La Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra Putin: “Está claro que Rusia no lo va a entregar”

La Corte Penal Internacional emitió este viernes una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por crímenes de guerra debido a su presunta participación en el secuestro de niños de Ucrania. La orden de arresto de La Haya pone a Putin al nivel de los grandes criminales de la historia.

El tribunal, que opera desde el 1 de junio del 2002, señaló en un comunicado que Putin «es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población [niños] y del traslado ilegal de población [niños] de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa».

La orden de arresto llega después de diversas denuncias de las autoridades ucranianas, ONGs y medios de comunicación sobre la presunta rapiña de niños en Ucrania por parte de las fuerzas invasoras rusas.

El Gobierno de Kiev cree que hasta 16.221 niños ucranianos han sido deportados a Rusia, según datos del mes pasado.

«Ahora, si Putin sale de Rusia, sería arrestado y entregado al tribunal. Los líderes mundiales se lo pensarán dos veces antes de darle la mano o sentarse con él en la mesa de negociaciones. Es otra señal clara para el mundo de que el régimen ruso es criminal», escribió Andriy Kostin, fiscal general de Ucrania, en Twitter.

An arrest warrant for Putin is out! @IntlCrimCourt has issued arrest warrants against the President of the Russian Federation—Vladimir Putin & the Russian Commissioner for Children's Rights—Lvova-Belova, for the unlawful deportation and unlawful transfer of 🇺🇦 children. 1/4 pic.twitter.com/udJ4fV0OlE

— Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) March 17, 2023

Tras conocerse la noticia, Rusia aseguró en la tarde del viernes que la orden de arresto emitida desde La Haya contra el presidente ruso es irrelevante. «Las decisiones del Tribunal Penal Internacional no significan nada para nuestro país, incluso desde el punto de vista legal», dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zajárova.

Expertos en esta jurisdicción de derecho penal internacional explican a Economist & Jurist la situación que se genera tras el lanzamiento de esta orden de detención.

La comunidad internacional ha dicho basta

El fiscal español Carlos Castresana, ahora en el Tribunal de Cuentas, se ha especializado a lo largo de su carrera en el Derecho Penal Económico y Derechos Humanos.

En su haber, haberse presentado como candidato a Fiscal de la propia CPI y ser autor de las denuncias de jurisdicción universal que iniciaron las causas contra los generales Videla y Pinochet en la Audiencia Nacional.

Carlos Castresana. (Foto: E&J)

Para este jurista, “las repercusiones en el corte plazo son políticas y muy importantes. Jurídicas no creo que pueda haberlas porque Vladimir Putin, como presidente de la Federación Rusa, tiene inmunidad soberana y diplomática”.

A su juicio, “las autoridades rusas, como ya han manifestado, no reconocen validez a esa orden y al parecer se está iniciando una investigación penal en Rusia contra los jueces de la propia CPI como represalia”.

Desde su punto de vista, “consecuencias jurídicas no hay de momento, pero a nivel político la comunidad internacional se planta ante Putin porque lleva 20 años donde invadió y destruyó Chechenia, un par de veces. Luego se quedó una parte de Georgia, mas tarde con Crimea y esta invasión de Ucrania era la quinta guerra que inicia”.

En opinión de este experto en derecho penal internacional, “Putin se ha llevado la sorpresa que la comunidad internacional le ha dicho basta a sus políticas invasiva. La reacción es una buena noticia. Es previsible que, en los próximos meses, si cuajan otras investigaciones, lleguen otras órdenes, tanto a él, como a otros altos cargos de su Gobierno”.

Respecto a esa orden de arresto, Castresana matiza que “la orden la ha emitido la CPI desde una sala de cuestiones preliminares donde el fiscal ha pedido la orden tras realizar su investigación, similar a la instrucción que se hace en España. La Corte ha dictado la orden de captura a instancia del propio fiscal. Eso significa que esta sala se ha pronunciado sobre su detención”.

Para este fiscal, “la deportación de menores a Rusia es uno de los crímenes más propagandísticos de Putin. Llevaban un año haciendo gala que acogían a estos niños ucranianos. Un discurso delirante y propagandístico que justifica esta guerra y que ha sido contestado de forma contundente por la comunidad internacional”.

«Estos procedimientos judiciales no durarían menos de cinco años»

Castresana cree que habrá más órdenes de detención en el corto plazo. “Hay casos como el de las matanzas de civiles de Bucha, o los bombardeos a objetivos como hospitales o teatros o centros de refugiados son más graves. La investigación continúa. Es cuestión de tiempo que haya más ordenes de este tipo”.

Sobre el funcionamiento de esta CPI con sede en la ciudad holandés de La Haya, nuestro interlocutor señala que “hasta el momento no se ha juzgado a ningún jefe de Estado por estos crímenes en los 20 años de vida de esta entidad. En un futuro a largo plazo, si Putin deja de ser presidente de Rusia, podría ser entregado porque estas órdenes de detención son imprescriptibles en el tiempo”.

Al mismo tiempo nos indica que son procedimientos largos. “En el caso de una posible detención, habría que hacer el equivalente de la apertura del juicio oral, la fiscala debería formular la acusación y presentar la pruebas. Hay un trámite sofisticado con la defensa que también puede presentar sus pruebas y se llegaría a juicio”.

En su opinión, “estos procedimientos judiciales no durarían menos de cinco años porque de momento la CPI no es muy rápida entre preliminares, juicio y apelación.  Los jueces de la CPI tienen un mandato de nueve años y tienen bastante autonomía e independencia”.

Otra cuestión que nos señala es que “la Corte tiene tres niveles, dos salas de cuestiones preliminares, formada por tres magistrados cada una que resuelven las incidencias previas al juicio; otra de enjuiciamiento, con otras dos salas y una tercera de apelación”.

Por su parte, “la fiscalía es también independiente e informa de su gestión al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Asamblea de Estados parte en el papel que realiza en este tipo de asuntos”.

CGAE y colegios apoyan a refugiados ucranianos

Blas Imbroda es decano del Colegio de Abogados de Melilla y presidente de la subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Desde esta entidad institucional se ha estado algo mas de un año recogiendo pruebas de los refugiados ucranianos que en número de 150.000 han llegado a nuestro país.

En este conflicto los distintos colegios de abogados han estado asesorando a estos extranjeros en sus derechos, sobre todo por su carácter de refugiados. Eso hico que se crease una guía para estos ciudadanos, traducida al ucraniano donde se habla de sus derechos y cómo reclamarlos.

Blas Imbroda. (Foto: CGAE)

“El problema de este asunto es que ni Ucrania ni Rusia habían suscrito el Estatuto de Roma para formar parte de la Corte Penal Internacional. En el caso de Ucrania, en el año 2014, solicitó someterse a esa jurisdicción tras la invasión rusa, por los hechos ocasionados desde el 21 de noviembre del 2013 al 22 de febrero del 2014”, aclara.

Este jurista recuerda que, “los estados, pese a no ser parte, pueden solicitar jurisdicción de la CPI para juzgar crímenes internacionales que se produzcan en su territorio. Ucrania lo solicitó, pero limitó el escenario temporal. Y con posterioridad en el 2014, su ministro de Asuntos Exteriores señala que se someten a la jurisdicción de la CPI los hechos que se cometen a partir de febrero del 2014, sin limitarlo temporalmente”.

Sobre esta segunda declaración, “la CPI puede conocer los casos que están ocurriendo en el 2013 y los de años anteriores si los hubiera.  En el caso de Ucrania es un estado parte y puede dicha entidad jurídica ocuparse de esos crímenes de lesa humanidad pese a que Rusia no sea integrante de dicha Corte”.

Esta jurista concreta que “la propia CPI es competente para conocer de los crímenes en los territorios de estos estados con independencia de que el que lo cometa sea estado parte o no. Estamos hablando de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y de genocidio. Ahora a Rusia se le está juzgando por crímenes de guerra, en este caso estamos hablando de deportación de menores hacia Rusia”.

En estos momentos, la fiscalía de la CPI tiene abiertas distintas líneas de investigación, eso significa que se podrán cursar más órdenes de detención tanto para Putin como otros colaboradores. “Una la de deportación de los niños que ya tienen pruebas. Eso hizo que Rusia modificase su ley de adopción para que estos trámites fueran más sencillos para el propio Gobierno de Putin”.

En esa línea, está la orden de detención internacional cursada por la fiscalía de la CPI hacia el presidente Putin y María Lvova-Belova, comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa por deportación obligatoria de menores hacia Rusia.

Sobre los efectos de esta orden de detención, “en primer lugar, le convierte a Putin en prófugo de la justicia penal internacional. Es un estigma que le acompaña como criminal de guerra frente a la opinión pública mundial”, subraya el experto.

Al mismo tiempo, “no puede pisar un Estado parte, hay 123 que firmaron el Estatuto de Roma. Ahí hay una obligación por parte de las fuerzas de seguridad de ese país a detenerlo y trasladarlo a La Haya para ponerlo en disposición de la CPI. Son medidas que no son menores desde mi punto de vista”.

En la práctica, estos expertos que aparecen en este reportaje tienen claro que Rusia no entregará a Putin a la CPI, “Tampoco se puede ir a este país a detenerlo y es previsible que el presidente ruso visite otros países de su entorno, como es el caso de China donde está ahora, Corea del Norte, Cuba o Nicaragua, países que no firmaron el Estatuto de Roma”.

No será fácil detenerle

Para Erika Torregrosa, jurista y docente que ha desarrollado su carrera profesional vinculada al derecho penal internacional y a la protección de los derechos humanos. Es Vicepresidente del  Observatorio de Derechos de las Personas  del Colegio de la Abogacía de Barcelona, exsecretaria general del Colegio de Abogados Penal Internacional  (2017-2019) donde compartió mandato con Blas Imbroda.

Esta jurista ha colaborado con la CPI desde los crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en Colombia. “El conflicto va para largo. Putin pensaba que esto seria un paseo militar. Todavía no se han iniciado las conversaciones de paz. Sin ellas no podemos visibilizar el final de este conflicto”.

A su juicio, “nadie sabe lo que tiene Putin en la cabeza. Por el contrario, el primer ministro ucraniano Zelenski se mantiene en sus tesis de defender el país con el apoyo de los países de occidente. Estos países fueron los que en la ONU respaldaron la resolución de condena por esta invasión”.

Respecto a la orden de arresto, Torregrosa cree que ha sido una excelente noticia para la comunidad internacional, tanto a nivel político como jurídico. “Tiene un valor simbólico importante, pero no es realizable por dos motivos. El primero, está claro que Rusia no lo va a entregar. Su condición de presidente le da cierta indemnidad”.

Erika Torregrosa. (Foto: ICAB)

Pero, por otro lado, “hay que darse cuenta que los países que suscribieron el Estatuto de Roma que respalda la Corte Penal Internacional podrían detenerlo si llegara a alguno de esos países. Sin embargo, esta situación entra en conflicto con la Convención de Viena a nivel diplomático donde por ser jefe de estado se puede acoger a dina inmunidad”.

Desde su punto de vista, “dicha orden de arresto no tendrá consecuencias prácticas, por las dos razones que estamos comentando. Esta colisión de obligaciones internacionales le beneficia en el caso que se desplazar a uno de los 123 países que han suscrito dicho Estatuto de Roma”, añade.

Ya existe un antecedente hace unos años cuando se produjo el viaje del que fuera presidente de Sudán, Omar Hasán Ahmad al Bashir, a Sudáfrica dónde no fue detenido porque este país se acogió a la Convención de Viena.   El teniente general Al Bashir fue presidente de la República de Sudán desde 1993 al 2019 cuando fue derrocado.

La CPI emitió dos órdenes de detención en su contra. La primera, el 4 de marzo de 2009, y la segunda, el 12 de julio de 2010, según precisa el organismo. Al Bashir se convirtió así en el primer jefe de Estado en ser acusado por esa entidad internacional.

Está acusado por crímenes de guerra en la región de Darfur donde murieron cientos de miles de personas en el 2003 y ahora está en una cárcel de Sudán a la espera de ser entregado y ser juzgado por esos crimines ante la Corte Penal Internacional.

Nuestra interlocutora señala que con dicha orden “la comunidad internacional jurídica ha dicho basta a la actitud de Putin, después de constatarse cinco agresiones en los últimos cinco años. Ahí están los conflictos con Chechenia, Georgia, Crimea, ahora otra vez Ucrania. A pesar de que Rusia no forme parte de la CPI no puede quedar impune esos crímenes de lesa humanidad”.

Según el parecer de esta jurista, “esta es una decisión del fiscal de la CPI, Karim Kham. A su juicio, el caso de las deportaciones de los niños ucranianos está siendo un asunto que está siendo documentado por los periodistas. Son los medios de comunicación los que lo han estado documentando. Eso supone que en un posible juicio serviría de prueba dicha documentación”.

Al mismo tiempo nos aclara que “el Consejo de Seguridad de la ONU, en un determinado momento, podría parar dicha orden de detención y enviar algunos casos a este fiscal. Este organismo podría pedir que se detenga esa investigación porque se iniciaran unas conversaciones de paz entre las partes. Sin embargo, esto no parece que sea posible por el momento”.

Desde su punto de vista, en ese Consejo, los países europeos como Francia, Inglaterra o Alemania vetarían que esta investigación se frenase, pero por otro parte Rusia o China evitarían que el Consejo de Seguridad avanzara más en dicha orden de detención. Este organismo tiene un papel delicado, en sus cinco estados miembros hay una colisión de intereses”, concluye Torregrosa.