Marín Castán subraya que es necesario contar con jueces independientes como pilar clave de cualquier democracia

Marín Castán ha clausurado el Congreso Internacional Desafíos del Estado de Derecho en la Unión Europea, organizado por la sección andaluza de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (UGR), a la que han acudido un centenar de juristas para constatar que hay una deriva en Europa que señala la crisis del Estado de Derecho, donde los poderes públicos tienden a intervenir en todas las instituciones del Estado.

En el acto de clausura, que ha presidido junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río y Pablo Sánchez, magistrado de la AP de Granada y miembro del Comité Nacional de la AJFV, el  presidente del Tribunal Supremo ha advertido sobre los ataques a la independencia judicial, que concibe como una garantía de los ciudadanos y como un bien “a preservar”.

El respeto a la independencia judicial, según Marín Castán, requiere, además, que los jueces “no se inmiscuyan” en el ejercicio del poder Ejecutivo y Legislativo. “Solo cuando conozcamos de algún asunto tendremos que pronunciarnos”, afirmó, enjuiciando el acto de gobierno de que se trate o “interpretando la ley que corresponda”.

En su opinión,  el presidente del Tribunal Supremo considera que hoy no está “en peligro” esa independencia judicial, pero sí aprecia “preocupaciones” sobre el futuro del Estado de Derecho.

“Congresos como el aquí presente son foros de debate para exponer ideas, para lograr una conjunción de opiniones. Para que veamos que se puede debatir sin enfrentamiento y seamos un ejemplo en contraste con el ambiente político reinante”, ha apuntado Marín Castán.

Acto de apertura del Congreso, de Izda a Drcha: Sergio Oliva, José Luis López, Pedro Mercado, María Rosario Pallares y Valentina Faggiani. (IMAGEN: AJFV)

Entre el jueves y el viernes, el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la UGR ha reunido a más de un centenar de profesionales del ámbito judicial, del mundo universitario, y a estudiantes, en este Congreso Internacional, único en su género, para debatir en torno a los retos a los que se enfrenta la Unión Europea desde el punto de vista de la independencia judicial, la separación de poderes y el Estado de Derecho.

El poder judicial, muro frente a la arbitrariedad

Sergio Oliva, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, (AJFV)  se mostraba en declaraciones a Economist & Jurist satisfecho por cómo se había desarrollado este Congreso: “el nivel de ponencias y las intervenciones de magistrados y catedráticos ha sido de primer nivel. Los poderes públicos deben respetar al poder judicial, y nosotros, como jueces, debemos optar por una situación de neutralidad en cualquier debate político que exige nuestra Constitución”.

A lo largo de dos días de trabajo, los ponentes que han interviniendo, han constatado como esta crisis del Estado de Derecho es una tendencia que se observa en Europa y que se ha trasladado desde algunos países del este europeo a un país más occidental como España. “El poder judicial es incómodo para el poder ejecutivo.  Es el muro de contención frente a la arbitrariedad e intervencionismo del resto de poderes. Por eso, este intento de controlarlo y maniatarlo es un riesgo para la ciudadanía”.

De estos análisis, Oliva destaca como «España es de los países con ese problema de intervencionismo. Es el único en el que se comprueba que hay un gobierno progresista de izquierdas frente a otras democracias conservadoras europeas. Sin embargo, que el ministro Bolaños nos haya dicho en alguna reunión que su gobierno nunca permitirá que los jueces elijan a los jueces en la renovación del CGPJ, realmente, no es demasiado progresista».

Respecto a las soluciones a esta controversia, este jurista nos aclara que “los catedráticos que intervinieron en el Congreso hablan a nivel político de sanciones a España de tipo económico por parte del Parlamento y Comisión Europea porque la situación irá más. Parece que no es la más efectiva y que todo pasaría por confiar en el TJUE. En el momento de que algún juez español plantee esa cuestión prejudicial por la ley de amnistía, se paralizaría ese asunto hasta que resolviera el TJUE y otros jueces, con asuntos similares de forma voluntaria, podrían suspender hasta que se resolviera la cuestión original”.

España está en crisis

Por su parte, Valentina Faggiani, codirectora del evento y profesora de Derecho Constitucional  y experta en Derecho de la UE de la Universidad de Granada, explicaba a este periodista como desde hace cinco años viene estudiando los indicadores de la vulneración del Estado de Derecho en la UE. Al mismo tiempo, en su intervención, recordó que en España se encuentran elementos típicos de la crisis del Estado de Derecho: “la situación es preocupante por lo que estamos viendo y no solo hay que contextualizarlo en la justicia, pasa en el resto de ámbitos sociales del país”.

En su intervención, esta experta en derecho constitucional analizó como se está produciendo una crisis del Estado de Derecho en distintos países, “junto a democracias de derechas como Hungría, Polonia o Rumania, ahora se observa esta cuestión en países como España, con gobiernos progresistas. En estos países, el denominador común es que cada Gobierno coloniza todas las instituciones con personas de su confianza, de tal forma que se resiente el ejercicio democrático de forma notable”.

Mesa redonda sobre independencia judicial donde participaron Miquel Pasquau, Valentina Faggiani, José Pérez, moderador, y Jorge Fernández. (IMAGEN: AJFV)

Para esta docente, solucionar esta cuestión pasa por trabajar dos caminos de forma simultánea “por un lado hay concienciar a la ciudadanía de lo que se avecina. No todos perciben la dimensión del problema. Hay que hacer más pedagogía de lo que está pasando. Al mismo tiempo, si se aprueba la ley de amnistía será necesaria la intervención de la UE. En ese escenario, los jueces tendrían el deber y poder de plantear la cuestión prejudicial ante el TJUE. Es la solución más efectiva en estos momentos”.

En su opinión, la actuación de la UE en este caso español, con una ley de amnistía a punto de quedar aprobada, es la adecuada: «Bruselas necesita sus tiempos. Antes de intervenir en Hungría y Polonia pasaron años. Ahora, en el caso español, ya tendríamos estos antecedentes, con lo cual podría intervenir antes. En España falta aún que el Ejecutivo capture al poder judicial, que se erige como el principal pilar para respaldar la democracia», aseguraba Marín Castán en la clausura de este Congreso Internacional.

El problema del CGPJ en España

José Pérez, codirector del encuentro y coportavoz de AJFV en Andalucía, magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Sevilla reflexionó en su turno de palabra sobre el “grado de salud” del Estado de Derecho en España, pero también sobre la supuesta politización de la Justicia desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una entidad el órgano de gobierno de los jueces que lleva más de cinco años sin renovarse, lo que está generando problemas graves en nuestra administración de justicia.

Desde su punto de vista “en estos momentos los desafíos del Estado de Derecho en Europa pasan por la constatación de que en algunas democracias se quiere analizar la presencia del poder judicial, que en muchos de los casos, funciona como barrera a los excesos de los otros poderes del Estado. Estamos hablando de un problema global que, lejos de estabilizarse, se percibe en democracias occidentales como la española”.

Respecto a las soluciones a esta situación “es complicado ver como resolver esta controversia porque estamos viendo como en estos países el actual Estado de Derecho se esta modificando de manera notable. En este tipo de democracias se observa la falta de órganos independientes que fiscalicen y controlen la actuación del poder ejecutivo y legislativo, con lo cual, ese contrapeso de poderes que hay en cualquier democracia podría estar en peligro y generar disfunciones importantes en la salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos”.

A su juicio “hemos cumplido los objetivos que nos marcamos con la realización de este Congreso Internacional y es ver desde una óptica plural, académica y judicial la situación del Estado de Derecho en Europa y la crisis que sufre en cuanto al modelo que conocemos en estos momentos. Todos los ponentes han estado a gran nivel y el presidente en funciones del Supremo, Marín Castán, ha abordado con claridad la situación que hay en nuestro país y como está afectado a los valores mas esenciales de nuestra democracia”.

Jueces y catedráticos coinciden en el problema

Entre los ponentes que han intervenido en este evento hay que destacar  a  Jorge Fernández , magistrado del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Cádiz y ex portavoz nacional de la AJFV, quien subrayó en su ponencia que “ el Estado de Derecho está actualmente en crisis y el elemento estructural sobre el que se están concentrando las amenazas es, precisamente, la independencia judicial”.

Jorge Fernández, en el lado derecho de la mesa, habló de la independencia del poder judicial. (IMAGEN: AJFV)

Por su parte, en otra destacada intervención, Javier Roldán, catedrático de Derecho Internacional Público de la UGR, afirmó que hoy existen “amenazas serias para el Estado de Derecho”, y aseguró que la Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha “descalificado, para el buen lector”, la proposición de ley de amnistía, hoy, en tramitación en el Senado.

Otros ponentes como  Miguel Pasquau , magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y catedrático de Derecho Civil, aseguró que puede haber jueces independientes, pero “parciales”, y reclamó a los ciudadanos que exijan más medios para la Justicia. Por otro lado, Francisco Pleite, magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Baleares, afirmó que los jueces tienen que estar debidamente protegidos “ante presiones externas. Por este motivo es imprescindible un estatuto de juez europeo como el propuesto por AJFV”.

Este evento tuvo un acto de inauguración presidido por el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado; la quinta teniente de alcalde del ayuntamiento de Granada, María Rosario Pallarés, el presidente de la Audiencia Provincial de Granada, José Luis López, el portavoz nacional de la AJFV, Sergio Oliva , y los directores del congreso, Valentina Faggiani, profesora de Derecho Constitucional de la UGR, y José Pérez, magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Sevilla.

En su discurso inaugural, el rector de la UGR agradeció a jueces y magistrados su labor para seguir “garantizando el Estado de Derecho” y, en consecuencia, los derechos fundamentales de todos. Sergio Oliva, portavoz de la AJFV, llamó a reforzar la posición de neutralidad de los jueces: “Frente al griterío y el populismo, estos congresos permiten buscar soluciones”, apuntó.