Los LAJs replican a Tontxu: “Reducir nuestras competencias supondría al menos modificar cuatro leyes procesales”

En medio de esta huelga general de los LAJs, que ahora inicia su octava semana sin acuerdo entre el Ministerio de Justicia y este colectivo profesional que reclama adecuación salarial a sus nuevas competencias, las declaraciones del Secretario de Estado, Tontxu Rodriguez, han llenado de confusión el ambiente.

En manifestaciones a medios afines al Ministerio de Justicia, Tontxu lanzó, como globo sonda, la posibilidad en el futuro de que el Ministerio reduzca las competencias de los LAJs, para evitar la subida salarial que el colectivo reclama desde hace meses.

Curiosamente, el Ministerio de Justicia ha hecho caso omiso al mandato del Congreso de los Diputados de hace unos días y al compromiso adquirido en la Conferencia Sectorial de Justicia de resolver este asunto lo antes posible y se ha enzarzado en distintas manifestaciones en los medios que no contribuyen a resolver este problema, como así señalan juristas que siguen este conflicto.

Las propias CCAA aclaran a Economist & Jurist su malestar por el comportamiento del Ministerio de Justicia y el “apagón informativo” sobre este tema. “Se ha hablado de crear un grupo de trabajo para analizar la situación de la Justicia y activar planes de refuerzo, pero no hay ni fecha de la primera reunión”, aclara con enfado uno de esos asistentes.

Manifestación de LAJs en Madrid, que siguen luchando por su adecuación salarial (Foto: Luisja Sánchez/E&J)

Desde fuera, el conflicto no avanza demasiado. Parece que el principal problema es la negativa del Ministerio de Hacienda a hacer efectivos esos acuerdos del pasado mes de abril de Justicia con los LAJs a nivel salarial. La solución del conflicto no esta cerca ni mucho menos. El problema es que atender las reclamaciones de los LAJs podría suponer que otros colectivos quieran mejoras salariales.

El Ministerio de Justicia ha hecho caso omiso al mandato del Congreso de los Diputados de hace unos días

Unas declaraciones, las de Tontxu, alejadas de cualquier cordialidad y que pueden perseguir desacreditar a los LAJs. Al mismo tiempo, el aventurar que el Ministerio estudia quitar competencias a este colectivo “es un farol, debería sentarse a negociar y arreglar el conflicto. En abril se constituyen las juntas electorales y a nivel municipal nuestro papel es clave” señalan desde el Comité de Huela, satisfechos de la manifestación del pasado jueces en Madrid

Un LAJ adscrito al Tribunal Supremo explica a Economist & Jurist que el Secretario de Estado querría infundir miedo al colectivo con las citadas declaraciones.

Para este profesional “quitar esas competencias supone reformar las cuatro leyes procesales, como la Ley de Enjuiciamiento Civil, Criminal, contencioso laboral y contenciosa administrativa; y la propia LOPJ, así como muchas leyes conexas como la Ley de Jurisdicción Voluntaria, entre otras.

El problema es que atender las reclamaciones de los LAJs podría suponer que otros colectivos quieran mejoras salariales

No es sencillo reducir competencias a los LAJs

Al mismo tiempo nos aclara que “la reformas del 2009 que fueron notables se iniciaron en el 2003 con el Pacto de Estado por la justicia entre PSOE y PP. Ahí se sentaron las bases en la LOPJ de crear la oficina judicial para descargar al juez de funciones. Eso a su vez venia del Libro Blanco de la Justicia que lo hizo el CGPJ en los años 1998 y 1999, donde se vio que los Secretarios Judiciales estaban desaprovechados”.

Las CCAA reunidas con la ministra Llop en la Sectorial de Palma, molestas porque justicia no ha activado el diálogo con los LAJS (Foto: Ministerio de Justicia)

En ese momento se plantea la extinción del cuerpo de Secretarios porque estos profesionales solo daban fe de ciertos actos, era un derroche de dinero. En ese libro Blanco se acordó darles funciones materiales a dichos secretarios judiciales y aprovechar sus conocimientos jurídicos y descargar al juez.

Para este jurista, “ese Libro fue una de las claves de esos Pactos por la Justicia de PP y PSOE en el 2003 y luego se materializó en el 2009 con notables reformas en decenas de leyes las que se modificaron. Eso que dice Tontxu de reducir competencias a los lajs no se puede hacer en esa legislatura. Necesitaríamos una legislatura para concretarla realmente”.

También este experto nos aclara que “la posterior legislatura del 2011 que ganó el PP a Zapatero en plena crisis económica con mayoría absoluta ahondó en las reformas del 2009 con distintas reformas como la ley de Jurisdicción Voluntaria en el 2015; ley de Cooperación Jurídica Internacional, se modificó la LOPJ y la Ley de Enjuiciamiento Civil de forma profunda, dando más competencias”.

Para este experto, “el reducir competencias a los LAJs no es tan sencillo, no se hace en dos días y habría que oír al CGPJ, al Consejo de Estado y a otros organismos su opinión mediante dictámenes.

A juicio de este LAJ, hay un segundo problema de fondo “y es que si tú le das esas competencias a los gestores o se las devuelves a los jueces, aquel operador al que se lo des reclamará adecuación salarial. El problema se quita de un sitio pero se crea en otro”.

Los LAJs se encuentran tranquilos ante estas manifestaciones que pretenden desinformar a la opinión pública: “Es solo una fanfarronada que no va a ningún lado, como se puede ver”.

Pregunta al Gobierno

Por su parte, Fernando de Rosa, senador del PP por la provincial de Valencia, acaba de hacer una pregunta al Gobierno sobre qué competencias tiene previsto el Ministerio de Justicia quitar a los LAJs.

Fernando de Rosa, magistrado de carrera ahora en senador por Valencia del PP pregunta al Gobierno qué competencias se quieren quitar a los LAJS (Foto: PP)

Desde su punto de vista, “habría que hacer modificaciones importantes en la ley de Enjuiciamiento Civil, de Enjuiciamiento Criminal, leyes procesales y en la propia LOPJ y otras normativas porque este colectivo tiene unas funciones previstas en la ley. De forma unilateral no se puede hacer, habrá que negociarlo con las organizaciones sindicales dichos cambios”.

Nuestro interlocutor recuerda que “la fe publica la tienen los LAJs por ley. Estas declaraciones del Secretario de Estado están fuera de lugar. Es una forma de amedrentar al colectivo que es inaceptable”.

A su juicio, “creo que debería seguir el mandato del parlamento y reunirse con el Comité de Huelga, como así se aprobó en el Congreso de los Diputados, pero no lo hace y sus opiniones encrespan aún más el ambiente ya de por sí enrarecido con esta huelga a la que no se ve final”.

Desde su punto de vista, “el problema esta en la cláusula de enganche que mide la adecuación salarial de los LAJs con los jueces. Creo que va a crear mas ampollas que otra cuestión. Las reclamaciones económicas que piden son justas pero no deberían ligarla a esa cláusula de engancha en relación con las retribuciones de los jueces. Deben de buscar otros parámetros para evitar que el Ministerio de Justicia les enfrente contra los jueces”.

El problema esta en la cláusula de enganche que mide la adecuación salarial de los LAJs con los jueces

Para Fernando de Rosa es incomprensible la actitud de la ministra de Justicia, Pilar Llop, en este asunto del que está muy al margen del mismo: “El papel de la ministra es irrelevante en este y en otros temas. Creo que su gestión es una gran decepción para todos y la elección del secretario de Estado ha sido muy desafortunada porque no aporta nada”.

A juicio de este magistrado, ahora reconvertido en político, “no se puede descartar la presencia de un mediador para que desatasque este conflicto. Han salido los nombres de Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo y también el del decano del ICAM, Eugenio Ribón, con el que hemos estado hace algunos días. Cualquiera de ellos podría ser valiosos para reconducir esta negociación tan desastrosa hasta ese momento”.

En su opinión, como la de muchos operadores jurídicos consultados por este medio ante este conflicto, la problemática es doble: “Primero hay que resolver el problema de esa huelga general que ya dura más de lo deseado y está causando perjuicios a los ciudadanos; y luego diseñar planes de actuación para reactivar la Administración de Justicia, casi paralizada. Habrá que ver quién financia todas estas medidas que se pondrán sobre la mesa”.

Impacto labor de los LAJs a nivel económico

La labor diaria de los más de 4.000 Letrados de la Administración de Justicia de toda España no tiene solo consecuencias jurídico-procesales, sino también económicas, muy importantes, tanto para las partes de los procedimientos como para el erario público.

Cuando por el Ministerio se barajan determinadas cifras sobre lo que podría suponer una determinada adecuación salarial y se establecen comparaciones con otros servicios o conceptos, desde el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia se explica a Economist & Jurist que la aportación total de los Letrados de la Administración de Justicia al Tesoro Público (ya sea en forma de ingresos directos o de ahorro de gastos) sería de 815.429.905€, según datos extraídos del informe El Letrado de la Administración de Justicia en cifras 2.021, en elaboración. Todos los datos facilitados han sido extraídos de fuentes oficiales, del CGPJ y Ministerio de Justicia.

La excepción es  el dato correspondiente a los intereses de las cuentas de consignaciones, que no ha sido facilitado por el Ministerio, y que ha sido calculado teniendo en cuenta los tipos de interés establecidos en el pliego de condiciones para la adjudicación del servicio de cuenta de consignaciones.