La Ley de Defensa del Derecho al honor prohíbe a José Bretón ganar notoriedad con el libro ‘El odio’, aunque no se haya lucrado económicamente

La libertad de expresión y de creación artística a veces choca con otros derechos fundamentales, como es el derecho al honor, la intimidad o la propia imagen. Sin ir más lejos el último caso conocido en nuestro país ha sido protagonizado por el libro El odio, que recoge el testimonio de José Bretón, el hombre que actualmente cumple condena en prisión por asesinar en el año 2011 a sus dos hijos, de 6 y 2 años.

Ese asesinato fue cometido en un caso de violencia vicaria, siendo el único objetivo de Bretón causar el mayor sufrimiento posible a la que era la madre de sus hijos, y quien recibió de muy mal agrado la noticia de que esa obra iba a salir mercado el libro. La mujer, Ruth Ortiz, pidió amparo a la Fiscalía de Menores para que paralizara la distribución de la obra, solicitando la institución la suspensión del libro como medida cautelar.

Por su parte, el escritor del libro, Luisgé Martín, junto a la editorial Anagrama, defendieron en un comunicado conjunto su derecho de publicar la obra, asegurando que la misma había sido escrita respetando a las víctimas y que no da voz a Bretón, sino que “se la quita” al negar su explicación de los hechos “y le enfrenta con sus contradicciones”. En esa línea de justificación, los interesados en que la distribución del libro saliera adelante reconocían que la obra podía “provocar dolor al reabrir heridas, pero no más que otras que se han publicado sobre los hechos o la serie audiovisual” que se emitió en 2023, Bretón, la mirada del Diablo.

Recorrido judicial

La medida cautelar solicitando la paralización de la distribución y comercialización de El odio fue negada en primera instancia por un juzgado de lo Civil, pero la Fiscalía no se dio por vencida y disconforme con dicha decisión recurrió la misma, sosteniendo que la obra lesionaba el derecho al honor de las víctimas.

(Imagen_ Editorial Anagrama)

No obstante, este miércoles, 9 de abril, la Audiencia Provincial de Barcelona dio luz verde a la publicación de la obra. Ha sido la Sección Cuarto del citado tribunal provincial el que ha dictado resolución confirmando la desestimación de la medida cautelar que solicitaba la paralización de la publicación del libro al considerar que dicha solicitud “no reúne el fundamental requisito de la instrumentalidad”.

Según explicó la Audiencia Provincial (AP) en el auto dictado, la finalidad de la solicitud de una medida cautelar, como es la suspensión de la distribución de una obra, “no es asegurar la eficacia de una eventual sentencia estimatoria declarante la existencia de una intromisión ilegítima”. Es decir, la Justicia entiende que la medida cautelar no está relacionada con una intromisión ilegítima en el derecho al honor que haya sido contrastada y ya se haya producido, sino que lo que se pretende con dicha solicitud es “evitar con la publicación una intromisión ilegítima que el solicitante considera más que probable”.

La AP de Barcelona ha razonado que la solicitud se presentó previamente a interponer una demanda “con base en la inminente publicación del libro, que estaba prevista para el pasado día 26 de marzo de 2025, y con la referida finalidad de estudiar si se presenta o no una demanda, de forma que la medida es solicitada sin venir anudada a ninguna demanda, presente o futura”.

Bretón podría estar obteniendo notoriedad con el libro, algo prohibido

La Audiencia Provincial terminó señalando en el auto, “la legislación procesal civil no contiene mecanismos que permitan acceder a la petición formulada por el Ministerio Público”, como es embargar una publicación. A este respecto la abogada Núria González señala que señala que si la Justicia ha desestimado la medida cautelar seguramente sea porque no hay ningún elemento de valoración que sirviera a la Audiencia para parar el asunto. En esta línea, la letrada explica que “la ley tiene mecanismos que a posteriori permiten reclamar indemnizaciones y daños, pero es verdad que de manera anterior tiene que ser un juez quien valore si la publicación puede estar amparada en lo que es la libertad de creación”.

Respecto al libro, González recuerda la Ley 1/82 de Defensa del Derecho al Honor, en el artículo 7.8, recoge que “el autor de un crimen condenado en firme por el crimen no se puede lucrar ni obtener notoriedad”.  En este caso, aunque Bretón no se haya beneficiado económicamente por el libro, alegando que no ha percibido ninguna cuantía por ello, “también habría que valorar si está intentado conseguir notoriedad, que yo creo que es el caso y es algo que igualmente prohíbe la ley, pues no solo no puede lucrarse económicamente, si no que tampoco puede beneficiarse en notoriedad utilizando el crimen por el que ha sido condenado”.

Respecto a que castigo legal podría enfrentarse el autor del crimen por esa obtención de notoriedad, la abogada explica que la ley no recoge unas consecuencias específicas, solo establece la prohibición de que el autor de un crimen se lucre de él u obtenga notoriedad, “pero al ser un tema civil se podría enfrentar a una indemnización por daños al honor que quien la alegue la tendría que cuantificar, cuantificar en qué se traduce ese daño”.

La abogada Núria González recuerda que Bretón no solo no puede lucrarse económicamente, si no que tampoco puede beneficiarse en notoriedad utilizando el crimen por el que ha sido condenado. (Imagen: E&J)

Si el libro vulnera derechos fundamentales, podría ser retirado

A raíz de los hechos conocidos, por el momento se desconoce si la editorial continuará adelante y publicará y distribuirá la obra. Lo que sí es obvio es que se ha abierto el debate social de dónde está el límite legal de este tipo de creaciones artísticas y si ese libro vulnera el derecho al honor de los menores asesinados.

A este respecto, Núria González señala que “ese límite no está determinado en causas tasadas, tiene que ser cada juez y cada tribunal en cada caso los tendrán que valorar cuando se ha producido una intromisión ilegítima en el derecho al honor. En el presente caso, será la Justicia la que determiné, si se interpone demanda, si se han vulnerado los derechos fundamentales de las personas que han sido protagonistas involuntarios de ese asunto, en este caso, las víctimas”.

Por su parte, la abogada experta en Derecho Civil, María Pastor, explica que “el límite principal está en que la obra no debe menoscabar la dignidad de las víctimas ni reproducir de forma morbosa, vejatoria o sensacionalista los hechos, especialmente si se trata de menores fallecidos en un contexto de violencia”.

En cuanto hasta qué punto una obra literaria puede abordar hechos reales y violentos sin infringir derechos fundamentales de las víctimas, Pastor argumenta que “para que se considerara una vulneración ilegítima deberían darse requisitos como, que el contenido fuera ofensivo, humillante, que se dieran datos sensibles que no tienen interés, que se distorsione la realidad y que se contaran hechos que no aportan nada al debate público”.

María Pastor, abogada experta en Derecho Civil en el despacho Vilches Abogados. (Imagen: Vilches Abogados)

En lo que respecta al comunicado emitido por el autor del libro y la editorial, de manera conjunta, en el que reconocían que la obra podía provocar dolor al reabrir heridas pero justificaban la publicación de El odio en que ya había sido publicada dos años atrás una serie sobre José Bretón, la experta en Derecho Civil contraargumenta que “el hecho de que existan otras obras previas (como series documentales o reportajes) sobre un mismo caso no constituye en sí mismo una justificación jurídica suficiente para amparar una nueva publicación bajo el paraguas de la libertad de expresión”.

En este sentido, la letrada ha recordado que, si la obra se publica, la madre de los menores asesinados por José Bretón podría interponer una demanda civil tanto contra el autor como contra la editorial, “alegando una intromisión ilegítima en su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, en su condición de madre de las víctimas”.

No obstante, para que dicha demanda prosperase, Ruth Ortiz “debería demostrar que la publicación le ha causado un daño real e identificable, como por ejemplo, un informe psicológico o psiquiátrico que acredite un perjuicio emocional o psicológico grave causado por la publicación; que la obra haya generado repercusión pública negativa, escarnio o estigmatización hacia ella o su entorno; y/o que el tratamiento de la obra no fuera neutral ni respetuoso con la dignidad de las víctimas”.

Por último, si se demostrase que el autor o la editorial, o ambos, cometieron una intromisión ilegítima de derechos fundamentales, “podrían responder solidariamente por los daños y perjuicios ocasionados si el tribunal así lo estima. Se podría pedir además de la indemnización, la retirada de ejemplares o incluso una rectificación pública”.