«La ley de fiscalidad agraria es buena y llega en un momento importante», afirma Manuel Lamela, presidente de la Sección de Derecho Agroalimentario del ICAM

“Las medidas propuestas en la ley de fiscalidad agraria podría paliar de manera muy significativa la complicada situación que muchas explotaciones agrarias están sufriendo, ya que la reforma viene a atender la realidad del sector, el cual está atravesando una etapa muy dura por razones climatológicas y estratégicas, y también por la subida de las materias primas”, afirma Manuel Lamela, presidente de la Sección de Derecho Agroalimentario del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

Lamela, quien además es Abogado del Estado y socio director del despacho Acountax Abogados, valora positivamente la ley de fiscalidad agraria registrada en el Senado, la cual pretende aliviar la presión fiscal a la que están sometidos los agricultores y ganaderos. Esta norma incorpora una serie de medidas con las que prevé un ahorro económico de 700 millones de euros al sector agrario en impuestos, y de las que se beneficiarán cerca de 800.000 profesionales.

“La reforma tiene dos aspectos importantes. El primero es que mantiene algunas cuestiones que habitualmente todos los años se incorporan para aligerar o para hacer más benévola la fiscalidad del sector agrario, y el segundo aspecto es que incorpora otras medidas con carácter extraordinario, algunas con vocación de permanencia y que vienen es atender una realidad del sector”.

Cabe recordar que entre las medidas que recoge la reforma se encuentra ampliar el umbral de régimen especial de tributación (pasando de los 250.000 euros actuales de ingresos a los 325.000 euros); elevar el límite del umbral de gastos (pasaría de 150.000 euros actuales a 250.000 euros); dotar de mayor flexibilidad el cálculo del umbral de facturación (que el ganadero y agricultor pueda elegir si para calcular la facturación considera el resultado del último ejercicio o la media de los tres últimos ejercicios); incrementar la cantidad de gastos de difícil justificación (de 2.000 a 3.000 euros); aumentar el porcentaje del régimen especial de reintegro para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales.

Asimismo, otras medidas que plantea la ley de fiscalidad agraria son aplicar una deducción del 25% del seguro agrario (que los titulares de explotaciones se puedan deducir el 25% de las cuotas satisfechas en el periodo impositivo por la suscripción de un seguro); implementar deducciones por maquinaria (que el IVA por la adquisición de bienes de inversión puedan deducirse al 100% sobre el exceso de inversión de los últimos tres años); que se simplifique la burocracia, fijando un plazo de 6 meses para analizar las trabas administrativas a eliminar; y que las ayudas directas estén exentas de tributación en la declaración de la renta y no computen en la base imponible del impuesto de sociedades.

(Imagen: E&J)

Los aspectos más significativos de la ley

El presidente de la Sección de Derecho Agroalimentaria del ICAM confiesa a Economist & Jurist que algunas de las medidas que incluye la reforma le han “sorprendido gratamente porque es algo que se lleva pidiendo muchos años por parte del sector”, como es el seguro agrario. “El seguro agrario es una parte esencial del sistema agrario, sobre todo en prevención. Estamos ante un negocio al aire libre y ello conlleva muchos riesgos climatológicos”.

Lamela señala que él siempre ha pensado que el mejor fomento que se puede hacer, aparte de primas ajustadas o bajas, era precisamente deducir una parte de las cuotas en los impuestos. “En las medidas de la ley de fiscalidad agraria se contempla una deducción del 25% por la suscripción del seguro, tanto para explotaciones agrarias como para explotaciones ganaderas, en cuanto a lo realmente pagado por el agricultor o por el ganadero. Creo que esta es una medida que se ha demandado durante mucho tiempo y que es importante que se contemple, y además que se contemple con carácter permanente”.

Este experto también destaca positivamente la propuesta de aumentar el límite del umbral de gastos a 250.000 euros con carácter definitivo. “Es una medida bastante prudente porque, entre otras cosas, se viene haciendo todos los años y no hace falta repetir la jugada todos los años o esperar a que protesten los agricultores para repetir la jugada”.

Manuel Lamela cree que la implantación de la reducción de jornada laboral y la subida del SMI no se ajusta a la realidad del sector agroalimentario. (Imagen: Acountax Abogados)

Asimismo, Manuel Lamela señala que también le agrada, y le parece muy importante, la medida que se establece en relación con las subvenciones y ayudas que se entregan a favor de agricultores y ganaderos al margen de la PAC. “Creo que es una medida muy interesante que queden exentas de tributación en la declaración de la renta y no se computan en la base imponible dichas ayudas y subvenciones”. No obstante, afirma que no cree que deba de ser una medida estructural y de carácter definitivo, ya que es una medida de apoyo que debe adoptarse en situaciones complicadas.

Misma opinión comparte para la deducción o compensación de IVA que se establece para los ejercicios de 2025 y 2026 y que permite deducir bienes de inversión: “Es una excepción al régimen general y no sé si habría que mantenerlo más allá. Es una medida que es bueno que se adopte con carácter excepcional, dependiendo como vaya las explotaciones, pero no debería permanecer mucho tiempo porque es algo atípico y que rompe el esquema normal del propio impuesto. Por lo tanto, yo lo entiendo como una medida coyuntural acertada, pero nunca la mantendría como una medida estructural que pueda permanecer en el futuro”.

El sector agrario debe dotarse de seguridad jurídica

Manuel Lamela valora positivamente la ley de fiscalidad agraria registrada en el Senado, sin embargo, destaca que es necesario una reforma integral del sector agrario, porque “en la actualidad las cosas están, casi siempre y por desgracia, mucho más complicadas que hace años.”

“Creo que la ley es buena y llega en un momento importante, ojalá se apruebe. Es una buena medida, eso está claro, pero ello no significa que no falten otras cosas”, indica este experto. “Esta ley va muy de cerca a lo que es el impuesto sobre la renta, los módulos y a lo que es el día a día de la agricultura, pero lo que adolece al sector y que debe hacerse en algún momento es una reforma integral, no solo de la fiscalidad sino de algo más amplio, que es la tributación, desde lo que es la transmisión de la propiedad agraria o la explotación familiar hasta lo que es régimen de módulos o cómo funciona el IVA, etc. El sector agrario requiere de especificidades que no serían nunca aplicables a otros sectores”.

Este abogado del Estado cree que en algún momento habrá que sentarse a revisar todo el régimen legal que afecta al sector “para hacerlo más flexible y, también, más atractivo para la incorporación de jóvenes y para el relevo generacional, es decir, que la fiscalidad no impida o disuada a un agricultor o a un ganadero de seguir con una explotación”.

En esta línea Lamela señala que “hasta ahora se ha optado siempre por la política de parches. Debe haber una herramienta estable que contemple estas situaciones y que prevea ya en estas situaciones qué es lo que hay que hacer, porque hay que dotar de seguridad jurídica a todos los sectores económicos, incluido el sector agrario”.

Respecto al tema de las trabas administrativas, que la ley de fiscalidad agraria da 6 meses para eliminar dichas trabas y así dotar de mayor flexibilidad la burocracia que existe en el sector agroalimentario, Manuel Lamela señala que “la actual burocracia que existe en este sector para tramitar todo con ayudas, subvenciones, etc., es que es algo que disuade a cualquiera, porque es una carga en términos de tiempo, de esfuerzo y también económicos. Hay muchos ganaderos y agricultores que no son capaces de gestionar esto y tienen que contratar a un gestor o irse a una organización agraria que les ayude”. En este sentido cree que “eso no tiene sentido, ni a nivel europeo ni a nivel nacional. Esto debería ser algo muy sencillo de gestionar, que pueda ser gestionado por cualquiera”.

(Imagen: E&J)

Hay que corregir la competencia desleal

Respecto al impacto que tendrán las medidas que introduce la ley en la rentabilidad y competitividad del sector agroalimentario, Lamela señala que “la competitividad del sector está anclada en dos elementos. El primero es que hay que reducir los costes de producción, los costes de mano de obra y las cargas fiscales y los gastos para que los umbrales de rentabilidad sean mayores. Esta ley va en esa línea, con lo cual, obviamente eso va a mejorar”.

Sin embargo, el experto indica que “hay otra cosa que esta ley no toca, pero que habrá que tomarla de buena manera y plantearla incluso a nivel europeo, y es que la rentabilidad y la competitividad del sector están muy afectadas por una competencia desleal que se produce con la entrada de productos de terceros países sin arancel y que compiten con los nuestros a menor precio. Eso es lo que es urgentísimo corregirlo”.

Para el socio fundador de Acountax abogados este es otro tema capital que tendrán que abordar y plantear en algún momento de cara a hacer una reforma íntegra del sector. “Si la situación se queda como está y no se adoptan medidas paliativas o correctoras, va a ser otro importante envite al sector agroalimentario, tanto europeo como español”.

(Imagen: E&J)

Las nuevas medidas laborales no se adoptan a la realidad del sector

A lo largo de la entrevista concedida a Economist & Jurist, el presidente de la Sección de Derecho Agroalimentaria del ICAM también ha destacado otras amenazas que “están a la vuelta de la esquina”, como son las reformas que prevé implantar el Gobierno con la aprobación de la reducción de la jornada laboral para todos los trabajadores del país y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

Respecto a la subida del SMI, Lamela señala que “si no se adopta algo específico para sector agrario, va a ser una catástrofe. No puede tener una estructura salarial igual el sector agrario que la industria textil o la del automóvil”. Misma opinión comparte respecto al tema del registro horario: “Son cosas que no pueden ser. O desconocen la realidad del sector o simplemente no les interesa el sector y les da igual lo que pase. Hay que conocer la realidad de cada sector”.