Rosa Virolés, magistrada: “Hay que controlar mejor la temporalidad para que los empresarios apuesten por los contratos indefinidos”

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba este 18 de julio la jubilación forzosa de la magistrada Rosa Virolés, hasta hace unos días presidenta en funciones de la Sala Social del Tribunal Supremo por alcanzar los 72 años, la edad máxima hasta la que jueces y magistrados pueden seguir ejerciendo.

La salida de Virolés supone elevar a 22 el número de vacantes en el Tribunal Supremo, mientras que en el conjunto de la cúpula judicial -contando también tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales y audiencia nacional- superan ya las 80.

En una entrevista con Economist & Jurist realizada antes de la celebración de las elecciones generales, afirma que “es urgente que se desbloquee el CGPJ en esta nueva legislatura para que se solucione los más de 6.000 asuntos pendientes que tenemos en la Sala de lo Social del Supremo “, aclara esta jurista en vísperas de estas elecciones que se han celebrado este 23 de julio.

Sobre el desenlace electoral, “esperemos que no vayamos para atrás y sigamos yendo hacia adelante en materia de reformas laborales. La reforma laboral última ha sido acertada y creo que debe consolidarse para saber si se hace algún retoque al final”.

Desde su punto de vista, al empresario todavía le cuesta hacer fijos a sus trabajadores. “Hay que mejorar los controles a las empresas y dotar de más medios materiales y humanos a la Inspección de Trabajo que realiza un trabajo importante, pero está desbordada”.

“Si las necesidades de las empresas son estructurales, no deben seguir haciendo más contratos temporales y sí más contratos fijos indefinidos. Llevamos muchos años con ello y no se ha conseguido. Hay que provocar un cambio de mentalidad en el empresario”.

Revisar contratos fijos discontinuos

En cuanto a la figura de los fijos discontinuos, uno de los elementos más polémicos de dicha reforma, Virolés destaca que “no ha planteado problemas. Nadie quiere hacer fijos indefinidos. La empresa es reacia a ello y no sé por qué, pese a que el contrato normal es el fijo indefinido”.

Desde su punto de vista, “todos los demás contratos son temporales por circunstancias concretas que surjan en la manera de trabajar. El fijo discontinuo es ahora mismo el contrato estrella en esta reforma de la contratación que se realizó hace algo más de un año”.

Esta magistrada no cree que estos contratos fijos discontinuos necesiten algún retoque. “Sólo hay que especificar muy bien la forma de llamamiento y que no hay ninguna duda por parte del empresario y trabajadores de cómo se va a renovar ese contrato. Que no sea un contrato temporal porque es un contrato fijo discontinuo”.

Virolés, a través de sus sentencias, ha sido una defensora de la igualdad retributiva y de los derechos fundamentales de los trabajadores. (Foto: CGPJ)

Como dice el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores, en el momento que se establezca de una forma muy clara, “bien sea mediante convenio colectivo o bien a través del contrato de trabajo esa forma de llamamiento que antes le comentaba no debería haber problemas”.

Otro debate que hay sobre la mesa es si hay que pagar más por los despidos. “Europa no ha resuelto las reclamaciones de UGT y CCOO desde su Comité Europeo de Derechos Sociales sobre si se deben incrementar las indemnizaciones por despidos. Ahí, el convenio 158 de la OIT y la Carta Social Europea recuerdan que esa indemnización por despido improcedente debe ser adecuada y resarcir al trabajador. Habrá que ver ese fallo y analizar caso por caso”.

Cambio de presidente en la Sala

Ahora, el magistrado Antonio Sempere asumirá la presidencia en funciones de la Sala de lo Social, que ya ejercía también de forma interina Virolés después de que su otrora titular, María Luisa Segoviano, magistrada ahora del Tribunal Constitucional, se jubilara el 20 de octubre de 2022.

La Sala Cuarta es, precisamente, una de las más afectadas por la falta de renovación de las plazas. De los 13 magistrados con los que debería contar, solo dispone de siete. La consecuencia es que hace tiempo que sus secciones se forman ya con cuatro magistrados, en vez de cinco, según las fuentes jurídicas consultadas.

“Pese al problema que tenemos parece que la situación se va a reconducir. Ya se ha hecho el nombramiento de los seis letrados de refuerzo que van a empezar este mes a trabajar. Si se les da a ellos los asuntos repetitivos iremos mejorando. Hemos fijado varios recursos, a partir de ahí se hace doctrina unificada porque las sentencias siguientes se pueden sacar con cierta facilidad”.

La idea es que con el trabajo de estos juristas se puede desatascar la Sala Social en menos de un año. “Es previsible que se les haga un contrato por seis meses para luego se prorrogue en el tiempo. Es importante que la Sala esté al día”.

Sobre los nombramientos, reconoce que hay que agilizarlos, aunque “para eso tiene que haber nuevo CGPJ” “De esa forma”, explica, “la Sala estaría cubierta y volveríamos a la normalidad. En su momento esta Sala fue un ejemplo de equilibrio entre hombres y mujeres magistrados. Hemos llegado a ser cinco magistradas, ahora se había quedado en tres”, aclara Virolés.

Desde el pasado 19 de julio, el magistrado Antonio Sempere es el nuevo presidente en funciones de la Sala Social del Supremo. (Foto: CGPJ)

Destaca también la situación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con 22 de los 33 magistrados que debería tener; mientras que la Sala de lo Militar cuenta solamente con seis de los ocho magistrados que le corresponden y el próximo septiembre tendrá uno menos por la jubilación de Fernando Pignatelli.

Las salas que mejor resisten por ahora esta ausencia de reemplazos son lo Civil y lo Penal. La Sala Primera dispone de ocho de los 10 magistrados que le concede la ley y la Sala Segunda registró el pasado abril su primera baja con la jubilación de Miguel Colmenero, aunque sigue contando con sus 15 activos porque dispone de un magistrado adscrito.

Demasiadas obligaciones laborales

En estos últimos tres años, a raíz del Covid 19, han crecido los cambios en las relaciones laborales y las empresas y sus asesores laborales muestran su preocupación ante el nuevo marco legal. “Es el signo de los tiempos, hay que cumplir directivas comunitarias; normas de seguridad y esto no se puede obviar de ninguna manera, al igual que los cambios laborales que plantea el propio legislador nacional”.

En este contexto, y frente al debate de la modificación del Estatuto de los Trabajadores, esta magistrada señala que “sería una forma de solucionar de forma integral muchas cuestiones y evitar los parches que el legislador desarrolla. El nuevo Estatuto requiere que alguien se ponga a trabajar en ello porque requiere un estudio a conciencia de los cambios que se vayan a implementar”.

En este escenario donde han parecido distintas normas, una de las ultimas la iniciativa del Gobierno de obligar a las empresas a que den un preaviso a la autoridad laboral de seis meses en cierres empresariales que afecten a más de 50 trabajadores, el papel de la jurisdicción social en general y de la Sala Social ha sido el de aclarar conceptos.

Homenaje en la Escuela de Práctica Juridica a Rosa Virolés. De izquierda a derecha, Ignacio Moreno, magistrado del TSJ de Madrid; José Manuel Almudi, director de la Escuela; Rosa Virolés; Ana Gómez, presidenta de Asnala, y Alberto Novoa, vocal de la Junta directiva. (Foto: Asnala)

“Así ha sido con el registro de jornada horaria en sus inicios, que con posterioridad no ha planteado demasiados problemas. Nosotros sólo hemos puesto dos sentencias para situarlo como el método veraz, adecuado y fiable de control de jornada. En la actualidad se acepta cualquier medio para hacer ese registro de control. Pero como ha dicho el TJUE, la jornada debe registrarse como elemento clave”.

Señala Virolés que no puede estar de acuerdo en que se suprima el procedimiento de oficio para el conocimiento de la relación laboral. “Se quitan competencias a la jurisdicción social. Nosotros no estamos muy de acuerdo con que sea la jurisdicción contencioso administrativa la tenga que determinar. Creo que esa competencia tendrá que volver algún día a la jurisdicción social”.

El papel de esta Sala Social en varias sentencias clave fue decisivo para que el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, aprobara la ley riders, la primera en Europa de estas características. “Es evidente que la protección de los trabajadores ha mejorado en estos años”, resalta la magistrada.

Virolés se muestra satisfecha de muchas sentencias de las que ha sido ponente en relación con la brecha de género y búsqueda de la igualdad salarial. “En muchas de ellas hemos podido proteger esos derechos fundamentales de la persona trabajadora. He hecho algunos votos particulares en tema de igualdad y perspectiva de género”.

Esta magistrada afirma ser una defensora de la igualdad y no discriminación en el ámbito de las relaciones laborales. “Ahí coincido con las tesis de la magistrada María Luisa Segoviano, compañera en esta sala Social muchos años, de que el problema de la brecha salarial está en los complementos salariales. A igual trabajo hombre y mujer se detectan complementos diferentes que desequilibran esa relación”.

Al mismo tiempo, destaca que “están bastante controladas las posibles vulneraciones de derechos fundamentales. Eso es primordial en el mundo de las relaciones laborales en estos momentos, donde las últimas reformas que se han hecho son para buscar esa igualdad retributiva y proteger la dignidad de cualquier trabajador. Es importante controlar mejor la ejecución de estas normas para garantizar que las empresas tienen su plan de igualdad o tienen su registro retributivo.