Regular por decreto la reducción de jornada ante la negativa de CEOE sería un error importante del Gobierno

Después de que el episodio de la DANA valenciana obligara a Yolanda Díaz a suspender la reunión del pasado 11 de noviembre, este jueves, 21 de noviembre, los interlocutores afrontan la enésima reunión por la reducción de jornada, sin atisbos de llegar a un encuentro.

La “recta final” para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas parece clara, con posiciones diferentes entre los sindicatos (CCOO y UGT), así como la patronal (CEOE y Cepyme) que tendrán que dar su respuesta definitiva.

Economist & Jurist ha pedido a varios expertos en relaciones laborales su opinión sobre este nuevo escenario que pudiera abrirse. Todos los consultados coinciden en que legislar con un decreto sería un error. Si el Gobierno mueve ficha de forma unilateral con los sindicatos es factible que se vaya a un proyecto de ley. Luego, lo de sacarlo en el Parlamento es otro cantar.

Para Carlos de la Torre, socio de laboral de Gómez-Acebo & Pombo y vicepresidente de la asociación de directivos y profesionales de relaciones laborales (ADIRELAB), “la patronal no se va a mover de su posición. Está cerrada. Hay una restricción de la negociación colectiva según el artículo 37 y si esto se impone por ley, no lo van a aceptar. Lo quieren modular a través de la negociación colectiva en clave sectorial”.

Sobre la posición del Gobierno, de la Torre indica que “es clara, alineada con los sindicatos. Y los sindicatos presionan para que legisle. Es posible que se pacte entre Gobierno y sindicato un texto de anteproyecto de ley, que ya está encima de la Mesa desde hace meses y no cambia mucho”.

Desde su punto de vista “está basado en la reducción de jornada a 37,5 horas, que afectaría a 12 millones de trabajadores. Eso hará que cientos de convenios se adapten cuando se adapte la norma, y si se consiguen los apoyos políticos, se publicaría en el BOE. Otro elemento es el registro de jornada, tendrá una plataforma tecnológica para que el Ministerio sea receptor de las comunicaciones de esos registros. Ahí las sanciones se han elevado mucho. Se pasa de 7.500 euros por empresa a 10.000 por trabajador por la actuación de la Inspección laboral”.

El tercer elemento es la desconexión digital, que será derecho laboral fundamental “por tanto los responsables empresariales o managers tendrán que evitar remitir comunicaciones electrónicas fuera del horario de la jornada diaria”.

Desde su punto de vista, “no sabemos lo que va a pasar este jueves. Pero los grandes temas son productividad y costes. Sigo sin ver que una reducción de jornada genera un incremento de la productividad. No se ve en unos sectores en otros con más margen de beneficio puede generarse. En los sectores donde se depende no tanto de la persona física, sino del desempeño o valor añadido que puede crear un empleado a la hora de generar sus tareas. En otros presenciales habrá reducción de productividad e incremento de costes. Parece que el plan 375 para pymes que prepara el Gobierno no sería suficiente para frenar dicho incremento de costes”.

A su juicio “estamos ante una gran revolución porque desde 1983 no se reduce la jornada laboral. Los trabajadores están por la labor porque van a trabajar menos horas, de forma automática van a incrementar el salario. Van a mantener su derecho a mantener su parcialidad que puede ser de 15 o 20 horas y se les incrementa el salario. Y al resto de trabajadores igual porque habrá un incremento de vacaciones progresivamente. En aquellas empresas que necesitan trabajadores los habrá a tiempo parcial, y desde el punto de vista de salud y bienestar, todo el mundo quiere trabajar menos horas”.

En opinión de este experto “los tres sectores nucleares de la actividad económica en España, construcción, hostelería y restauración y agricultura. Son sectores que se nutren de horas de trabajo. Si hay reducción de horas producirá incremento de costes y más contrataciones. En este escenario cualquier gobierno debería dar prioridad al Diálogo Social con resultados. Se necesitan acuerdos de mínimos entre los agentes”.

Desde su punto de vista, “un acuerdo parcial sin la patronal seguiría la senda de lo que sucedió en cuanto al salario mínimo interprofesional (SMI) y la Ley para la igualdad, que no son buenos precedentes. Altera la funcionalidad y propósito de un Gobierno que entiendo que quiere ser social. Para avanzar no hace falta hacerlo muchos metros”.

Carlos de la Torre no cree que la reducción de jornada vaya generar un incremento de la productividad en muchos sectores. (Imagen: GAP)

La legislación bipartita entraña riesgos

Por su parte, Álvaro Rodríguez, socio de laboral de ECIJA e inspector de Trabajo y Seguridad Social en excedencia, señala que “da la sensación de que, por el momento, no hay punto de encuentro entre las patronales empresariales y las organizaciones sindicales para lograr una reducción de jornada de cara al año que viene y situarse en las 37,5 horas. El acuerdo es inviable si escuchamos lo que dijo Garamendi, presidente de CEOE, hace unos días”.

Junto a ello reconoce que “Gobierno y sindicatos están listos para llegar a un acuerdo bilateral entre ellos con una aplicación de máximos de esa reducción. En caso de que el acuerdo para reducir la jornada se cierre solo con los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, las ayudas anunciadas por este último a las pymes podrán descolgarse”, comenta.

De hecho así lo advertía el secretario de Estado de Trabajo en la última reunión celebrada al señalar que no hay duda de que la geometría de esta propuesta cambiará y algunos elementos podrían quedar fuera si la patronal no entra en el acuerdo.

De hecho, tanto CCOO como UGT se han mostrado favorables a retirarlas, instando incluso al Gobierno a aprobar la reducción de jornada “a pelo”, mientras que la ministra Díaz ha manifestado públicamente que los empresarios se decidan a decir “al país y a los empresarios” si quieren ir por este camino, el del acompañamiento a las pymes para reducir la jornada, o si quieren el camino “de la aplicación estricta de la ley”.

Sin embargo, parece claro que la implementación de esta reducción de jornada será para el próximo año. “Desde este Gobierno de coalición hay contrapesos, sobre todo en la parte socialista para no acelerar la aprobación de forma unilateral de alguna forma sobre este extremo. Es un tema sensible que afecta a 12 millones de trabajadores y el contexto político es complicado, con poco margen para aprobar cualquier iniciativa legislativa en estos momentos”, señala Rodríguez.

Desde su punto de vista “un acuerdo bipartito sin empresarios puede hacer que algunos de los socios del Gobierno, como Junts y PNV, se desmarquen del mismo y no lo aprueben. Son fuerzas conservadoras que tienen siempre muy en cuenta la opinión de las empresas catalanas y vascas, que son de las que más riquezas crean en nuestro país en la actualidad”.

Por ello, lo más probable es que el Ministerio de Trabajo pase a negociar la reducción de jornada solo con las organizaciones sindicales; una negociación que se prevé rápida por la intención de ambas partes de llevar la medida al Congreso de los Diputados lo antes posible. “Habrá que ver cómo queda lo del registro de jornada, que se pretende sea digital en todas las empresas e interconectado con el Ministerio”, lo que a juicio de este inspector de Trabajo y Seguridad Social en excedencia es “algo complicado porque estamos hablando de pymes algunas de menos de 10 trabajadores”.

De hecho, los secretarios generales de CCOO y UGT han estado manteniendo reuniones con distintos grupos políticos para ganar apoyos y que la medida pueda pasar su trámite parlamentario. “No creo que vayan a decreto ley porque su convalidación en 30 días no será sencilla, ya hemos visto recientemente el espectáculo de la Comisión de Hacienda con promesas para todos los socios de este Gobierno”, sentencia Rodríguez.

Álvaro Rodríguez considera que “el acuerdo es inviable si escuchamos lo que dijo Garamendi, presidente de CEOE, hace unos días”. (Imagen: ECIJA)

Mejor acuerdo a tres bandas

Por su parte, Ignacio Hidalgo socio responsable de laboral de RSM en España, muestra su satisfacción por la incorporación de Eduardo Gómez de Enterría, como socio de la práctica en Madrid. Junto a Hidalgo y Gómez completan el equipo de socios de la oficina de Madrid Rafael Rojas, y Natalia Gómez de Enterría, que se incorpora con Gómez para formar un equipo de 6 socios y más de 30 profesionales en toda España.

“La reducción de jornada debería buscar un acuerdo tripartito en el Diálogo Social”, afirma Hidalgo, quien desde su punto de vista “es previsible que en la reunión de este jueves no se alcance el acuerdo entre patronal y sindicatos para consensuar la reducción de jornada. Si la reunión fuera bien, lo lógico es que se siguiera negociando y el Gobierno acercase posturas entre los interlocutores para lograr ese ansiado acuerdo social a tres bandas”. Para este experto, “cualquier decisión diferente de ese acuerdo global estaría alejado del Diálogo Social que proclama este Gobierno y puede generar multitud de conflictos”.

En este escenario reconoce que “el impacto real de la implementación de esta medida será menor de la esperada porque hay muchos convenios que ya están en jornadas similares que se quieren imponer sobre 38,5 horas, e incluso hay otros que ya están en 37,5 horas reales. Sin embargo, en el resto es posible que se genere mucha conflictividad. No tener una medida acordada con los empresarios parece un error importante que puede agravar este contexto”.

Al parecer lo último que se ha conocido en vísperas de esta reunión, que después de 10 meses se vislumbra como definitiva, es que el Gobierno podría estar planteando eliminar las ayudas que planteó en la negociación de apoyo a las empresas y que cristalizaba en el Plan 375, donde se ofrecían ciertas bonificaciones a la contratación por nuevos trabajadores. “Si eso es así, podría generarse destrucción de empleo y problemas serios en las empresas”, señala Hidalgo.

Este experto, al igual que han comentado otros juristas como Federico Durán, of counsel de Garrigues, ha sido partidario de “proteger a las pymes y para eso debería generar que hubiera una regulación laboral a dos velocidades porque la legislación laboral está más pensada para la gran empresa, con los problemas que conlleva para nuestras pymes. Un 97% tienen menos de 10 trabajadores, según las estadísticas del Ministerio”.

Sin esas ayudas “las pymes que precisamente están en sectores donde no han reducido jornadas por distintas circunstancias se pueden encontrar ante nuevos costes laborales importantes. Por eso sería mejor lograr un acuerdo global en lo importante en esta medida de la reducción de jornada entre trabajadores y empresarios, de lo contrario va a ser complicado si no hay ese acuerdo que se pueda implementar en la negociación colectiva”.

En su opinión, “en una medida de este calado, independientemente del desenlace de la reunión de hoy, debería buscarse el acuerdo a tres bandas entre Gobierno, patronal empresarial y sindicatos. Hay que darse cuenta que en normas de este tipo o reformas laborales que se implementan son difíciles con el tiempo de modificar; la reforma laboral del 2012 no se revirtió hasta el 2021. Si hay cambios en la reducción de jornada y más adelante en las indemnizaciones por despido, habrá que ver si se revierten en el futuro más inmediato”.

Ignacio Hidalgo advierte de la necesidad del acuerdo entre patronal y sindicados para luego implementar en la negociación colectiva la reducción de jornada. (Imagen: RSM Spain)