David Rocamora, decano del ICA Tarragona y nuevo consejero del CICAC: “La abogacía debe protagonizar las reformas de la Justicia”

En menos de tres meses la vida profesional de David Rocamora, abogado penalista, ha cambiado sustancialmente. El pasado 23 de diciembre tomaba posesión como decano del Ilustre Colegio de la Abogacía (ICA) de Tarragona tras ganar las elecciones de noviembre, y ahora se ha incorporado al Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC) como consejero. Con su incorporación el Consejo tiene paridad de hombres y mujeres, 14 en total.

“Todas las reformas que ayuden a mejorar la Justicia hay que tenerlas en cuenta. Y nosotros, los abogados, debemos estar en primera línea de ellas”, señala Rocamora, quien no ha podido elegir mejor año que este 2025, plagado de actividad e hitos relacionados con la Justicia, para formar parte de la abogacía institucional.

Su única experiencia pasada fueron unos años al frente de la Fundación del ICA Tarragona en los años 2017 y 2018, y luego vinculado a las Comisiones del Turno de Oficio y de Derechos Humanos. “La inmersión es total ahora. Sé que son responsabilidades importantes, pero estoy entusiasmado por la tarea que ya estoy llevando, donde me he encontrado compañeros también con ganas de servir a la colectividad”, afirma a Economist & Jurist el nuevo consejero del CICAC.

A este respecto, hace mención al papel de Salvador González, actual presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), y única referencia a nivel de dirección que Rocamora ha tenido en esos últimos años: “Creo que su gestión es notable, esta ejerciendo un liderazgo activo en un momento en el que la abogacía nos jugamos mucho. En los temas claves como el de las pensiones o el turno de oficio se está moviendo con destreza con el apoyo de las Comisiones de Previsión Social y turno de oficio, que han hecho un trabajo importante”.

David Rocamora es consciente de los frentes que preocupan a la abogacía como colectivo: “Hay que hablar del auge de la IA y el uso que ya se hace en la justicia y en los despachos de abogados, no creo que nunca nos sustituyan a los abogados. Otros temas que más preocupan en estos momentos tanto a nivel de previsión social y gestión de unas pensiones dignas, como en la necesidad de reformar el turno de oficio. Al mismo tiempo estamos inmersos en la Ley de eficiencia organizativa, que cambiará el modelo de justicia por otro de tribunales de instancia; o la Ley de Derecho a la Defensa”.

Desde su punto de vista “este es un momento especial para la profesión de los abogados y tenemos que estar especialmente atentos. De todos estos retos donde la voz de la abogacía y sus ideas hay que tenerlas en cuenta, debemos salir bien parados. En el caso de los MASC y la mediación, como elemento previo a interponer las demandas correspondientes debe ser la abogacía quien lidere ese tema, por su preparación y conocimientos y aconseje a los clientes que método alternativo debe utilizar”.

David Rocamora, decano del Colegio de Abogados de Tarragona, junto a Joan Martínez, presidente del CICAC. (Imagen: CICAC)

Para este penalista con despacho propio “la abogacía institucional debe ser la locomotora del resto de compañeros y compañeras que trabajan por defender a los justiciables, algunos de ellos organizados en asociaciones. Tenemos que liderar este movimiento y recoger las sensibilidades que se expresan a través de las asociaciones que se están movilizando en estos momentos. Somos los interlocutores del resto de operadores jurídicos y debemos trabajar para resolver las cuestiones antes mencionadas”.

Dignificar el turno de oficio

David Rocamora desglosa para Economist & Jurist los temas que preocupan a la abogacía: “En el turno de oficio hemos tenido una subida reciente de los baremos por parte de la Generalitat de Cataluña, pero no frena el poder adquisitivo que hemos perdido. Debemos buscar una subida anual razonable que abone todas las actuaciones que los abogados del turno de oficio realizamos. Esa retribución debe aumentarse para dignificar esta actividad profesional”.

El nuevo decano del ICA Tarragona y nuevo consejero del CICAC recuerda que “las clases más desfavorecidas son las que asisten al turno de oficio, son personas cuyos intereses vitales se ventilan en este tipo de procedimientos, de ahí que deban tener garantizada su retribución digna porque es la mejor manera de defender con plenitud los intereses que les son encomendados. La función social de la abogacía es el turno de oficio. Llevo 28 años en el turno de oficio Penal, casi desde que empezamos”.

Rocamora, decano del Colegio de Abogados de Tarragona: «Hay que acabar con la leyenda de que el letrado de oficio es un profesional que no está bien preparado. Esto no es cierto». (Imagen: Rocamora Advocats)

Desde su punto de vista “hay que acabar con la leyenda de que el letrado de oficio es un profesional que no está bien preparado. Esto no es cierto, porque para ejercer en el turno se piden unos años de experiencia y una formación. Hay grandes profesionales que tratan con la misma profesionalidad estos asuntos como aquellos otros que les llegan de manera privada. Necesitamos una ley nueva de Asistencia Jurídica Gratuita y un Estatuto del Abogado del turno que defina sus derechos y obligaciones claramente”.

El otro gran asunto tiene que ver con las pensiones dignas que los colectivos de abogados adscritos a distintas Mutualidades reclaman. Después del último debate en el CGAE a tres bandas, donde el PSOE recalcó que ahora iban a negociar su proposición de ley para mejorarla, la situación parece que está mejorando y el acuerdo está más cerca. “El trabajo de Salvador González como decano es importante en este tema. Nos preocupa la problemática de las clases pasivas que no se les puede dejar fuera de la pasarela”, señala el decano del ICA Tarragona.

Para Rocamora “se trata de lograr que la pasarela tenga una equiparación razonable entre aportaciones efectuadas y periodo de tiempo cotizado. El tema es complejo, pero hay que buscar la pasarela unitaria 1×1, que sería lo razonable. Sobre la manifestación del día 22 de febrero en Madrid de todas las asociaciones tenemos que estudiar en Junta si acudimos. No obstante, nosotros pensamos que debemos resolver el conflicto desde la negociación que el CGAE y su presidente están realizando. Ese es el camino aunque respetamos otras opciones”.

Abogacía preventiva

En su opinión, “el éxito de un abogado no es tanto ganar un pleito como evitarlo, porque el pleito siempre genera un escenario de incertidumbre, pero en todo caso este pleito está vinculado a la figura de los abogados. El problema que tenemos es el elevado grado de litigiosidad de nuestros juzgados, en esta situación habrá que ver cuál es el comportamiento de los mecanismos de resolución o MASC que se han habilitado. Este mecanismo tiene su aplicación, como los pleitos otro. Pero es necesario dotar a los juzgados de medios y más jueces para que sean operativos”.

En cuanto a la reforma que plantea el Ministerio de Justicia con la llegada de los tribunales de instancia, “de momento no veo un cambio de modelo de justicia, veo un cambio de nomenclatura. Un cambio como el que se espera se hubiera producido si se hubieran incorporado 150 a 200 jueces más. Si no hay más jueces o fiscales las reformas que se hacen son un brindis al sol. Es posible que la actual reforma de la justicia logre más eficiencia, pero si en planta judicial no hay más jueces o fiscales pocos cambios puede haber”.

De esta reforma que el Ministerio de Justicia ha llevado en secreto “ahora la abogacía institucional, como ya dijo nuestro presidente Salvador González, quiere participar de su implementación. Nosotros en Cataluña sabemos que la Generalitat nos explicará su calendario de desarrollo de dicha reforma. La reforma actual choca con las dificultades presupuestarias y una coyuntura política en la que los acuerdos son volátiles. Esta reforma necesita de financiación, cuestión que depende de los equilibrios políticos”.

El nuevo consejero en una de las últimas reuniones del Consejo de la Abogacía Catalana. (Imagen: CICAC)

Derecho Penal de actualidad

Este abogado penalista también ha abordado la problemática actual sobre la acusación popular y la reforma de la instrucción, donde los fiscales se encarguen de ello, con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim): “Las restricciones de la acusación popular vienen de atrás. Ya Mariano Rajoy se encargó de reducir el concepto de justicia universal en asuntos de lesa humanidad. Ahora a vueltas de otras coyunturas políticas se pretenden otras reformas. Es cierto que ha habido mal uso de la acusación popular, pero no justifica esta reforma que ahora se plantea”.

Desde su punto de vista “cualquier mal uso particular de la acusación popular no puede ser la puerta de acceso para modificar este derecho fundamental. No se pueden poner más cortapisas de las que existen al ejercicio de las acusaciones populares, porque el sistema legal ya da medios para detener cualquier actuación impropia. Por tanto es innecesario, y en el momento político actual más innecesario que nunca”.

En cuanto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “en un momento como el actual, con la Fiscalía siendo protagonista de noticias controvertidas, no parece que sea el momento adecuado para realizar dicha reforma procesal de gran calado porque daría la instrucción a los fiscales. En estos momentos soy partidario que el sistema a nivel de instrucción se mantenga como está. No creo que ahora mismo se pueda acometer a no ser que haya una transformación inmensa, con dotación adecuada de medios”.

Al mismo tiempo Rocamora recuerda que “habría que hacer una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que garantizase una independencia del Ministerio Público del Gobierno y conseguir la utopía de que estas instituciones con este protagonismo tan grande se despoliticen. Es tan sencillo decirlo pero difícil a la hora de ejecutarlo por lo que vemos. Nos preocupa la extensión del Derecho Penal que debiera ser el último ratio. Debería ponerse coto a ciertas prácticas de querellas infundadas, con algunas sanciones. Hay herramientas para ello”.