La reforma fiscal que plantean PSOE y Sumar convertirá en fijo el impuesto sobre las grandes fortunas, a la espera del TC

El acuerdo de legislatura alcanzado entre el PSOE y Sumar incluye prorrogar de forma indefinida los gravámenes extraordinarios sobre la banca y sobre las empresas energéticas, así como endurecer la tributación mínima del 15% en el impuesto de sociedades, cuestión que los fiscalistas creen que podría generar una batalla jurídica por una posible doble imposición.

En el marco de la negociación y diseño de un nuevo modelo de financiación autonómica, el documento firmado por PSOE y Sumar asume el compromiso de evaluar los resultados del llamado impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas (ITSGF), ahora pendiente de ser validado por el Tribunal Constitucional.

Fuentes del Tribunal de Garantías confirman que previsiblemente lo analizarán en el próximo Pleno del mes de noviembre ante el amago que iba a resolver el recurso planteado por la Comunidad de Madrid esta semana, cuestión que acabó aplazándose por la complejidad del tema.

La idea de mantener este tributo, como se indica en este acuerdo, que ha sido recurrido por las autonomías de Madrid, Andalucía y Galicia, tiene el objetivo de «avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios”.

Igual que los gravámenes extraordinarios sobre banca y energéticas, el nuevo impuesto estatal para patrimonios netos a partir de tres millones de euros fue aprobado con carácter temporal para ser aplicado exclusivamente sobre los ejercicios 2022 y 2023 (para su declaración 2023 y 2024, respectivamente).

El Pleno del Tribunal Constitucional no se ha pronunciado aún sobre el impuesto a las grandes fortunas. (Foto: E&J)

Expertos consultados por Economist & Jurist creen que si el Constitucional, como ya algunas filtraciones señalan, da vía libre al ITSGF, ante la actual coyuntura parlamentaria y económica, es un escenario muy probable que el horizonte temporal del impuesto irá más allá del 2023 y, muy posiblemente, se producirá su conversión en definitivo, a la luz de la nota de prensa lanzada por el Ministerio de Hacienda el 20 de septiembre.

En dicha comunicación se afirmaba que el ITSGF “cumple el objetivo marcado por el Gobierno de avanzar en una política fiscal más progresiva en la que se pide un mayor esfuerzo a quienes más tienen”, añadiendo que “el ITSGF forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para implantar una fiscalidad del siglo XXI que permita modernizar el sistema tributario”.

Asumiendo la constitucionalidad del tributo avalada por el TC, posiblemente la Inspección de Tributos empiece a actuar sobre todos aquellos elementos que permiten reducir la carga impositiva, muy especialmente la exención de empresa familiar, para corroborar que, efectivamente, se cumple el acceso a la misma y que el porcentaje declarado como exento se corresponde con los elementos del activo afecto a su actividad económica.

Como ya informó Economist & Jurist, la Agencia Tributaria recaudaba un total de 623 millones de euros tras la primera declaración de este tributo, presentada el pasado mes de julio. Esta cifra de recaudación representa menos de la mitad del objetivo anual de 1.500 millones de euros que había previsto el Gobierno cuando anunció este nuevo tributo (apenas representa el 41,5% de lo esperado).

El impuesto sobre las grandes fortunas que ha impulsado la ministra Montero podría mantenerse en el tiempo si el Constitucional lo valida. (Foto: Moncloa )

Reforma fiscal global

El texto del acuerdo de gobierno aboga por «una reforma global del sistema fiscal español para mejorar su progresividad y acortar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea (46% del PIB) al final de la legislatura».

Dado que el nivel de ingresos en España se sitúa en el entorno del 42% del PIB, superar la brecha de cuatro puntos equivaldría a lograr obtener una recaudación adicional de casi 62.000 millones por la vía de impuestos y cotizaciones sociales al final de la legislatura.

Para Esaú Alarcón, abogado fiscalista, socio del despacho Gibernau y miembro de la Comisión Institucional de AEDAF, el documento es muy general. “Habla de una política fiscal justa e inteligente, capaz de hacer frente a los retos de una economía globalizada marcada por la digitalización, la transición verde y la lucha contra el fraude. Son términos generales que ya conocemos, pero realmente no se ven medidas concretas”.

En su opinión “en los últimos quince años, con todas las reformas fiscales que han puesto en marcha gobiernos de uno u otro color, el gasto público no se ha reducido. Es difícil ahora porque mucho de este gasto depende de la deuda pública que tiene nuestro país y sus intereses. Pero, o se empieza por ahí, o realmente es imposible tanta subida de impuestos”.

«No vamos a perder el impuesto a la banca y a las energéticas. Seguimos en una situación excepcional y no podemos permitirnos perderlos» comentaba la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, después del acto público de firma del acuerdo de legislatura con el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Esaú Alarcón, socio de Gibernau y miembro del Consejo Institucional de AEDAF. (Foto: Gibernau)

De hecho, en el propio texto del acuerdo se indica textualmente que «revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar».

Ambos gravámenes fueron adoptados de forma temporal, para su liquidación en 2023 y 2024 sobre los ingresos obtenidos en 2022 y en 2023 por la banca (vía comisiones) y por las empresas energéticas. La principal crítica que han provocado estas figuras es que gravan los ingresos y no los beneficios obtenidos.

Impuesto mínimo del 15% en Sociedades

La vicepresidenta en funciones también explicó que el acuerdo de legislatura incluye una nueva formulación más dura respecto de la actual tributación mínima del 15% en el impuesto sobre sociedades. «Las grandes empresas pagarán por fin el 15% del impuesto sociedades sobre el resultado contable», y no sobre la base imponible del tributo, que es mucho menor, ha dicho Yolanda Díaz.

Así, el gravamen mínimo del 15% se aplicará «sobre los beneficios reales y no sobre lo que dicen que ganan» las empresas, y con ello, según la vicepresidenta en funciones, se podrán recaudar 10.000 millones de euros adicionales cuando la medida esté totalmente implementada.

Actualmente, el tipo nominal del impuesto de sociedades es del 25%, salvo para pymes (23%) y para banca y petroleras (30%), con un mínimo efectivo para las grandes compañías del 15 % sobre la base imponible -18 % para banca e hidrocarburos-.

Según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2020, las grandes empresas pagaron un tipo efectivo del 20,56 % sobre la base imponible, pero del 5,79 % sobre sus beneficios.

Los Presupuestos del Estado para el ejercicio 2022 ya introdujeron un impuesto mínimo del 15% en Sociedades, que se aplica sobre la base imponible del impuesto.

En su primer año de aplicación, esta figura ha logra reportar a Hacienda 538 millones que ha sido ingresados en la Agencia Tributaria a partir de la declaración presentada en 2023 (sobre los beneficios obtenidos en 2022). La capacidad recaudatoria de esta figura, pues, es casi 20 veces menor que la que PSOE y Sumar atribuyen a la aplicación de un impuesto mínimo del 15% sobre el resultado contable (antes de beneficios fiscales).

Alarcón considera que “lo único concreto de dicho documento programático es que las empresas paguen como impuesto de sociedades el 15% de sus beneficios. Eso puede ser un problema para las multinacionales y determinadas empresas que son de tipo lucrativo. El principal problema técnico es que, aplicado así, a la brava, puede generar doble imposición. Si has tributado en otro país y recibes unos dividendos y vuelves a tributar ese 15% a lo mejor estás tributando una barbaridad”.

Este abogado cree que “el documento debe aclarar si se refiere a la tributación mínima del Impuesto de Sociedades, pero desde luego esto es fruto de las estadísticas de la Agencia Tributaria, donde se indica que las multinacionales tributan por debajo de la media, cosa que es una falacia. Si tributan por debajo de la media es porque tributan en otros territorios, no porque todas las multinacionales estén en paraísos fiscales”.

Fiscalidad verde

El acuerdo de coalición para un Gobierno progresista incluye avanzar en la fiscalidad verde para impulsar la transición energética y la descarbonización de la economía, aunque evita precisar a través de qué figuras tributarias.

Oficina de la Agencia Tributaria. (Foto: Wikipedfia)

El texto alude a «una fiscalidad verde que seguirá la premisa de ‘quien contamina paga‘, pero evitando ‘que el que pueda pagar siga contaminando’, y que irá acompañada de medidas compensatorias, bien en la imposición directa o bien en las políticas de gasto, para incentivar los cambios necesarios entre las clases media y trabajadora, teniendo siempre en cuenta sus efectos distributivos y estableciendo mecanismos de compensación».

En el citado documento, PSOE y Sumar también se comprometen a desarrollar «una reforma fiscal orientada a las familias y coordinada con la política de gasto social» que, entre otras cuestiones, pretende mejorar los incentivos por hijo y por dependencia.

Además, ambas formaciones han firmado un propósito genérico para impulsar «una mejora de la fiscalidad de autónomos y pymes, aumentando los incentivos para impulsar su apuesta por la transición ecológica y digital».

En opinión de este jurista, el resto de las cuestiones que se plantean están por concretar. “Se habla de fiscalidad verde, de más bonificaciones para tener hijos, sobre el papel no parece nade negativo, pero si nos ponemos a sumar probablemente será complicado que se apliquen. No se habla nada de la reordenación de los tributos, cerca de un centenar entre estatales, autonómicos y municipales”.

“Se habla de la armonización fiscal para que no haya competencia entre comunidades, con lo cual queda claro que se mantendrá el impuesto de grandes fortunas y probablemente la idea es introducir mecanismos de armonización en otros impuestos, ahora parece que tienen la idea de armonizar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para evitar que los territorios donde gobierna el PP tengan bonificaciones”, apunta.

El final del documento habla de que se creará una herramienta para que cada español conozca realmente su nivel impositivo y a dónde van destinados esos impuestos. “Es algo novedoso. Si cada contribuyente pudiera tener su perfil de relaciones con la Administración sería un buen ejercicio de transparencia. Veremos cómo se implementa eso”.

Alarcón también señala que “se indica que la Administración quiere ser más ágil en su relación con el contribuyente. Se habla de volver a un trato más directo con el ciudadano, que se perdió tras el Covid 19. Se incide de nuevo en el fraude fiscal, si tanto se intensifica la lucha contra el fraude cada año es que realmente algo no funciona en dichas políticas”.

Una reforma global del sistema fiscal español

El texto del acuerdo recoge la intención de poner en marcha “una reforma global del sistema fiscal español” para mejorar su progresividad, de manera que “contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos” y quienes incumplen sus obligaciones.

Esta reforma pasa, junto a la modificación del impuesto de sociedades, por mejorar la progresividad del IRPF dando “un trato más igualitario de la tributación de las rentas del capital y del trabajo”, así como con incentivos por hijos y dependencia que no detalla.

La propia Díaz ha avanzado que la búsqueda de la “justicia fiscal” incluye “reforzar el impuesto a la banca y las energéticas”, una idea que se materializa en el acuerdo en una revisión “con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual” -su último año previsto sería el referente a los ingresos de 2023, con pago en 2024-.