Se ultima un posible recurso al Constitucional sobre el impuesto a las grandes fortunas

“Hay que legislar con mesura. Las leyes gestionadas con prisas o a través de proposiciones de ley sin los preceptivos dictámenes de órganos como el Consejo de Estado, CGPJ o FGE solo generan problemas». Así se expresa Manuel Silva, socio de Roca Junyent y presidente de la Comisión de Expertos de Fomento del Trabajo, patronal empresarial adscrita a CEOE, que aglutina a los principales despachos del país.

En declaraciones a Economist & Jurist, este abogado del Estado en excedencia, en su día consejero del Consejo de Estado, confirma lo señalado esta mañana por Jose Sánchez Llibre, presidente de dicha patronal, sobre que su organización empresarial ya trabaja en un dictamen que promueva un recurso de inconstitucionalidad sobre el impuesto a las grandes fortunas”.

“Estamos trabajando en perfilar dicho dictamen, del que se ha encargado Roca Junyent. Luego Fomento es previsible que lo envíe a la CEOE y al mismo tiempo se ponga a disposición para que los grupos parlamentarios con más de 50 diputados puedan interponer dicho recurso al Tribunal Constitucional”, ha manifestado Silva.

Manuel Silva cree que el Gobierno debe legislar desde la seguridad jurídica “con proyectos de ley que se sometan a los trámites de audiencia pública e informes de organismos, y no a golpe de enmienda que salta cualquier control” (Foto: Archivo)

Silva recuerda que “estamos a la espera que se apruebe la ley. Ahora se encuentra en el Senado y es previsible que esté en el BOE en un par de semanas. En el caso de que haya enmiendas en la Cámara Alta tendría que aprobarse en el Congreso la última semana de diciembre”

Este jurista cree que “es previsible que esté en el BOE el día 30 y ya operativo un día después, lo que va a complicar mucho el horizonte en cuestión. A partir de ahí se abre un plazo de tres meses para interponer recurso ante el Tribunal Constitucional, con lo cual hay margen para negociarlo con los grupos parlamentarios y las comunidades autónomas”.

A este respecto hay que recordar en el 2021, ya hizo suyo otro recurso de Fomento el grupo parlamentario popular al interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 66 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, por el que se modifica el artículo 30 de la Ley 19/1991 del Impuesto sobre el Patrimonio.

Asimismo, el GPP también recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC) la Disposición derogatoria primera de la Ley de Presupuestos, por la que se deroga el apartado segundo del artículo único del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio con carácter temporal.

En la actualidad, el recurso ha sido admitido el pasado mes de abril del 2021 por el Tribunal Constitucional, registrado por el PP contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 por las modificaciones incluidas en las cuentas vigentes en el Impuesto sobre Patrimonio.

Falta respeto a los empresarios

La indignación es notable en el mundo empresarial por la deriva del Gobierno de coalición que está utilizando la estratagema de las proposiciones de ley para en cuestiones como la crisis energética, en este caso, incluir una enmienda para impulsar el polémico impuesto a las grandes fortunas.

Père Aragonés, president de la Generalitat; y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno (Foto: EP)

Desde Fomento del Trabajo, su presidente Jose Sánchez Llibre pedía públicamente este miércoles al Gobierno respeto a los empresarios y señalaba que este impuesto a las grandes fortunas vulnera la autonomía de las comunidades autónomas, la seguridad jurídica y la capacidad económica de los contribuyentes siendo confiscatoria.

«Pedimos más respeto a los empresarios y a la seguridad jurídica» indica Sánchez Llibre recordando que en España hay 3 millones de empresarios y autónomos que damos trabajo a 17 millones de trabajadores.

En su opinión, «se están aprobando normas que afectan directamente a las empresas con técnicas parlamentarias poco justificables, como presentar una enmienda a última hora de modificación del Código Penal durante la tramitación de un proyecto de ley que no tenía nada que ver, y el resultado es pasar de la sanción administrativa a la responsabilidad penal en determinados casos laborales».

Para Sánchez Llibre, con esta manera de hacer el gobierno central «está maltratando la economía productiva y la clase empresarial» y por ello ha exigido «prudencia y más en un momento de incertidumbre económica, y que no se afecte el crecimiento económico».

Las razones de recurrirlo

Para Silva, hay varios elementos a considerar en ese dictamen que ultima su despacho para Fomento del Trabajo: “En primer lugar, vulnera autonomía financiera de las Comunidades Autónomas (artículo 156 Constitución y LOFCA) y se solapa con el impuesto de Patrimonio cedido a dichas autonomías”.

A su juicio, “puede ser inconstitucional desde la perspectiva material de vulneración del 156, como desde la perspectiva formal de regular desde una ley ordinaria otra orgánica,  como es la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Otro aspecto que indica Silva es que “esta propuesta vulnera el principio de seguridad jurídica cuando este impuesto se devenga el 31 de diciembre mismo y todavía no está aprobado, en este momento está en el Senado. La enmienda se ha presentado este noviembre, no parece que permita previsibilidad. Y cuesta ver el motivo de interés público”.

Este jurista recuerda que la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos sobre impuesto energético y bancario que se presentó en julio, “se calificó en septiembre y sorpresivamente en noviembre los mismos grupos parlamentarios presentaron la enmienda parea presentar este impuesto. Eso hace que se puede aprobar el 30 de diciembre lo que impide cualquier planificación fiscal”.

“Y también se vulnera la capacidad económica de los contribuyentes porque creemos que es un impuesto confiscatorio porque el patrimonio no genera rentabilidad en sí mismo”, subraya.

Para este letrado, “no parece muy serio que el Gobierno se ampare en esta proposición de ley con su socio de coalición para sortear los trámites del proyecto de ley e introducir un impuesto nuevo. Eso garantizaría un periodo de audiencia pública, contar con los informes de órganos consultivos y otras garantías de acierto y oportunidad”.

Al final lo que se produce es que “se legisla sin contrastar, sin que haya habido audiencia ni consultas de ningún tipo. No es lo mejor para atraer inversiones de otros países realmente. Al mismo tiempo se está gravando capacidad económica en muchos casos inexistente, los rendimientos de determinados patrimonios no dan para pagar el impuesto, lo que le convierte en confiscatorio”