La Ley de Memoria Democrática abre un nuevo conflicto de competencias entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno

La batalla competencial entre el gobierno madrileño y el ejecutivo de Pedro Sánchez se recrudece con la Ley de Memoria Democrática, una norma que pretende revisar todo lo concerniente a la Guerra Civil. Con anterioridad el gobierno de la CAM y el Gobierno central chocaron en la ‘Ley Trans‘, aprobada por la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) y que el Gobierno de España impugnó al Constitucional o por el impuesto que el Ejecutivo Central interpuso a las rentas más altas, cuestión que en Sol se indicaba que podría vulnerar su competencia fiscal. Ahora la Ley de Memoria Democrática es otro frente.

En la rueda posterior al Consejo de Gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba ante los periodistas que recurrirá ante el Tribunal Constitucional y “en todos los frentes posibles” el intento del Gobierno central de utilizar la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, al querer convertir este edificio en Lugar de Memoria. “El guerracivilismo no vencerá”, indicó Ayuso.

La presidenta madrileña ha reprochado que el Ejecutivo se escude en la Ley de Memoria Democrática, una norma que ha sido “pactada para dinamitar la Transición”. Por ello, ha informado de que el Gobierno autonómico recurrirá el intento de convertir este edificio en Lugar de Memoria en “todos los frentes posibles” en el marco de sus competencias. “Por favor, que (Pedro) Sánchez no dimita, que no lo haga pronto, porque tenemos mucha tarea en este sentido y nos va a ir muy bien” ha indicado.

En concreto, tal y como ha desgranado posteriormente el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, el siguiente paso es llevar este asunto ante el Tribunal Constitucional por “invasión de competencias”.

En su intervención, la presidenta ha vuelta a defender la historia de la Real Casa de Correos, que considera “que no se puede reducir a la significación concreta que el Gobierno pretende darle dentro de su estrategia de reanimar el Franquismo”. “Si el Gobierno insiste en reducir el edificio a un pasado tenebroso, también puede recordar que antes del franquismo aquí se ubicó el Ministerio de Gobernación durante el gobierno del Frente Popular, responsable de la represión ejercida a través de las checas al comienzo de la Guerra Civil, responsable de los asesinatos de miles de personas por el hecho de ir a misa o votar a las derechas”, ha trasladado.

Así, ha subrayado que no habría mármol “para tanta checa y tanta placa”. “Y fue un socialista, este honrado, Joaquín Leguina, quien se encargó de traer aquí la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid”, destacó la presidenta madrileña. “La amnesia, la manipulación de la historia y el guerracivilismo no vencerán. No nos quitarán la alegría, la unidad, las ganas de vivir juntos y libres. Otros lo han intentado, pero aquí sigue lo mejor de España, intacto”, expresó Ayuso.

La sede madrileña del Gobierno es el centro de la polémica: Sánchez quiere que sea parte de la Memoria de ese país. (Imagen: Comunidad de Madrid)

Un conflicto evitable

Alberto Dorrego, socio de Derecho Público de Eversheds Sutherland y presidente de la sección de Derecho Administrativo del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), señala al respecto a Economist & Jurist que “lo que hay es un conflicto de competencias, una más entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Isabel Díaz Ayuso, asuntos de los que trata el Tribunal Constitucional habitualmente. Estaríamos ante un conflicto positivo en competencias”.

Para este jurista “lo que va a reprochar ante el Tribunal Constitucional por parte de la Comunidad de Madrid es que el Gobierno nacional está invadiendo competencias que tiene la CAM, en dos ámbitos, uno en la protección al patrimonio histórico artístico —cuya titularidad es de la propia comunidad madrileña—, y otra cosa que es muy seria y relevante que es por el hecho en ese edificio se encuentra la sede principal del gobierno madrileño”.

Desde su punto de vista, cree que no le falta razón a la Comunidad de Madrid en este asunto en el plano competencial, más allá que otras consideraciones, “y es que el Gobierno central está llevando a cabo la declaración de un edificio que es la principal sede de la institución del Gobierno autonómico en Madrid. Creo que sería impensable si se hiciera algo con el Palacio de la Generalitat de Cataluña, sería inaudito a todas luces”.

Este jurista recuerda que “estamos hablando de un edificio que es patrimonio de la Comunidad de Madrid, pero no es que sea patrimonio propio, es que esta la principal sede de su Gobierno. Desde esta perspectiva parece que no ha lugar que se establezca dicha declaración relacionada con la Memoria Histórica, en contra de los intereses del propio gobierno madrileño”.

Al mismo tiempo este jurista reconoce que no hay antecedentes en nuestro país sobre este tipo de asuntos con un bien emblemático de una comunidad autónoma al que el Gobierno le quiere incluir en su actividad de la Ley de Memoria Democrática. Otra cuestión interesante para los juristas donde seguro que se abrirá una polémica entre los partidarios de uno y otro bando.

“Habitualmente cuando se trata de sedes administrativas o de gobiernos de una comunidad autónoma cualquiera, todas las competencias sobre ese edificio se ejercen por parte de la administración que es competente. Lo que no puede ser es que otro gobierno entre a otorgar otra calificación de protección o de carácter cultural a otro edificio que es de otra administración. Es una falta de respeto y de lealtad institucional muy importante, fruto de la tensión que hay entre ambos gobiernos”, afirma Dorrego.

Alberto Dorrego cree que al Ejecutivo de Ayuso no le faltan razones para plantear este recurso frente al Tribunal Constitucional. (Imagen: ICAM)

Dorrego cree que otra cuestión es que “el Gobierno central se lo hubiera pedido a Madrid y hubiera habido un diálogo, pero actuar de esta forma unilateral para declarar que el edificio donde está la presidencia de la CAM se va a calificar de una determinada manera a efectos de su protección y uso cultural, no tiene mucho sentido. Estamos seguros que no se haría ni en la sede del gobierno vasco o en la propia Generalitat de Cataluña. Sería impensable que pasara con un edificio de una de las comunidad autónomas históricas que existen en nuestro país”.

Para esta jurista, “hablamos de un conflicto típico de competencias entre el Gobierno y una comunidad autónoma, que aparece regulado en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En este caso la CAM cree que esas competencias que les atribuye la Constitución y su Estatuto de Autonomía están siendo invadidas por el Estado. También se puede plantear a la inversa, por parte del Estado si siente invadidas sus competencias. Son conflictos frecuentes que vienen a resolverse aproximadamente en un año sin opciones a recurrir de nuevo”.

Alberto Dorrego recuerda que “las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) no dan lugar a ningún recurso posterior. En este tipo de asuntos el Tribunal de Garantías será el que tenga la última palabra sobre esta cuestión. Este es un conflicto competencial positivo porque las dos partes creen que la competencia les corresponde a cualquiera de las dos partes; y negativo, cuando las dos instituciones deciden no ser competentes en una materia, pero se producen en pocas ocasiones”.

El TC tendrá que resolver

Para Antonio Benitez, socio director de Administrativando Abogados, “desde una perspectiva jurídica este conflicto es un caso típico de confrontación entre competencias autonómicas y estatales. El Tribunal Constitucional deberá evaluar si la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática vulnera las competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid en materia de patrimonio cultural e histórico”.

“La posición del gobierno madrileño parece centrarse en la defensa de su autonomía en la gestión de bienes culturales, mientras que el Gobierno central argumenta su intención de preservar la memoria histórica de forma más amplia”, comenta.

A su juicio “este procedimiento destaca por basarse en una controversia sobre la Ley de Memoria Democrática, que es una normativa reciente y, por tanto, no cuenta con abundante jurisprudencia. Los plazos para resolver suelen depender de la complejidad del caso y la agenda del tribunal, pero en promedio, un recurso de estas características podría tardar entre uno y dos años en resolverse”.

Para este jurista, en un asunto del que no hay antecedentes en nuestra historia jurídica más reciente, “los posibles desenlaces incluyen que el TC podría fallar a favor de la Comunidad de Madrid, declarando inconstitucional la declaración del edificio como Lugar de Memoria Democrática por exceder las competencias estatales”.

Otra opción es que “podría validar la declaración del Gobierno central, argumentando que la protección de la memoria democrática tiene un interés suprarregional que justifica la medida. Y como última solución, el TC podría optar por un fallo interpretativo, delimitando las competencias de ambas partes para evitar conflictos similares en el futuro”.

Antonio Benitez cree que si a la sede madrileña se la protege con la calificación de ‘Bien de Interés Cultural’ será difícil que pueda ser parte de esta Ley de Memoria. (Imagen: cesión propia)

Desde su punto de vista, los elementos claves de un conflicto de competencias pasan por “competencias específicas, si la Comunidad de Madrid puede demostrar que tiene competencias exclusivas sobre la gestión de su patrimonio cultural. Otro elemento podría ser el interés general, si el Gobierno central puede justificar que la declaración responde a un interés superior, como la preservación de la memoria democrática a nivel nacional y como último extremo el impacto jurídico en cuanto a la solidez de los argumentos legales presentados por ambas partes sobre la constitucionalidad de la Ley de Memoria Democrática y su aplicación”.

Uno de los elementos que la CAM defiende es que su sede corporativa goza de la mayor protección cultural. “Sí, la clasificación de la Real Casa de Correos como Bien de Interés Cultural (BIC) es un argumento jurídico clave. Este estatus implica que ya está protegido por normativas patrimoniales específicas, lo que podría deslegitimar la necesidad de declararlo como Lugar de Memoria Democrática. Además, puede reforzar el argumento de la CAM de que cualquier cambio en su estatus requiere su autorización y no debería ser impuesto unilateralmente”.

Sin embargo, la CAM indica que en esa ocasión no concurrían los requisitos exigidos por la Ley de Memoria Democrática de 2022 para la declaración de este edificio y reclamaron el archivo del procedimiento. Para Antonio Benitez “este argumento se basa en el principio de legalidad. Si el Gobierno madrileño logra demostrar que el edificio no cumple los criterios establecidos en la Ley (como su vinculación histórica directa con los hechos que se quieren conmemorar), podría fundamentar su petición de archivo. El análisis jurídico de la Ley será esencial para determinar si la declaración fue legítima o arbitraria”.