La trama rusa del procès que investiga el juez Aguirre podría quedarse fuera de la ley de amnistía e imputar a Puigdemont
El Código Penal castiga este delito de traición con una pena que iría desde los seis a los doce años de cárcel
Carles Puigdemont, acompañado en esta imagen por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Diaz, podría estar implicado en la trama rusa del 'procés' que investiga el juez Aguirre (Imagen: E&J
La trama rusa del procès que investiga el juez Aguirre podría quedarse fuera de la ley de amnistía e imputar a Puigdemont
El Código Penal castiga este delito de traición con una pena que iría desde los seis a los doce años de cárcel
Carles Puigdemont, acompañado en esta imagen por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Diaz, podría estar implicado en la trama rusa del 'procés' que investiga el juez Aguirre (Imagen: E&J
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha señalado en un auto que Rusia ofreció «soporte económico y militar» al entorno de Carles Puigdemont para apoyar la causa independentista en un intento de desestabilizar la «democracia y la Unión Europea».
El auto del juez Joaquín Aguirre, en el que insinúa una inminente imputación de Carles Puigdemont por el delito de traición, sitúa la ley de amnistía en un nuevo escenario en el que las implicaciones de esa amnistía no afectan ya sólo a los españoles y a la estabilidad de las instituciones nacionales, sino a la existencia de la misma Unión Europea.
El auto decreta la prórroga de la investigación que dirige el instructor Joaquín Aguirre por el plazo de seis meses a contar desde el próximo 27 de febrero.
Según Aguirre, que dirige las pesquisas del ‘caso Voloh’ y la conocida como trama rusa del ‘procés’, el expresident y su círculo próximo mantuvieron «estrechas relaciones personales» con miembros de los servicios secretos rusos y con políticos de la extrema derecha de Alemania e Italia.
Entre los implicados estarían el propio Puigdemont; el exresponsable de relaciones internacionales de CDC, Víctor Terradellas; el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; y el informático Jaume Cabaní.
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