La Fiscalía General y cuatro oficinas antifraude se unen para luchar contra la corrupción

La Fiscalía General del Estado, representada por el fiscal general, Álvaro García, ha suscrito una alianza estratégica con las oficinas antifraude de Cataluña, Valencia, Baleares y Andalucía, que tiene por objeto la mejora de la relación profesional entre ambas partes para la lucha contra la corrupción y mejora de la protección del denunciante.

El convenio, que tiene una vigencia inicial de cuatro años, forma parte de un plan estratégico de lucha integral contra la corrupción y el fraude impulsado por la Fiscalía General del Estado. Se trata de mejorar las líneas de colaboración existente entre el Ministerio Fiscal y estas Oficinas Antifraude.

Dicho acuerdo fue suscrito por el propio fiscal general con los directores de las diferentes oficinas antifraude como son los casos de Joan Linares, director de la Agencia Valenciana Antifraude; Cristóbal Milán, de la de Illes Balears; Miguel Ángel Gimeno, de Cataluña y Ricardo Puyol, de Andalucía.

De esta forma, cuando alguna de las oficinas o agencias firmantes tengan conocimiento de que los hechos que están examinando o hayan podido examinar puedan tener relación con los hechos que esté investigando el Ministerio Fiscal, interrumpirán sus actuaciones y pondrán a su disposición la información de que dispongan, además de proporcionar el auxilio necesario.

Por otra parte, y sin perjuicio de las funciones atribuidas al Tribunal de Cuentas y a los órganos con competencia administrativo-sancionadora, cuando a raíz de sus investigaciones el Ministerio Fiscal obtenga indicios de la comisión de hechos que pudieran resultar constitutivos de infracción administrativa, dará traslado de ellos a las Agencias Antifraude y pondrá a su disposición la documentación necesaria para su actuación. Quedan excluidos los supuestos en los que sea necesaria la tramitación secreta de las actuaciones para no perjudicar la investigación.

Valencia y su protección de denunciantes

Joan Linares, director de la Agencia Valenciana Antifraude, aclara a Economist & Jurist tras la firma del acuerdo que “los organismos contra el fraude apoyarán al Ministerio Fiscal mediante dictámenes, informes u otras actuaciones técnicas que sean necesarias. Además, la Fiscalía General del Estado y los organismos antifraude organizarán actividades formativas dirigidas al personal de las instituciones firmantes y colaborarán en la protección de denunciantes, testigos y peritos con arreglo al marco legal vigente”.

Joan Linares, director Oficina Antifraude Valencia y Álvaro García Ortiz, fiscal general, rubrican acuerdo. (Foto: FGE)

“Con este acuerdo se institucionaliza una relación que ya venimos manteniendo desde hace años. La ley que regula nuestra entidad señala que nuestro ámbito de investigación se mueve dentro de las instituciones públicas y el sector público, en cuanto a conductas irregulares. Si la infracción tuviera un elemento penal, se interrumpiría esa investigación y se daría traslado a la oficina judicial y al Ministerio Fiscal. En ese momento nos convertimos en entidad colaboradora de la Fiscalía”.

Para Linares “en estos años, desde las fiscalías y los propios juzgados se ha pedido que ampliásemos esta colaboración profesional a casos que no hacen en la propia Agencia. Son casos que llegan por vía policial o por denuncia directas en los propios ámbitos judiciales. Ahí llevamos una treintena de colaboraciones con informes técnicos periciales de lo que es la especialización de la Agencia”.

Linares recuerda que “la Agencia Valenciana Antifraude está constituida por funcionarios públicos, expertos en gestión presupuestaria; en gestión administrativa en el ámbito contractual y del urbanismo. Conocen bien todos los ámbitos de la gestión de la administración están representados en los profesionales que trabajan con nosotros. Nosotros sabemos cómo funcionan las administraciones y este trabajo sirve de apoyo a peticiones de fiscalía o juzgados sobre casos concretos”.

El acuerdo suscrito se extiende a la protección de las personas denunciantes. “Desde el 2017, nuestra Agencia viene protegiendo a denunciantes de corrupción. La ley valenciana se adelantó a la directiva europea del 2019 y a la actual ley española recientemente aprobada. Eso hace que tengamos una treintena de informantes protegidos, la mayor parte de ellos funcionarios públicos”.

El papel de estas entidades respecto a los denunciantes “es el de mejorar su protección, asesorarles jurídicamente como venimos haciendo en estos años donde más de 250 denunciantes recurrieron a ese asesoramiento jurídico ante irregularidades que detectaron en sus ámbitos laborales”.

Según Linares, “estamos a la espera de que la ley 2/2023 culmine con la aprobación de la Autoridad Independiente de Protección al Denunciante. Se trata de establecer mecanismos de coordinación que la ley contempla que en principio serian de carácter semestral a nivel de reunión entre dicha Autoridad y las oficinas antifraude. En nuestro caso ya disponemos de un registro de personas responsables de esos canales de denuncia, a nivel público, la empresa privada hasta que no se apruebe dicha Autoridad no tiene a quién comunicarlo”.

Según ha podido saber Economist & Jurist, la relación que hay entre estas cuatro oficinas antifraude es bastante fluida y profesional. No en vano, dos de sus directores Gimeno y Puyol proceden de la Judicatura. La elección de estos directores se hace a través de sus parlamentos, que es a los que rinden cuentas de forma periódica tanto de su gestión como de su actividad en la lucha contra la corrupción, sobre todo centrada en las administraciones públicas.

Para estos expertos, es lógico que en este proceso de descentralización en el que las autonomías asumen competencias en este caso las posibles irregularidades que se cometan en el seno de las administraciones son más sencillas de perseguir desde la creación de estas entidades autonómicas que ya están en marcha y otras que verán la luz en los próximos meses. Entienden que la Autoridad central debe focalizarse en las actividades de la Administración General del Estado en el ámbito autonómico es que cada autonomía tenga su entidad correspondiente.

Cataluña fue la primera agencia en crearse

Por su parte, Miguel Ángel Gimeno, director de la Oficina Antifraude de Cataluña, la primera que se puso en marcha, recuerda que hay una reunión periódica de la red de oficinas antifraude existentes. “La integran las entidades de Cataluña Valencia, Baleares y Andalucía, ahora también Navarra, pero además el Ayuntamiento de Barcelona y el de Madrid crearon dos organismos en este sentido, así como el área metropolitana de Barcelona”.

Miguel Ángel Gimeno, director de la oficina Cataluña, y el fiscal general suscriben el acuerdo. (Foto: FGE)

Junto a ellos, menciona “el Tribunal de Cuentas de Galicia y el Tribunal de Cuentas de Canarias, que tienen competencia en materia de lucha contra la corrupción y después con voz, pero sin voto, el Servicio Nacional de Prevención Antifraude del Ministerio de Hacienda, la CNMC que también comparecen en algunos debates. La próxima reunión será en Barcelona este otoño”,

Sobre este acuerdo con la Fiscalía General, recuerda que “ya teníamos un acuerdo firmado con ellos además de los que tenemos con el TSJ de Cataluña hace algo más de tres años. Lo hemos adaptado y un elemento positivo es que el fiscal general lo ha firmado con el resto de oficinas antifraude que hay en España salvo Navarra, que es de nueva creación. Los convenios son parecidos y precisan esa relación de colaboración entre ambas partes”.

En este contexto, subraya que “entidades como la nuestra ayudan a Fiscalía en asuntos administrativos que les llegan porque ellos llevan la investigación penal de muchos asuntos. En esos asuntos hay resoluciones de este tipo y otros elementos donde los especialistas somos nosotros. Ya algunos fiscales nos pedían ayuda en determinados temas”.

Para este experto, la línea divisoria entre la infracción administrativa, que sería competencia nuestra y la penal, que aborda la Fiscalía, no queda clara. “Sin embargo, en el caso que veamos que puede haber un delito debemos abstenernos y pasárselo a ellos. Así, hemos creado unas comisiones mixtas que permitan mantener la relación viva entre ambas entidades. Al mismo tiempo, si detectan en sus investigaciones que hay aspectos administrativos de relieve se ponen en contacto con nosotros”, explica Gimeno.

Respecto a la protección al denunciante, “nosotros le podemos dar confidencialidad, pero en el momento que el asunto se judicializa puede desaparecer. Tendrá que ver el Ministerio Fiscal hasta qué punto puede mantener dicha confidencialidad de la persona que hace la denuncia”.

Desde ese punto de vista, indica que “es posible que esos denunciantes, una vez pasen al ámbito jurisdiccional, se conviertan en testigos o peritos. El peritaje se puede pedir a nosotros, ahora se regula mejor, de tal forma que hagamos una reunión anual sobre cómo funcionan estos parámetros. Se trata en definitiva que todos los fiscales de España sepan que pueden acudir a nosotros como oficinas antifraude ubicadas en distintos lugares del país”.

Gimeno advierte que este mes de mayo “se ha dado a conocer una nueva propuesta de directiva de lucha contra la corrupción que previsiblemente se conocerá en dos años. la línea de la UE es está y en ella también se hace mención expresa a las instituciones como la nuestra de lucha contra la corrupción”.

Mejorar las sinergias dice Andalucía

Para el magistrado Ricardo Puyol, director de la Oficina Antifraude Andaluza, este es un acuerdo necesario “porque hay algunas competencias en materia de investigación que son concurrentes. En el marco sancionador debe ser la Fiscalía quien promueve las sanciones penales oportunas cuando la conducta es constitutiva de delito, pero hay muchos tipos de irregularidad que no llegan a lo delictivo”.

El fiscal general y Ricardo Puyol, director de la Oficina Antifraude Andaluza, firman protocolo colaboración. (Foto: FGE)

Con este acuerdo, “lo que se hace es convenir los mecanismos que se pongan en marcha para que la información fluya en ambos sentidos desde la Fiscalía a las propias oficinas antifraude en cuanto los hechos detectados por los canales externos de denuncia de los que las oficinas antifraude seremos los gestores en cada territorio y sean constitutivos de delito”.

Al hilo de esta colaboración parece claro que el propio informante de corrupción se verá beneficiado directamente de dicha relación mejor coordinada entre los fiscales y estas oficinas antifraude. “Se trata de que estos mecanismos que se ponen en marcha hagan más ágil la tramitación de la investigación. Desde esa perspectiva, habrá un mejor tratamiento de las personas que informan”.

En el caso de esta Oficina antifraude, que echó a andar hace un par de años, es la penúltima en comenzar a funcionar. “Navarra se acaba de poner en marcha. Estamos creando esa institución nueva. El primer año fue un año más de puesta en marcha, con escasa actividad, la dotamos de personal y de presupuestos, se trataba de diseñar su gestión pública”.

Puyol aclara que “ha sido después del verano de 2022 cuando hemos asumido ya el trabajo habitual por tener ya el equipo configurado para poder trabajar. Constituimos la web de la entidad y el canal de denuncias propio. Ahora ya podemos decir que la institución se encuentra a pleno rendimiento”.

Esta Oficina andaluza, como el resto de las existentes en Valencia, Cataluña y Baleares asume el papel de Autoridad Externa independiente en cada comunidad autónoma, “La ley 2/2921 del Parlamento de Andalucía integró algunos contenidos de la directiva comunitaria de 2019, con lo cual los mecanismos jurídicos de adaptación de nuestra ley con la estatal son mucho más simples”.

Junto con esta competencia, aclara que la institución de la que es su primer director y fundador “va a llevar el registro que se exige la nueva ley 2/2023 de las empresas que tienen que contar con su canal de denuncias a nivel interno. En los próximos días nos vamos a reunir con Javier González de Lara, presidente de la Confederación de empresarios de Andalucía para aclarar cómo estamos trabajando”.

La labor de esta oficina antifraude es la de supervisión de esos canales internos de denuncia. “Ese Registro se puso en marcha el pasado 12 de junio tras su publicación en el BOJA de Andalucía. El plazo para las grandes compañías a partir de 249 trabajadores concluyó el pasado 13 de junio y las empresas más pequeñas tienen más plazo hasta el próximo 1 de diciembre”.

Baleares y su compromiso contra la corrupción

Desde Illes Balears, Cristóbal Milán, director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción (OAIB), subraya que “el acuerdo supone que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y la Fiscalía del Área de Eivissa podrán solicitar a la OAIB la emisión de dictámenes periciales, así como recibir asesoramiento y formular consultas técnicas”.

Milán fue nombrado director de este organismo hace ahora un año. En esta etapa que acaba de iniciarse subrayó que los objetivos son los mismos que los perseguidos hasta ahora por la Oficina: “La prevención y la lucha contra el fraude y la corrupción en su vertiente preventiva y formativa y, cuando esto no funciona, la denuncia y la investigación”.

Cristóbal Milán, primero por la derecha, firma el acuerdo ante la mirada del resto de intervinientes. (Foto: FGE)

En este sentido, destacó las herramientas puestas a disposición para luchar contra el fraude en la gestión de los fondos europeos, así como la obligación a día de hoy que tienen las administraciones de contar con canales de denuncia internos y externos. Al mismo tiempo subraya la puesta en marcha de una nueva herramienta para las denuncias anónimas de corrupción, que consiste en ponerse en contacto con el denunciante preservando su total anonimato.

A su juicio, “este acuerdo viene a aclarar los ámbitos de trabajo de ambas entidades y cómo podemos colaborar en la lucha contra la corrupción y en la mejora de la protección de los denunciantes. Somos una parte más del sistema y podemos ayudarles en materia de Derecho Administrativo, contratación, urbanismo o gestión presupuestaria, donde suele haber también fraudes”.

Cristóbal Milán señala que “las entidades como la nuestra, con la ley 2/2023, pasamos a ser entidad que gestiona los canales externos en su ámbito geográfico de actuación en relación a las administraciones públicas. Ahora se mejora la protección del denunciante, como testigos y peritos para evitar las represalias que santifica la ley”.

Además, la OAIB ofrecerá protección a denunciantes, testigos y peritos en los casos en que esas fiscalías determinen la necesidad de alguna de las medidas de protección recogidas por la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, en las que la OAIB tenga competencia.

Ambas instituciones se comprometen a colaborar en el ámbito de la formación, tanto en la formación continua del Ministerio Fiscal como en la capacitación de los trabajadores de la OAIB.

El convenio también contempla la comunicación de infracciones administrativas, por lo que el Ministerio Fiscal informará a la OAIB sobre los hechos constitutivos de este tipo de infracciones para que lleve a cabo las actuaciones de investigación correspondientes.