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Reportajes

Interior prolonga en 2025 el conflicto del sector turístico por el registro de viajeros

La patronal de agencias de viaje CEAV ha pedido su exclusión de la norma y que la conservación de los datos de terceros se reduzca a 6 meses

El ministro Fernando Grande-Marlaska está en el centro de la polémica: se niega a suavizar las condiciones del registro de viajeros. (Imagen: Moncloa)

Luisja Sánchez

Periodista jurídico




Tiempo de lectura: 7 min

Publicado




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Interior prolonga en 2025 el conflicto del sector turístico por el registro de viajeros

La patronal de agencias de viaje CEAV ha pedido su exclusión de la norma y que la conservación de los datos de terceros se reduzca a 6 meses

El ministro Fernando Grande-Marlaska está en el centro de la polémica: se niega a suavizar las condiciones del registro de viajeros. (Imagen: Moncloa)



El pulso echado por el Ministerio del Interior al sector turístico, en especial, cadenas hoteleras, agencias de viaje y rent a car, con motivo de la puesta en marcha hace ya un mes del registro de viajeros sigue en lo más alto. Fuentes del sector hotelero reconocen que por el momento no hay negociaciones y que lo único que han pedido es alegaciones sobre un borrador que se conoció el día de Nochevieja y que apenas cambia nada. El plazo de presentación acaba este 21 de enero.

Los datos que se piden son prácticamente los mismos y además no se responde a la petición de las agencias de viajes de quedar exentas de esa obligación de comunicar información. El sector ha mandado sendas cartas a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al de Industria e Interior, Jordi Hereu, que han estado poco receptivos a modificar nada viendo el borrador de la orden ministerial. Otra carta se envío al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin respuesta por el momento.



Pese a ello en este primer mes de cumplimiento de la Orden nos comunican varios operadores del sector los problemas de la plataforma del Ministerio que se cae de forma continuada, amén del rechazo de muchos clientes a dar ciertos datos personales, con los relacionados con su tarjeta bancaria u otros personales. “Estamos haciendo lo que podemos, pero nos preocupa el riesgo que cualquier hotel o agencia de viajes pueda tener al albergar esos datos durante tres años y sufra un ciberataque”.



Por lo que comentan a E&J, el nuevo borrador de la futura nueva orden debía aclarar qué datos de la extensa nómina incluida en el Real Decreto 933/2021, que regula el nuevo registro, es obligatorio comunicar a las autoridades, toda vez que el Ministerio del Interior había asegurado al sector en una reunión que no serían todos los marcados en la nueva norma, si no los que ya se venían pidiendo.

Sin embargo, la orden sigue incluyendo casi toda la información que levantó polémica. Se mantienen los datos de pago con registro del número de tarjeta o el IBAN bancario, y datos como el teléfono o correo electrónico y el parentesco entre menores y mayores de edad en un grupo de viajeros.



El registro de viajeros está generando muchos problemas, tanto a operadores del sector como a clientes. (Imagen: Technohotels)

Con todo, el documento hace una referencia a la información que pueda acreditarse con documentación. “Los datos que estas personas proporcionen y acrediten mediante la exhibición o facilitación de la documentación correspondiente son los que deberán comunicar a las autoridades”, señala literalmente.

Aunque en los anexos vuelve a citar casi todos los datos iniciales, aclarando que se recabarán si la información viene en el documento de identificación o el cliente la aporta, lo que podría ser una puerta abierta a que no sea obligatorio recabarlos por parte del negocio.

La indignación entre los operadores turísticos que están reportando estos datos “no somos policías, estamos haciendo el trabajo del Ministerio del Interior, sin tener los medios adecuados”, es notable. Desde el sector se nos indican que por el momento no ha habido ninguna sanción por el mal uso de la plataforma o haber entregado los datos con demora, cuestión que quisiera utilizar cualquiera de las patronales afectadas, hotelera o de agencias de viaje, para aprovechar e impugnar la norma en su totalidad además de la propia sanción.

FITUR, espera

La situación es bastante tensa con FITUR, la feria por antonomasia del turismo nacional a la vuelta de la esquina. Esta vez tendrá lugar del 22 al 26 de enero en los recintos madrileños de IFEMA y donde esa tensión entre operadores del sector y autoridades públicas, ministerio de Interior y Turismo, que suelen coincidir en este evento, se puede volver a recrudecer porque para esta fecha no estará resuelto este problema.

Carlos Garrido de la Cierva, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, presentará alegaciones a la nueva Orden Ministerial, que es «decepcionante». (Imagen: CEAV)

El rechazo al nuevo borrador por parte del sector turístico, ha hecho que Interior no le haya quedado más remedio que abrir otro plazo de alegaciones hasta el próximo 21 de enero, curiosamente víspera de FITUR, lo que deja claro de la gravedad de la situación. Un problema generado por Interior y que según nos cuentan ya está dañando la imagen de nuestro turismo fuera de nuestras fronteras, como destino a evitar para algunos touroperadores británicos

A este borrador aún se pueden hacer alegaciones hasta el próximo 21 de enero. La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) es uno de los organismos que ya ha anunciado que presentará sus sugerencias a una propuesta que tildan de “decepcionante” por no haber recogido su petición de excluir a agencias de viajes y operadores turísticos de la obligación de registrar y transmitir los datos de los viajeros. Argumentan que hasta ahora no tenían que hacerlo porque en realidad actúan como intermediarios entre el alojamiento y el cliente.

Para el presidente de la CEAV, Carlos Garrido de la Cierva “el documento, publicado este lunes por parte del Ministerio del Interior, no ha acogido la petición principal del sector de exclusión total de agencias de viajes y operadores turísticos y, por lo tanto, “siguen vulnerando el principio de jerarquía normativa. La propia ley de seguridad excluye a las agencias de viajes como sujetos pasivos de seguridad y frente a la puesta en marcha de este registro, es nuestro argumento de peso”, comenta a Economist & Jurist.

También lamenta que no se haya excluido del ámbito de aplicación del nuevo registro el turismo corporativo o de eventos (conocido como MICE) en el que los clientes no son particulares, y que “no se haya atendido su petición de reducir el plazo de conservación de los datos en registro informático a seis meses, en lugar de tres años”. En País Vasco y Cataluña han surgido otras dos plataformas diferentes que también recaban datos, “lo que no facilita su uso en estos momentos”.

Por otro lado, destaca que no se incluye una aclaración acerca de quiénes son sujetos obligados cuando intervienen varios operadores en un proceso de reserva, ni tampoco la petición de reducir el plazo de conservación de datos en registro informático durante 6 meses.

CEAV también critica que “no se ha reducido prácticamente” el número de datos que hay que pedir al cliente y luego facilitar al Ministerio del Interior. “Piden más de 30 en el caso del alojamiento, incluidos datos tan sensibles como el sexo, relación de parentesco o los datos de pago del cliente, y en el caso del alquiler de vehículos más de 60”, comenta.

Desde su punto de vista “es evidente que nos deja en una situación poco competitiva con otros países de nuestro entorno. No obstante, admiten que el texto dice en repetidas ocasiones que, en el caso de los intermediarios, ciertos datos solo se tendrán que comunicar en el caso de que se conozcan”.

El conflicto del registro de viajeros pillará al sector turístico en FITUR, la feria de referencia. (Imagen: Ayuntamiento de Madrid. Edición del 2023)

Las cartas de la CEAV a Interior y a Industria

A poco de conocerse que se iba a aprobar este RD933/2021 porque acababa el periodo transitorio para que entrase en vigor esta nueva regulación del registro de viajero, el Comité Ejecutivo de CEAV, enviaba una carta conjunta a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Industria y Turismo, Jordi Hereu, sobre la problemática que iba a generar, está generando la entrada en vigor de dicha normativa.

En esa misiva se indica que no fueron consultados y que los efectos que pueden generar para el sector son perjudiciales “enfrenta al sector de las agencias de viajes a una situación nunca antes vivida. Una realidad que se hace difícil entender y que nos es impuesta sin haber contado con nuestra opinión y sin haber existido el mínimo interés para conocer nuestras operativas. Ha quedado demostrado, por parte del gobierno del que forman parte, un flagrante desconocimiento y un manifiesto desinterés por paliarlo.”

También señalan los perjuicios de una norma, única en toda la Unión Europea y que puede generar graves disfunciones: “Una norma que “tiene como objeto principal la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana”, si bien no sabemos de ninguna circunstancia especial que en este momento ponga en peligro dichas cuestiones. Como tampoco conocemos a ningún país de nuestro entorno que haya dispuesto nada parecido. Una norma desproporcionada que colisiona frontalmente con otras de rango español y europeo, así como con recomendaciones de distintos organismos, pudiendo llegar a poner en peligro la propia seguridad que se pretende ante una ciberdelincuencia que, tristemente, avanza a pasos agigantados”.

En la carta los dirigentes de CEAV creen que la medida es desafortunada y vulnera el principio de jerarquía normativa de otras normas: “Nuestro mensaje es claro; el no eximir a las agencias de viajes y operadores turísticos pone en riesgo la actividad turística, en particular la de ámbito internacional, siendo conocedores, que son ya, varios touroperadores especialmente europeos, que están centrando su atención en destinos competidores de España ante el rechazo que en sus respectivos países está teniendo esta cuestión, considerando que la misma atenta de manera directa y flagrante contra la intimidad y seguridad de los propios turistas”.

La carta reclama al final que se abra un diálogo entre los interlocutores, por el momento lo único que ha habido es un nuevo borrador de orden ministerial con un plazo de alegaciones hasta el 21 de enero, pero todo sigue igual: “Les conminamos a una reflexión que derive en la apertura de un diálogo real, leal, sincero y efectivo que permita poner freno a un hecho que puede derivar en un gravísimo perjuicio de ámbito nacional, más allá del que ya está suponiendo para las agencias de viajes españolas”.