinado hacer cualquier comentario de esta huelga y su impacto ante el requerimiento hecho por Economist & Jurist para ello.

La UE pregunta por la huelga de los LAJs

El impacto de la huelga de los LAJs, además de abrir informativos de gran audiencia y ocupar espacio en la prensa nacional, ha saltado también a Bruselas donde se sigue con interés este conflicto laboral, aun sin resolver.

Hace unos días, el Presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, Ernesto Casado, y la Vicepresidenta por España en la EUR, María José Cañizares, mantuvieron un contacto telemático con motivo del informe sobre el Estado de Derecho en el sector justicia en España. Es la primera vez que se consulta a este colectivo sobre esta cuestión.

En la reunión se ha explicado la evolución de las negociaciones en estas nueve semanas entre los LAJs y el propio con el ministerio de Justicia, lo que da una idea de la transcendencia internacional de la huelga.

Ernesto Casado, presidente del CNLAJ. (Foto: CNLAJ)

La Comisión ha quedado enterada sobre las causas de la huelga de LAJs y el estado actual de las negociaciones.

Esta reunión ha servido para que el propio presidente del Colegio Nacional de Letrados Judiciales realizara una exposición completa sobre la figura del LAJ y su papel en el sistema judicial español.

A este respecto resaltó el papel clave de estos profesionales en el impulso de la digitalización de la justicia, así como la eficiencia y diferencias en las distintas comunidades autónomas.

Especialmente desde el CNLAJ se ha incidido en las funciones cuasi-jurisdiccionales del LAJ, que no encajan bien con la jerarquización actual y su incardinación en el Ministerio de Justicia.

Además, el Presidente de CNALJ ha insistido en la importancia de la fe pública judicial como elemento esencial de la seguridad jurídica y, por ende, del Estado de Derecho. Finalmente, se ha advertido de los intentos de privatización de la ejecución en la figura de los procuradores, que al ser representantes de las partes dudosamente podrían mantener la imparcialidad.

Mientras tanto sigue creciendo la cifra de asuntos pendientes ante la desesperación de abogados y procuradores y muchos ciudadanos que ven como sus asuntos siguen parados. Por el momento, aunque Justicia planteó una revisión del decreto de servicios mínimos, hace unos días no se ha concretado en nada.

De esta forma, las consecuencias provocadas por la huelga siguen creciendo. Actualmente, ya son alrededor de 356.000 juicios suspendidos y 424.000 demandas pendientes de llegar a los juzgados. Además, ya son 1.280.000 millones de euros congelados en las consignaciones judiciales a la espera de que concluya la huelga.