Los 34 delitos de los que se libra Donald Trump por ser presidente de Estados Unidos

Esta mañana, en España, conocíamos la noticia de que Donald Trump ha ganado las elecciones presidenciales de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer presidente en la historia del país en alcanzar la Casa Blanca por segunda vez no consecutiva. Sin embargo, esta victoria no ha pasado desapercibida, ni dentro ni fuera de Estados Unidos. El exmandatario, conocido por su estilo provocador, su carácter polarizante y los escándalos que le rodean, llega a esta reelección con una mochila llena de acusaciones judiciales y controversias políticas que amenazan con empañar su retorno al poder.

Trump, que logró movilizar a una base de votantes leal, ha tenido que enfrentar una serie de procesos judiciales que no solo han afectado su imagen, sino que han puesto en juego su capacidad de gobernar. Uno de los casos más destacados es el juicio por el pago de 130.000 dólares a la actriz de películas para adultos, Stormy Daniels, en un intento de ocultar una supuesta relación extramatrimonial durante la campaña presidencial de 2016. En mayo de 2024, un jurado de Manhattan lo declaró culpable de falsificar registros comerciales para encubrir el pago, lo que lo convirtió en el primer expresidente estadounidense en enfrentar una condena por delitos graves. Este fallo desató una nueva ola de cuestionamientos sobre su figura, no solo como político, sino también como empresario y líder de su movimiento.

Pero este no es el único caso judicial que Trump enfrenta. Entre las acusaciones más graves figuran los cargos por el manejo indebido de documentos clasificados tras su salida de la Casa Blanca. En 2022, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) incautó miles de documentos confidenciales, muchos de ellos clasificados, en la residencia privada de Trump en Mar-a-Lago. El exmandatario se enfrenta a múltiples cargos de obstrucción a la justicia por negarse a devolver dichos documentos, además de posibles violaciones de la Ley de Espionaje. En julio de 2024, uno de los casos relacionados con estos documentos fue desestimado, pero otros continúan su curso judicial, y la incertidumbre sobre la resolución de estos procesos persiste.

A estas acusaciones se suman los cargos por su intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020. Trump ha sido señalado por incitar a la violencia durante el asalto al Capitolio en enero de 2021, donde sus seguidores intentaron impedir la certificación de los resultados electorales. En Georgia, Trump y 18 de sus aliados están acusados de interferir en los comicios estatales, un intento de alterar el resultado en un estado clave que permitió a Joe Biden ganar la presidencia. La famosa llamada telefónica en la que Trump instó al secretario de Estado de Georgia a «encontrar» los votos necesarios para revertir su derrota ha sido una pieza central en las investigaciones. Aunque algunos de los cargos originales fueron desestimados, la mayoría siguen en pie, incluida la acusación de violación de leyes de crimen organizado en el contexto de las manipulaciones electorales.

(Imagen: Getty Images)

Lo más probable es que Donald Trump no enfrente una condena de prisión. No por su inocencia, sino por la red de protección que ha tejido a su alrededor, una red que ni siquiera la ley parece capaz de deshacer. De haber sido cualquier otro ciudadano, aquellos 34 cargos graves por falsificar registros comerciales lo habrían enviado directo a prisión, como revela una investigación de The New York Times. En Manhattan, el 42% de los casos similares terminan en reclusión. Sin embargo, Trump, el hombre que ha gobernado al país y hoy vuelve a hacerlo, parece estar por encima de esas leyes que destruyen las vidas comunes.

Porque tras haber ganado las elecciones hace unas horas, el exmandatario se enfrenta a su más grande prueba: la impunidad de un sistema que, a pesar de todo, lo deja escapar. Y lo hará. No le espera la cárcel, al menos no mientras sea presidente, ya que existe una ley federal que impide procesar a un presidente en ejercicio. Esto será respetado por las autoridades de Nueva York.

La Constitución de los Estados Unidos, esa que en 1787 delineó las bases de la democracia americana, no menciona explícitamente qué sucede cuando un presidente en ejercicio es acusado o condenado por un delito. Este vacío jurídico, una grieta en el sistema, ha dejado a Trump al margen de las consecuencias de sus actos. ¿Por qué no? Si bien el texto fundamental no prohíbe que alguien con una condena ejerza el cargo de presidente, la interpretación más común es que nada, absolutamente nada, ni acusaciones ni condenas, impide que alguien se siente nuevamente en el sillón presidencial. Y es precisamente esa laguna legal la que le permitirá  aferrarse al poder, mientras el resto del país observa cómo el sistema se pliega ante su figura.

Su retorno a la Casa Blanca parece haber dependido del respaldo popular y de la capacidad de su equipo para lidiar con las complejidades legales que lo acechan. La pregunta que acechaba en momentos de campaña electoral se hace ahora real: ¿podrá un hombre con semejante carga judicial dirigir una nación? El pueblo estadounidense ha hablado y ha decidido hacer renacer la figura de Trump a pesar de estas fuertes acusaciones. Sin embargo, su victoria, en medio de un escenario judicial sin precedentes, deja en el aire la pregunta sobre si realmente podrá gobernar de manera efectiva y con legitimidad.